El laboratorio de Jurramendi
Iñaki Egaña
Ayer se cumplió medio siglo de los crímenes de Montejurra. El autor rememora el contexto de aquella masacre en la que murieron Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, y analiza la posterior evolución del terrorismo de estado.
Homenaje de este sábado en Lizarra. (Idoia ZABALETA | FOKU)
Aquel 9 de mayo de… 1976. Montejurra (Jurramendi). Asalto de mercenarios a la fiesta anual carlista con el resultado de dos muertos: Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, reconocidos por cierto en 2003 como «víctimas del terrorismo» por la Audiencia Nacional y hace escasas semanas por el Parlamento navarro como «víctimas del terrorismo de Estado». Han pasado 50 años y la versión franquista de entonces se mantiene siguiendo la máxima de Giuseppe di Lampedusa en ‘‘Il Gattopardo’’: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». UPN se abstuvo en abril del 2026 en el reconocimiento de los dos fallecidos en una sesión en la se ausentaron PP y Vox.
Acabo de concluir la lectura de las memorias de Jaime Mayor Oreja, referencia de la derecha hispana, publicitadas hace un par de meses con el subtítulo de «contra el silencio y la mentira». No he sabido si reír o vomitar. Un panegírico a su propia trayectoria en el que de un plumazo pasa de perfil sobre las masacres de Gasteiz y Jurramendi. «A finales de la década de los sesenta, el ambiente de paz y concordia fue remplazado por los desórdenes y las protestas permanentes, de manera que acontecimientos como los de Montejurra y Vitoria sacaron a la luz algo que había estado larvado en nuestra tierra. Se enfrentaron en Montejurra las dos facciones del carlismo y hubo disparos». El caso liquidado con 75 letras. Nada de extrañar cuando páginas más adelante, Mayor Oreja se destapa con una frase que lo coloca al borde de la santidad: «Nunca podrán ni con España ni con los fundamentos cristianos de nuestra sociedad».
Al margen de las valoraciones de entonces y de ahora de los sucesos de Montejurra, denominados por Interior y los servicios secretos con la expresión rimbombante de Operación Reconquista, los mismos fueron un laboratorio de un proceso paramilitar que entroncaría en lo que sería la sofisticación del terrorismo estatal (guerra sucia en lenguaje popular), sustituyendo a los impulsivos Guerrilleros de Cristo Rey por una estructura piramidal llamada Batallón Vasco Español (BVE), que tendría continuidad ya en los tiempos del Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista (MULA) con la coordinación de las cuatro patas de los GAL (Guardia Civil, Policía, servicios secretos y Dirección Política). Un estado paralelo en toda regla.
APUNTALAR A JUAN CARLOS BORBÓN
El Plan Udaberri, precursor del Plan Zen, ya anticipaba la superación del carlismo y la focalización en los grupos abertzales, también para invisibilizar y criminalizar a los continuadores de ese carlismo que se había vuelto autogestionario, anticapitalista y antiatlantista. EKA (Euskal Herriko Alderdi Karlista) había convocado en Iruñea el Aberri Eguna en compañía de las fuerzas de KAS, incluida ETA, y partidos de la izquierda revolucionaria.
Juan Carlos Borbón, el sucesor alfonsino nombrado por Franco no tenía apenas crédito y para eliminar al pretendiente carlista Carlos Hugo, que apoyaba a EKA y había hecho unas declaraciones recientes contra la OTAN, los salvadores patrios montaron la citada Operación Reconquista. Y para ello echaron mano de sus valedores. Ángel Campano, director general de la Guardia Civil y ex combatiente de la División Azul, y su segundo, Salvador Bujanda, coordinaron el trabajo mercenario. El ministro de Gobernación, dirigido entonces por Manuel Fraga, acometió la infraestructura (apoyo del gobernador civil de Nafarroa, armas, identificaciones, pago de gastos de viaje y hospedaje, etc) y el SECED (el CNI de entonces) se encargó de la propaganda, de la construcción del relato posterior y de transmitir al Gobierno los detalles de la operación (hasta llegar a 2026 con la versión de Mayor Oreja).
La financiación, según la comisión de investigación, corrió a cargo del presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol y Urquijo, y del presidente de Diputación de Gipuzkoa, Juan María de Araluce Villar, que entregó parte de los réditos por la venta de la Red Telefónica de Donostia a la Compañía Telefónica Nacional. Mayor Oreja citaba a Araluce como un «regionalista moderado». Su hija Maite preside la AVT (su padre fue muerto por ETA después de Montejurra) y su nieto Gonzalo, redactor de medios ultras, es coautor con el mítico Manuel Sánchez Corbí, torturador condenado e indultado, de un libro sobre la Guardia Civil en su actividad contra ETA.
