El Ayuntamiento de una gran ciudad, a través de una empresa de servicios, envía una cuidadora a una persona mayor de 94 años. Tiene derecho a tenerla un par de horas y media, dos tardes a la semana. A la hora convenida, la cuidadora se presenta en el domicilio y cuando ve que le hablan catalán –y que lo mantienen– espeta, indignada, que ella tiene el derecho a que se le hable en español. Y añade, amenazante, que mientras no seamos independientes esto no va a cambiar. Obviamente, tras la correspondiente queja en el servicio municipal, no ha vuelto a poner los pies en esa casa.
Cuento la anécdota, una de tantas y por otra parte nada original, no por denunciarlo –¿a quién?– sino por ilustrar una lógica social y política que, pese a haberse explicado mil veces, sigue oculta a la conciencia de la mayoría de ciudadanos, y que de ahí obtiene su gran fuerza. Hablo del papel fundamental del Estado, como institución de poder supremo y omnipresente, en el proceso de “naturalización” de las relaciones desiguales entre quienes tienen su nación reconocida y quienes no. Es decir, que es el Estado quien hace que determinadas formas de dominación se consideren normales, evidentes e indiscutibles, hasta el punto de que se hacen invisibles, no se tiene conciencia de ellas y pueden actuar con impunidad, sin resistencia.
En el caso de la anécdota no tiene ninguna importancia si la cuidadora tiene o no razón desde un punto de vista legal, porque es obvio que no necesita conocer ni la Constitución Española, ni el Estatuto de Cataluña, ni la Ley de Normalización Lingüística. No va de eso. Se trata de algo más elemental: ella vive en España, en España se habla el español y España le ampara en su derecho no sólo a hablarlo, sino a no tener que saber otra lengua. Por tanto, hay que hablarle español. Y, sin tener que estudiar ciencias políticas, la cuidadora tiene claro que si alguna vez Cataluña fuera un Estado independiente, entonces cambiarían las tornas. Ella se siente –y está– amparada por un Estado, y la de 94 años, no. Y en esa desigualdad de derechos y deberes está resumida, a la perfección, la dominación propia de una relación colonial.
El caso de la anécdota es una expresión de la calle, la más básica, de un marco de relación política colonial interiorizada tanto por los dominantes como por los dominados. Obviamente, si de entrada y como viene siendo habitual el dominado hubiera cambiado de lengua, la sumisión, y el conflicto, se habrían hecho invisibles. Pero esta relación de dependencia y sumisión se manifiesta también en los espacios institucionalmente fuertes, y en el conflicto lingüístico tiene uno de los terrenos más abonados. Un buen ejemplo de ello son la imposición del español como lengua vehicular en las escuelas; el incumplimiento de las empresas, comercios y restauración, sin castigo, de la Ley de Normalización Lingüística; la práctica ausencia del catalán en los juzgados debido al mayor poder del juez –español– y la sensación de debilidad del testigo y el acusado, o la incapacidad de la administración de forzar a sus empleados al conocimiento y uso preferente del catalán.
Tener un Estado en favor de la propia nación hace más cosas invisibles. Por ejemplo, mientras que para cuestionar el independentismo se dice que no es tiempo de fronteras, nadie pone en cuestión las que delimitan el Estado. Y se trata el nacionalismo sin Estado de violento y xenófobo, pero cuando es el Estado quien lo practica se le cambia el nombre por el de patriotismo y se le alaba. Vea, ahora mismo, el último anuncio “patriótico” de España, con la campaña ‘Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí’. Este “nosotros” es el que muestra y al mismo tiempo oculta, naturalizándolas, la frontera y la nación que se consideran legítimas. La campaña aún añade: “Compra lo tuyo, defiende lo nuestro”. Recordemos que, aquí, la web ‘Consumo estratégico’ de la ANC de 2019, dentro de la campaña ‘Herramientas de país’ a favor también de defender “lo nuestro”, fue calificada por Fomento del Trabajo de “irracional” y “propia de otras épocas”, la llevó a los tribunales y fue duramente condenada por contraria a la libertad de empresa y a la economía de mercado. ¿Y es que no es irracional, propio de otras épocas o contrario a la libertad de empresa este “compra lo tuyo”, es decir, productos españoles?
Si una nación no tiene un Estado que la haga “natural”, que le ampare, está condenada a vivir en la agotadora –y, sí, a veces épica– cultura de la resistencia más que en la de la construcción positiva de su futuro. Tenía razón Miquel Martí i Pol cuando decía que lo difícil, pues, es sobrevivir.
EL PUNT-AVUI
