Editorial
El blanqueo de Fraga
Noticias de Gipuzkoa
LA mayor parte de las reacciones al fallecimiento de Manuel Fraga Iribarne en el ámbito de la política profesional y de la opinión política publicada se alinean en el continuado intento de enterrar en el olvido la dramática realidad del franquismo y de almibarar la de la Transición. Las interpretaciones tras su muerte, sin embargo, no alteran la realidad de la vida del político y las responsabilidades derivadas de sus actuaciones a lo largo de las dos largas décadas en que sirvió en las estructuras del régimen franquista, al que defendió de modo vehemente incluso después de la muerte del dictador. Tampoco sus implicaciones directas en actos que deberían calificarse, sin pudor, de crímenes contra la derechos fundamentales. Así, por ejemplo, su presencia en el Consejo de Ministros que en 1963 aprobó la ejecución de Julián Grimau, a quien además despreció públicamente; su pertenencia al entorno de otro gobierno, el que en 1975 decretó los últimos fusilamientos franquistas -los de Baena, Sánchez Bravo, Ramón García, Juan Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi– y su relación, desde su puesto como ministro de la Gobernación, con la matanza de 1976 en Gasteiz, cuando la Policía Armada mató a tiros a cinco trabajadores e hirió a un centenar, o en los sucesos de Montejurra, que se saldaron con dos muertos y varios heridos tiroteados por militantes de extrema derecha, entre ellos, el miembro de la Triple A argentina Rodolfo Almirón, quien precisamente sería jefe de seguridad de Alianza Popular, el partido fundado por Fraga, y su guardaespaldas personal a partir de entonces y en los primeros años 80. No hacer referencia a esa parte oscura y dramática de la historia política de Manuel Fraga Iribarne, que precisamente le situaría para encabezar los restos del franquismo a partir de 1977, o tratar de otorgarle parte de la paternidad de una Constitución que no aceptaba del todo (solo nueve de los 16 diputados de AP en el Congreso votaron a favor) y de cuyo Título VIII referente al Estado autonómico renegó pese a que luego llegaría a presidir la Comunidad Autónoma de Galicia durante 16 años, no supone únicamente falsear la historia por ocultamiento de parte esencial de la misma sino también atentar contra la memoria y el respeto debido a las víctimas de la dictadura de la que fue parte y de la violencia de la que participó.
Editorial
De Goebbels de Franco a padre de la Transición
Gara
Manuel Fraga Iribarne ha muerto. Plácidamente, en su casa, en la cama y en paz, como han muerto en el Estado español -con la excepción del almirante Carrero Blanco, muerto en atentado de ETA- todos los responsables del franquismo. Como ministro de Información y Turismo, fue máximo censor y propagandista -el Goebbels de Franco-, y como ministro de la Gobernación, responsable último de la matanza, entre otras, el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, que acabó con la vida de cinco trabajadores vascos y dejó más de un centenar de heridos. Su participación al más alto nivel en la maquinaria franquista que cometió virtualmente un genocidio y crímenes de lesa humanidad está fuera de toda duda. Pero nunca hizo una condena expresa ni pidió perdón. Al contrario, como «padre de la Constitución», dinamizó la Transición que cerró la puerta a una ruptura democrática e instauró un modelo de estado sobre la impunidad y la amnesia.
Tras la muerte de Fraga no han faltado notables panegíricos ensalzando su figura y su contribución a la democracia, elogios y alabanzas por su compromiso con el pueblo español, loas a quien algunos han definido como «un hombre bueno». Este auténtico ejercicio de apología y enaltecimiento, en el que PSOE y PP han ido de la mano, hiere la memoria colectiva, hace sangrar las heridas de miles de muertos por los que Fraga nunca ha rendido cuentas. Y todo ello para hacer piña en la defensa de la sacrosanta transición española.
Si, encarnada en la persona y la obra de Fraga, la defensa a ultranza de la la transición pasa por hacer de gente así un paradigma de demócrata y bondadoso estadista, no cabe sino coincidir con Jaime Gil de Biedma cuando dejó escrito que «de todas las historias de la Historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal». Al menos, queda el consuelo de que la memoria de este país seguirá persiguiendo en su muerte a quien segó tantas vidas y tantas razones.
