La estrategia política y presupuestaria de la Generalitat de los últimos dos años, basada en una reducción del gasto para reequilibrar sus finanzas, crear una cierta reputación externa de administración responsable y evitar la intervención directa del estado español, no ha funcionado. Cataluña es en estos momentos económicamente más pobre, políticamente más débil y socialmente más inestable.
Sin duda el máximo responsable de esta situación es el Estado. Cataluña ha tenido que actuar en un contexto dominado por unas administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, que dejan de lado sistemáticamente los acuerdos legales existentes y todo principio de transparencia. Los gobiernos españoles, tanto el socialista como el del PP, se han negado a pagar los anticipos que deben a la Generalitat de acuerdo con las disposiciones de una ley orgánica, el Estatuto. Esta estrategia, que permite estrangular las finanzas catalanas, obliga al gobierno catalán a recortar más para evitar la intervención directa. Negarse a cumplir los dictados del gobierno español supondría quedarse sin dinero y quebrar. Es muy probable que, si Cataluña hubiera decidido seguir este camino, España también habría hecho quiebra en los mercados internacionales. Pero esta posibilidad parece demasiado arriesgada para el gobierno de la Generalitat y el ADN catalán. Al fin y al cabo, fue el conseller Mas-Colell quien tuvo que intervenir en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves para reconciliar el choque entre el gobierno español y la autonomía andaluza y evitar así una intervención estatal que habría enviado la prima de riesgo española a niveles extraordinarios.
Por su parte, las otras comunidades autónomas han pospuesto todo tipo de ajuste real y han maquillado sus cifras presupuestarias. La reunión del CPFF reveló que algunas regiones tienen déficits superiores a los que habían declarado en febrero. Ahora bien, ¿alguien puede creerse que los números que han presentado son ciertos? Si las únicas protestas intensas contra los recortes se han producido en Cataluña, es precisamente porque sólo ha habido ajustes en Cataluña. Las otras comunidades se han hecho, de momento, el vivo.
El gobierno central ha respondido prometiendo que revisará las cuentas autonómicas cada mes. Esta medida, apoyada en la enmienda constitucional y la ley de estabilidad presupuestaria, aprobadas con los votos convergentes, equivale a una intervención de facto. Pero, naturalmente, es una intervención carente de todo valor en las comunidades gobernadas por el PP, es decir, por un partido que hará simultáneamente de juez y parte de la aplicación de la norma. ¿No es curioso que las únicas regiones intervenidas (o amenazadas de intervención) públicamente hayan sido las que no tienen un gobierno del PP?
El objetivo del Estado en todo este juego es transparente. De cara a Europa, mendiga para conseguir ayuda para recapitalizar los bancos (sus bancos), flexibilizar el límite del déficit público y crear unos eurobonos que permitan trasladar la carga de su incompetencia a Alemania. De cara al interior, niega la posibilidad de los hispabons, chupa competencias y reestructura el sistema autonómico. Si el Estado se sale en esta doble estrategia, España supera esta circunstancia, el régimen semidescentralizado actual habrá muerto.
La falta de resistencia efectiva, al menos hasta ahora, de la Generalitat explica por qué se han extendido los boicots a los peajes de las autopistas. Son el equivalente moderno de las bullangas del siglo diecinueve, cuando una parte de la población, agotada ante una élite regional carente de aliento transformador, se desfogaba en la calle. En aquella época, todas aquellas protestas tendían a acabar mal, con el país partido por la mitad entre los alocados y los partidarios de mantener el orden (y de autocastrarse si hacía falta).
Efectivamente, el país necesita un giro político sustancial. Y el gobierno de la Generalitat ha insinuado un proyecto de Hacienda propia. Creámonos la promesa y supongamos que el Gobierno lo aprueba (¿con los votos de ERC?). En algún momento. La primera tentación que deberá evitar la Generalitat será la de trasladar todo el peso del cumplimiento de la ley a los ciudadanos. Una Hacienda propia sólo tendrá éxito si el mismo Gobierno coordina el pago de impuestos de particulares, empresas y entidades locales a través de la agencia tributaria catalana. Si lanza la piedra y esconde la mano, el seguimiento de la nueva agencia será, por razones de miedo y de incertidumbre, escaso.
De todos modos, el problema de raíz es la constitucionalidad del proyecto. No sólo porque el Estatuto exige que el Estado delegue la gestión de tributos (art. 204), sino porque, como ya sabemos, es constitucional lo que decide el TC. Y, por tanto, es evidente que este órgano suspenderá automáticamente la ley catalana. Ante una resolución final del TC que condenara a Cataluña a más años de miseria política, la única solución consistirá en convocar elecciones. Si CiU se presenta sin una estrategia clara para salir de la jaula constitucional, condena al país a perder el tiempo. Pero, si concurre con un programa de ruptura, ¿por qué hay que hacer todo este proceso? ¿Por qué no se inicia el proceso de soberanía ahora mismo?