LO QUE VINO DESPUÉS
De la Operación Reconquista quedaron varias lecciones para el Gobierno español, entre ellas la necesidad de encapsular los grupos de mercenarios que habían participado en Montejurra y hacerlos clandestinos. De ahí surgió el BVE y su extensión de los GAL, con nombres trágicamente célebres ya presentes en Jurramendi: Jean Pierre Cherid (OAS, BVE, GAL), Stefano delle Chiaiae (Gladio-OTAN, Cóndor, SECED), Eduardo Almirón (Triple A, escolta personal de Fraga y adiestramiento de la de Felipe González), Pier Luigi Concutelli (investigado por el juez Andreu por la desaparición de Pertur), Giuseppe Calzona (condenado a perpetua por la muerte del refugiado Tomás Pérez Revilla), Carlo Cicuttini (implicado en la matanza abogados del PCE en Atocha), Eliodoro Pomar (BVE), Mario Ricci (muerte de Argala), José Luis Marín García-Verde (veterano del Ejército, autor presuntamente, porque no hubo juicio y el sumario 1847/76 desapareció de los archivos, de la muerte de Aniano Jiménez)…
Mayor Oreja concluye sus reflexiones aludiendo a una supuesta leyenda negra que se fundamenta en un «falso relato que intenta desacreditar todo lo que conseguimos desde 1977». Pues una más en el blanqueamiento que continúa en un bucle que ya aterrorizó a Antonio Machado: «Una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Y como no podía faltar, las memorias concluyen con el epílogo de otro clásico, Jon Juaristi, que en esa construcción lleva a su punto álgido la labor del Melitonium. Y así continúan enjabonándose unos con otros, mientras esperan la ocasión para entrar a saco nuevamente en nuestra casa.
Naiz
Montejurra: el calvario de los tribunales
Fermín Pérez-Nievas
Los mercenarios y ultraderechistas huyeron de Montejurra dejando 2 muertos y muchos heridos. Empezó la difícil labor de los abogados de luchar contra el régimen para llevar a los asesinos y cómplices a los tribunales con el expediente 1.847/76.
Los carlistas recogen a Aniano (a la derecha) mietras otros increpan a la Gardia Civil en sus coches. P. Carlista
El presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, acudió al hostal Irache aquel 9 de mayo al mediodía para telefonear al general Campano, director general de la Guardia Civil, y decirle que la operación había sido un fracaso total y que lo conveniente era que Sixto desapareciera. A las pocas horas de los hechos, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a Sixto de Borbón hasta la frontera sin hacer, en ningún momento, que prestara declaración y a los pocos días concedió una entrevista.
Pero hubo más heridos y también entre los agresores (como consecuencia del primer enfrentamiento en la campa de Irache), si bien, como explicó hace 20 años Pérez-Nievas, no todos acudieron al centro sanitario de Estella. “La primera muestra de que habían logrado sembrar el miedo, la tuvimos nada más ocurrir los hechos. Como no se habían legalizado los partidos políticos, el Partido Carlista no pudo denunciar los hechos, y no teníamos confianza, dado lo que se sabía, de que se tomaran iniciativas a nivel de juzgado o Ministerio Fiscal (los hechos posteriores nos demostraron lo fundado de nuestra desconfianza). Pareció lo más lógico que los familiares de los asesinados, y los heridos se personaran en las diligencias judiciales, corriendo el Partido con todos los gastos. Era preciso ponerse en contacto con ellos. La sorpresa fue mayúscula: algunos negaron haber resultado heridos; otros aun reconociendo haberlo sido no quisieron aparecer, por miedo instintivo o sugerido, pues al parecer hubo visitas y llamadas. No faltó alguna casa de herido, que echaran a los mensajeros, poco menos que a patadas por hacernos responsables de lo ocurrido a su familiar”.
Unas 7.000 personas acudieron al funeral y la misa que se oficiaron en la plaza de Los Fueros de Estella al día siguiente, en un cóctel que mezclada, a partes iguales, miedo, por lo que pudiera suceder, e indignación, por lo sucedido. El sermón del sacerdote era el presagio de lo que iba a suceder con el sumario 1.847/76. “Las cosas no suceden porque sí, ni son puras casualidades. Hay unas causas concretas, unas responsabilidades precisas. En la cima misma de la montaña había un grupo preciso, a las órdenes precisas de alguien, con las armas en la mano, con el ánimo de disparar anunciándolo incluso (…) Todo tiene un trasfondo inmensamente más grave y esto es lo que necesita urgente y total clarificación. Nos tememos que los hechos de Montejurra sean sólo un síntoma y una macabra manifestación de un estado de cosas en esferas muy decisivas, que nos pueden llevar a la tragedia colectiva en cualquier momento. Es todo un pueblo sencillo el que reclama con vigor una libertad para todos, una reconciliación objetiva, unas instituciones democráticas, sin regateos y sin trampas”.
