Las declaraciones de Mariano Rajoy y otros miembros del PP contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que anula la doctrina Parot, producen escalofríos desde el punto de vista democrático, pero son perfectamente lógicas teniendo en cuenta que estamos hablando de una formación de extrema derecha. El PP es tan alérgico a la democracia como los gatos lo son al agua. Otra cosa es que no le quede más remedio que subordinarse a determinados condicionantes para guardar las apariencias, pero la realidad pone en evidencia día tras día. El único problema es que no está solo. Quiero decir que no tiene la exclusiva del absolutismo. El absolutismo es amplio y lo encontramos igualmente en otros partidos ultranacionalistas españoles como Ciudadanos o UPyD. A los tres, PP, Ciudadanos y UPyD, Nelson Mandela les viene grande. Delante de un micrófono cantan sus excelencias, eso sí, pero están visceralmente en contra de los principios que lo convirtieron en un líder de la paz en todo el mundo. Si Mandela hubiera defendido la venganza contra los culpables de la segregación racial, ahora todavía habría apartheid. Pero Mandela, que fue condenado a cadena perpetua y a trabajos forzados, decía que los negros nunca serían libres si no tenían la capacidad de perdonar. Por el contrario, en la manifestación madrileña contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que es democráticamente impecable, pudimos ver, además de banderas españolas y de una representación de la caverna -con Jaime Mayor Oreja, Ana Botella, Javier Arenas y Esperanza Aguirre a la cabeza-, muchísimas pancartas y miradas de odio. Odio, incluso, contra el propio Tribunal de Estrasburgo. Unos decían sentir “indignación, asco, rabia e ira”, otros hablaban de “sentencia criminal” apelando al Estado de Derecho y a la justicia.
Pero cuando la justicia se pone al servicio de la venganza no es justicia. Por lo menos en un Estado de Derecho. La pérdida, por asesinato, de una persona querida nos deja en el corazón un dolor inmenso que no se borra nunca y es humano que la impotencia que sentimos se transmute en odio contra el asesino. Incluso se puede entender -no admitir- que uno, enloquecido, se tome justicia por su cuenta. Pero es precisamente por eso que el familiar de una víctima es la persona menos indicada para decidir, en caso de juicio, cuál debe ser la sentencia. De otro modo, si la justicia se rigiera por los sentimientos o la ideología política de estos familiares, acabaríamos restableciendo la pena de muerte o la cadena perpetua. Y tanto la una como la otra van en contra de los principios que debe tener toda sociedad culturalmente avanzada. Todo el mundo tiene derecho a reinsertarse, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad después de haber pagado su deuda con la sociedad, y la única vía para que esto sea posible es respetando escrupulosamente las condenas. Las leyes pueden ser modificadas, ciertamente, pero ninguna modificación puede ser nunca un ardid para manipular las condenas de los que ya han sido juzgados. Un gobernante o una sociedad que actúan así no sólo se descalifican a la hora de impartir justicia, también estimulan la transgresión por parte de quienes son proclives a practicarla.
El lema que presidía la concentración del 27 de octubre en Madrid -“Justicia para un final con vencedores y vencidos”- no es un lema de justicia, es un lema de venganza. Y toda demanda de cadena perpetua es esto: venganza. También es inapropiado hablar de la supuesta peligrosidad de los violadores que saldrán a la calle. Esto es hacer trampa. De entrada, los violadores que salgan a la calle no lo harán en virtud de una gracia que se les concede, sino después de haber cumplido la pena que se les impuso. Por lo tanto, Estrasburgo no les beneficia en nada. Por otra parte, es obvio que las continuas referencias a los violadores que están haciendo no tienen otro objetivo que crear alarma social para captar adeptos y enmascarar un ataque de naturaleza política contra el Tribunal de Derechos Humanos. Si no es venganza, lo que piden, ¿por qué no claman también contra los terroristas del GAL? Si su demanda no es política ni vengativa, ¿por qué no se han manifestado nunca contra la excarcelación de los asesinos que mataban en nombre de la unidad de España?
Finalmente, digamos que un Estado que quiera estar legitimado para hablar de justicia no puede crear una banda terrorista ni condecorar torturadores, como ha hecho el Estado español. Un Estado que quiera estar legitimado para hablar de justicia no puede negarse a pedir perdón -como sí ha hecho Alemania- por el asesinato de Lluís Companys, presidente de Cataluña. Un Estado que quiera estar legitimado para hablar de justicia no puede ser el único Estado del mundo que no admite la inspección de su régimen por parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE). Estamos hablando de España, clasificado por la OSCE como país con las libertades restringidas. Recordemos, en este sentido, que los seis observadores internacionales llegados a España, Omar Fisher, Irina Urumova, Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova, no sólo no pudieron hacer su trabajo, sino que el gobierno español les expulsó. En definitiva, un Estado que quiera estar legitimado para hablar de justicia no puede burlarse del Tribunal de Estrasburgo, como hizo España el 10 de julio de 2012, cuando el primero, conminándole a dejar de aplicar la ‘doctrina Parot’, le acusó de violar los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Es curioso que el Estado que dice que debe haber “vencedores y vencidos” sea el mismo que, en nombre de la “concordia”, se niega a investigar los crímenes del franquismo y deniega toda ayuda en la búsqueda de las personas que desaparecieron. Estamos hablando de 300.000 personas ejecutadas y de 115.000 encarceladas y desaparecidas. Estamos hablando de España, del Estado que, en nombre de la “concordia”, da medallas a nazis en los homenajes a la Guardia Civil.
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