EL desafío político lanzado de manera rotunda por buena parte de la sociedad catalana y por una mayoría del Parlament de Catalunya al Estado español ha convertido la mayor parte de la información sobre este particular en propaganda de guerra. Las crónicas de lo que acontece suelen estar sesgadas por tomas de posición a favor o en contra y, en el peor de los casos, por ambigüedades calculadas que dificultan aun más, si cabe, la comprensión del proceso. No voy a ser tan ingenuo, ni tan perverso, de sostener que mi perspectiva está exenta de esos males. Yo también apuesto por una Catalunya convertida en nuevo Estado europeo. Pero, precisamente por que me interesa el éxito de tal proceso, creo que el peor favor que podría hacerle es confundir la realidad -hasta donde pueda conocerse- con los deseos o con una retórica calculada para simular lo que no hay.
Sea como sea, lo primero que quiero desmentir es el supuesto de un cierto enfriamiento del empuje a favor de la independencia. Ya vivimos ese intento de interpretación con los resultados del 25-N. Que a CiU no le fueran las cosas como había previsto no solo no tenía nada que ver con un cierto retroceso soberanista, como quiso adivinar una cierta prensa madrileña, sino todo lo contrario. El gran ganador en términos relativos de las elecciones resultó ser ERC, el partido genuinamente independentista, que pasó a ocupar el segundo lugar en número de diputados. Visto a distancia, parece lógico: puestos a apostar por la emancipación nacional, ¿qué mayor garantía que votar al original? Si además se tienen en cuenta otros factores que intervinieron en la campaña muy directamente dirigidos a torpedear la credibilidad del candidato de CiU, el resultado puede explicarse perfectamente sin tener que inventar hipótesis basadas en los clásicos estereotipos sobre el carácter catalán, sobre su pactismo genético o su carácter ciclotímico.
Dos hechos recientes, de apenas hace una semana, sirven para objetivar la solidez de un proceso que todo el mundo sabe que es muy complicado, que será combatido con todo tipo de recursos, pero al que no se va a renunciar voluntariamente.
Por una parte, la última encuesta publicada por El Periódico, en su “Barómetro de invierno”, en la cual se mantienen los registros soberanistas anteriores a las elecciones, al margen de los supuestos fracasos políticos del independentismo y a pesar de los agresivos acosos recibidos por parte del Gobierno español y de lo que en su momento fue calificado por Xabier Arzalluz de “Brunete mediática”. El 69% de los catalanes quieren que se celebre un referéndum; el 63% cree que debe celebrarse con o sin permiso de Madrid y el 57% desean que Catalunya sea un nuevo Estado europeo, con solo un 35% en contra.
El otro acontecimiento ha sido la Declaración de Soberanía del parlamento catalán que, a pesar del desenganche de los socialistas, consiguió 85 votos a favor y 41 en contra. Cabe decir, además, que dos diputados independentistas de los tres que tiene la CUP se abstuvieron por opinar su asamblea que la Declaración se quedaba corta y que cinco diputados socialistas no votaron por considerar que el PSC debía haber votado afirmativamente. No está fuera de lugar decir que el resultado, si no contaran las contingencias partidistas, sería de 92 votos a favor del ejercicio del derecho a decidir y declarar a Catalunya como nación y, en consecuencia, que es un “sujeto político y jurídico soberano”, tal como reza el documento aprobado, con solo 41 votos en contra.
Cierto es que la gravedad de lo discutido y aprobado está poniendo a prueba todo el sistema político catalán. Los socialistas, hasta ahora siempre situados en el eje catalanista, viven una crisis de alta intensidad con una deriva que solo los unionistas PP y Ciudadanos aplauden. CiU no está exenta de tensiones, puestas al descubierto por Duran Lleida, al cual no le resulta fácil encajar en el nuevo escenario. Pero el liderazgo de Artur Mas, en tándem con el de Oriol Junqueras, no solo no se tambalea como algunos quieren pintar, sino que se refuerzan mutuamente pudiendo uno mantener una gran firmeza institucional y el otro una claridad de discurso fuera de lo normal en el discurso político.
Por su parte, la sociedad civil catalana sigue con un ritmo de actividad sostenido. Nadie en su sano juicio puede pensar que es posible convocar manifestaciones de millón y medio de personas cada 15 días, ni mantener un estrés político electoral permanentemente. En cambio, la movilización a la catalana se mantiene sin síntomas de agotamiento. La preparación de estudios y documentos no cesa, la difusión de argumentos y el combate de las falsedades se mantienen vivos y el debate y la reflexión se repiten tanto en los foros más selectos como en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Es cierto, también, que se producen algunos movimientos, algunas declaraciones, que pueden dar a pensar que los contrarios al derecho a decidir se están organizando. Ciertos sectores financieros, miembros de la antigua burguesía catalana, rentistas y no tanto empresarios, quizás algunos poderes mediáticos… Pero lo cierto es que, en cualquier caso, se muestran verdaderamente prudentes y cautos. A algunas de sus organizaciones, entrar frontalmente en contra de algo que es deseado por la mayoría del país mejor informada, podría acarrearles fuertes disgustos que no están dispuestos a correr.
Ya he dicho antes que nadie supone que se vaya a tratar de un proceso político suave. Ni tan solo de un camino difícil. No. Se sabe hasta qué punto un Estado y sus aparatos son capaces de utilizar toda su fuerza para evitar que una parte, aunque sea por decisión democrática, se emancipe. Pero aun tiene más fuerza que los ciudadanos catalanes consideren casi natural que puedan decidir su futuro democráticamente. Es decir, que si para el presidente Rajoy, y quizás para una buena parte de la opinión pública española, la independencia de Catalunya se les antoja como un sinsentido, para la gran mayoría de catalanes, resulta de un total sentido común. Y contra este sentido poco valen los argumentos jurídicos, las apelaciones a la Constitución o las amenazas.
Todo lo contrario, quizás si desde el Estado español se hubiera atendido con comprensión la voluntad política de los catalanes, la respuesta podría haber sido contraria a la secesión. Pero la amenaza, el menosprecio, en definitiva, la humillación, han provocado justo lo contrario. Y la vuelta atrás ya no es posible. Incluso creo que cada día que pasa, más ciudadanos españoles se sienten agotados por un combate de resolución imposible y agotadora.
Si me encontrara en el otro frente, empezaría a preparar un plan B para el día después.
Publicado por Nabarralde-k argitaratua