Los responsables
El general José Antonio Sáez de Santamaría (general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil) confirmaría al periodista Santiago Belloch la participación del Estado en estos crímenes con una claridad y una impunidad que estremece. A su juicio, los primeros pasos del terrorismo de Estado del GAL se dieron en Montejurra. “Se adoptaron medidas tendentes a dar la impresión de que se trataba de una reconquista civil de los verdaderos requetés. Consiguieron que el gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación reconquista. Organizaciones de ultraderecha contactaron con miembros de la Internacional Fascista italiana, la Triple A argentina y otras similares”. De forma tajante Sáez de Santamaría sentenció que “la trama de esta operación es el primer paso de lo que constituyó el núcleo de operaciones de la llamada guerra sucia contraterrorista en la transición”. Militares, partidos ultraderechistas, activistas violentos, mercenarios ultras extranjeros, miembros de las fuerzas de seguridad “operaron apoyados directa o indirectamente por los aparatos del Estado”.
Al abrirse ese sumario, el juzgado de Estella atribuyó los delitos a autores desconocidos y fueron los abogados carlistas quienes consiguieron las fotos y elaboraron un dosier señalando a García-Verde. El juez les contestó que no sabía dónde vivía y de nuevo los abogados tuvieron que hacerse con su dirección en Huelva. Entonces, y solo entonces, ordenó su detención.
Fotos empleadas para identificar a García-Verde. P.Cartlista
Los nombres de los principales implicados en los sucesos dibujan el retrato de las organizaciones ultraderechistas que, durante décadas camparon a sus anchas pagados por el Estado. Sixto de Borbón: A los 25 años se enroló en el Tercio Gran Capitán de la Legión en Melilla. A los 8 meses se le expulsó del ejército. En Portugal tomó contacto con diversos grupos ultraderechistas como la Triple AAA. Stefano della Chiae: Líder y teórico de la organización Avanguardia Nazionale. Desarrolló una teoría de la violencia política como táctica y estrategia. Tras un golpe de Estado frustrado en Italia en 1970, della Chiae se refugió en España, de donde pasó a Argentina y Chile. Fue capturado en Venezuela. Jean Pierre Cherid: Miembro de la OAS y jefe de uno de los comandos del GAL, murió el 19-3-1984 al manipular una bomba en Biarritz con la que quería asesinar a siete presuntos etarras. José Luis Marín García Verde: Comandante retirado del ejército es de nacionalidad argentina. Pertenecía a una familia de terratenientes andaluces. José Arturo Márquez de Prado: secretario de Sixto, tras ser expulsado del carlismo contactó con agrupaciones ultraderechistas como la OAS y con el general portugués Spínola, para crear un ejército antimarxista. Augusto Cauchi: fundador con Della Chiae de Aginter Press, participó con la policía chilena de Pinochet. Fue juzgado por la realización de 15 atentados y era sospechosos de llevar a cabo un ataque contra la estación de trenes de Bolonia en 1980, que dejó 85 muertos.
El juicio
Después de varios días de espera y de un duro trabajo de los abogados que denunciaron estos hechos en nombre de las dos víctimas y de varios de los heridos (los letrados Juan Francisco Martín de Aguilera, José Ángel Pérez-Nievas Abascal y José Fermín Arraiza Rodríguez-Monte), fueron detenidos José Luis Marín García Verde, José Arturo Márquez de Prado y Francisco Carrera García Mouriño, como principales acusados en la causa de los sucesos de Montejurra’76.
José Ángel Pérez-Nievas ayudando a salir de Montejurra a Carlos Hugo de Borbón el 9 de mayo de 1976. P. Carlista
A los siete meses, los acusados fueron puestos en libertad provisional en atención, según la nota del juzgado de Orden Público, “a su bondad personal, excelente conducta y hombría de bien”. Los abogados que ejercieron la acusación particular intentaron, sin conseguirlo, que se consideraran los asesinatos como delitos políticos (por lo que debían ser juzgados en Madrid) aunque se juzgaron como comunes. Durante el proceso algunos testigos sufrieron amenazas y se impidió a los letrados de la defensa asistir a la reconstrucción de los hechos en la cima. En el momento en que se publicó el decreto de amnistía de octubre de 1977, de oficio, pasaron a ser considerados delitos políticos y, por lo tanto, se encontraban dentro de la amnistía. Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29-6-1978, firmada entre otros por Mariano Gómez de Liaño (padre del que fuera juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, que instruyó el caso GAL), “no habiendo obrado los inculpados citados por móviles personales, sino guiados por una pasión partidista derivada de la distinta concepción sobre la ideología al Partido Carlista, que trataron de imponer coercitivamente a otros, cuyo partido, pretende lograr una organización del estado y una forma de gobierno dinástico diferente a la actual. Su conducta queda, gracias a su irrebatible intencionalidad política, subsumida e inmersa en la gracia concedida por la ley de 15 de octubre de 1977”. Se cerraba así el sumario 1.847, y se abría la falsa teoría, que perduraría en el tiempo, del enfrentamiento “fratricida”, ya que, erróneamente se añadía que “unos y otros de los grupos enfrentados” en el monasterio y en Irache portaban “armas de fuego”.
A los pocos meses (16-6-1976) se publicó la Ley de asociaciones políticas, bajo otro presidente de Gobierno –Adolfo Suárez sustituyó a Arias Navarro– y los partidos se apresuraron a solicitar la legalización aportando la documentación exigida, y entre ellos el Partido Carlista. José Ángel Pérez-Nievas, que durante muchos años fue secretario general de EKA (Euskalherriko Karlista Alderdia), recordaba hace 20 años, cómo “quienes habían urdido o servido a quienes habían hecho el ataque o lo que ellos llamaron Reconquista de Montejurra, vieron legalizar su partido de inmediato. Lo mismo ocurrió con el PSOE y con el Partido Comunista, con quienes estábamos en lo que se llamó la Platajunta, pero a nosotros nos denegaron la legalización, porque aun cuando, nada había de ilegal, decían, en la documentación presentada, que ‘es público y notorio que los carlistas pretenden la instauración de una monarquía distinta: eso es atentar contra el régimen, y por tanto ilegal’. Al parecer, era público y notorio, que los socialistas y comunistas eran profundamente monárquicos y partidarios del régimen. Pareció una clara advertencia de que aún en Democracia, no todos podían jugar, y la gente pareció entender el mensaje y volaron hacia otros palomares con abundante pienso, muchos, y otros, prudentes, entendieron el mensaje de estarse quietos”.
Un partido que ponía en duda la legitimidad dinástica de Juan Carlos I, proclamado por Franco, en plena Transición no podía llegar a las instituciones. Ése parecía el objetivo de las reuniones que en el despacho del general Campano mantuvieron altos cargos del Estado. La complicidad de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parecían claras y lo que sucedió tras los asesinatos de Montejurra sólo corroboró esa tesis.
Diario de Noticias
Montejurra 76, operación criminal del Estado
Mikel Colomo (concejal del Ayuntamiento de Lizarra), Adolfo Araiz (parlamentario foral) y Bel Pozueta (diputada al Congreso)
Una de las estampas de Montejurra en 1976, con un balance de decenas de heridos y dos personas asesinadas. Archivo
El 9 de mayo de 1976 dos jóvenes, Ricardo García Pellejero de 20 años y Aniano Jiménez Santos de 45, fueron asesinados y varios resultaron heridos tras un ataque de personas vinculadas a grupos terroristas de ultraderecha contra el acto anual del Partido Carlista en Montejurra y contra todos los movimientos de oposición al franquismo, ya que, en el transcurso de los años, esa movilización se había convertido en un espacio de reivindicación antifranquista a donde acudían militantes del PSOE, PCE, PSP, PSUC,ORT, EMK, LKI, PTE, OIC izquierda abertzale (EAS, LAIA)…
Los llamados “Sucesos de Montejurra”, ocurridos el 9 de mayo de 1976, pusieron en evidencia la participación del Estado en una operación armada para destruir un Partido Carlista que cuestionaba la monarquía instaurada por Franco y al que se consideraba un obstáculo para la consolidación de Juan Carlos de Borbón en el trono del Reino de España y eliminar ese acto antifranquista multitudinario. Prácticamente todos los estudios elaborados sobre esos trágicos hechos coinciden en el convencimiento de que importantes organismos estatales, como la Guardia Civil y los servicios de Inteligencia, participaron directamente en la “Operación Reconquista” para arrebatar el control del acto de Montejurra a los seguidores de Carlos Hugo, mientras el Ministerio de Gobernación de Manuel Fraga y el propio Gobierno de Arias Navarro tuvieron, al menos, conocimiento de la misma.
En los preparativos y financiación de los grupos que dispararon contra los concentrados intervino de forma destacada la Unión Nacional Española (UNE), partido impulsado, entre otros por Antonio María Oriol. Las imágenes del “hombre de la gabardina”, rodeado de fascistas italianos (de Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie o Loris Gattelli), argentinos (de la Triple A argentina, García Almirón) y franceses (del Ejército Secreto-OAS, Jean-Pierre Cherid), disparando contra Aniano Jiménez, un carlista cántabro de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), ocuparon las portadas de los principales periódicos y revistas. Algunos de esos elementos de ultraderecha integrarían después los GAL encargados de asesinar a personas relacionadas con ETA. Tras los sucesos de Montejurra el “proyecto reformista” de Arias Navarro se vino abajo, ya había quedado “tocado” por los también hechos de Gasteiz donde la Policía Armada, dos meses antes, había disparado indiscriminadamente contra una asamblea de trabajadores en huelga, con el resultado de cinco obreros muerto fueron asesinados 5 trabajadores.
Tres personas fueron detenidas por estos sucesos. El militar retirado José Luis Marín García-Verde fue acusado de la muerte de Aniano Jiménez Santos. Los testigos recuerdan el gabán, las gafas oscuras y la boina roja de García-Verde, que fue conocido como «el hombre de la gabardina». Sin embargo, el Tribunal Supremo aplicó la extinción de responsabilidad penal derivada del Real Decreto Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía de 1977, lo que impidió que llegaran a sentarse en el banquillo, quedando estos crímenes impunes. Solo por medio de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de 5 de noviembre de 2003, se produjo una reparación parcial declarando que las dos víctimas de dichos sucesos tenían derecho a las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo, revocando la Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior de 17 de julio de 2001 que les denegó dichas indemnizaciones.
Documentos publicados en 2023 volvieron a implicar al Gobierno de Carlos Arias Navarro, y especialmente a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación en la organización de los sucesos. El gobernador civil de Navarra, José Luis Ruiz de Gordoa, envió el 5 de enero a Fraga (al que se refiere en sus comunicaciones como “mi querido amigo”), así como al director general de Seguridad y al de Política Interior, un informe planteando la necesidad de evitar que en 1976 se repitiera esa “concentración subversiva contra el Rey D. Juan Carlos”, proponiendo, entre otras alternativas, la posibilidad de ayudar a los “tradicionalistas” para neutralizar a los seguidores de Carlos Hugo.
Una carta póstuma del hijo José Miguel Ruiz de Gordoa, publicada en 2025, reveló, incluso, una conversación telefónica entre Juan Carlos I su padre y Ramón Merino, consejero del Reino y dirigente de la Unión Nacional Española-UNE horas antes de los crímenes ultraderechistas.
Las instituciones navarras han tardado muchos años en reaccionar ante estos sucesos, en proclamar que los mismos constituyen actos que también merecen justicia, reconocimiento, verdad y reparación, como otras víctimas. Hasta 2016 el Parlamento de Navarra no acordó honrar su memoria y solicitar al Gobierno del Estado la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en su Administración relacionados con los sucesos de Montejurra-1976. Hubo que esperar hasta 2023 para esta misma institución acordara pedir que se realizara con el Partido Carlista el reconocimiento público y la reparación que correspondiera, en su consideración de víctima política principal de los sucesos; para que instara al Gobierno de Navarra a que se declarara el monolito que está junto al Monasterio de lratxe como “Lugar de la Memoria”, como así se acordó por el ejecutivo foral en 2024. El pasado mes de abril, a instancias de EH Bildu, el legislativo foral ha reconocido a las dos víctimas mortales de estos sucesos como «víctimas del terrorismo practicado desde instancias del Estado y desde elementos de ultraderecha y fascismo», reiterando la petición al Estado para la desclasificación de los documentos que ocultan, ya con menos intensidad, la verdad sobre esta operación criminal organizada desde el propio Estado.
Por eso, este próximo sábado, cuando se cumplen el 50 aniversario de estos trágicos hechos vamos a participar en el acto que se celebrará en el mismo monolito de Iratxe en recuerdo de estas dos personas y en reivindicación de su memoria, así como en el acto que se celebrará, más tarde, organizado por el ayuntamiento de Estella/Lizarra en la Casa de Cultura Fray Diego.
Diario de Noticias