Fraga no ha muerto
Iohannes Maurus
El régimen español, tras la muerte de Franco, se ha caracterizado por su continuidad jurídica e institucional con el orden establecido por el 18 de julio. No sólo se pasó de la “democracia orgánica” a la “monarquía democrática” en el marco de las leyes franquistas y sin la más mínima ruptura del ordenamiento jurídico, sino que se mantuvo en la jefatura del Estado al rey elegido por Franco, los magistrados y mandos policiales responsables de la represión conservaron sus puestos y prosiguieron sus carreras, los mandos militares franquistas siguieron en su lugar. El conjunto del aparato de poder del régimen se mantuvo, haciendo sitio en los lugares de privilegio a los dirigentes de los partidos de oposición que aceptaron legitimar la mutación. A todos ellos, la constitución de 1978 les garantizaba no sólo la impunidad, sino el respeto público, pues los que habían sido pilares de uno de los regímenes más sangrientos del período fascista europeo y lograron hacerlo sobrevivir hasta bien entrados los años 70 del siglo XX, quedaron transformados en sostenes de la “joven democracia”. En el contexto de este peculiar arreglo, quienes dentro de la débil oposición deberían haber pasado a los libros de historia como responsables de horribles crímenes de guerra fueron incluidos “generosamente” en la impunidad de sus vencedores. En España no hubo nunca una comisión de la verdad y la reconciliación que esclareciera todos los crímenes, hubo silencio recíproco entre los responsables de los principales partidos sobre sus responsabilidades respectivas.
Manuel Fraga Iribarne, que hoy nos acaba de abandonar, fue un actor fundamental de esta transformación. En su historial está sin duda el haber sido ministro de Franco y haber dado cobertura política y moral a algunos de los más espeluznantes crímenes del franquismo reciente (Grimau, Puig Antich, Vitoria…). Fraga aprobó en su conjunto el régimen de Franco del que fue uno de los pocos intelectuales competentes, lo que le daba una posición excepcional en el erial intelectual que fue el franquismo. Su posición fue siempre conforme a su autodefinición, la de un “liberal conservador”. Sin embargo, esta calificación merece matices importantes, pues la defensa del orden liberal, para Manuel Fraga, podía requerir la abolición de la libertades democráticas. Fraga, aunque en algún momento, como embajador del Estado español en Londres luciera bombín no era un conservador británico, sino un reaccionario español particularmente ilustrado. No puede despreciarse en su formación intelectual el bagaje del pensamiento de la contrarrevolución y en concreto la influencia de pensadores como Joseph de Maistre o Donoso Cortés. Su amistad política y filosófica con el ultracatólico y filonazi Carl Schmitt a quien acogió en momentos de desgracia -tras el paso de este por el tribunal de Nüremberg- en el Instituto de Estudios Políticos es a este respecto muy ilustrativa. Al igual que Carl Schmitt quien consideró que la defensa del régimen liberal de Weimar pasaba por la implantación de una dictadura y que, en último término acabó defendiendo las leyes de excepción que sirvieron de fundamento al régimen hitleriano, Fraga defendió el orden burgués desde la dictadura franquista. Lo hizo, al igual que Carl Schmitt, con todas las consecuencias: aceptando la ausencia de libertades, los encarcelamientos políticos, la tortura y las ejecuciones. Para Fraga, sin embargo, la democracia no era imposible; era incluso deseable siempre y cuando respetase el orden liberal burgués. De ahí que impulsara una transición controlada del franquismo originario a la peculiar “democracia” que hoy conocemos. Para Manuel Fraga, la esencia del Estado de derecho era, aunque él no utilizara estos términos, la dictadura de clase: el mantenimiento por todos los medios necesarios de un orden social dominado por la burguesía y las demás clases capitalistas españolas. Por ello mismo, la diferencia entre dictadura y democracia nunca fue una diferencia radical para él, pues lo importante era el mantenimiento de la “situación normal” basada en el respeto de la propiedad y de las libertades mercantiles y las demás libertades resultaban accesorias y temporalmente prescindibles.
Este planteamiento de Fraga y del sector de la derecha española que constituyó en torno a él Alianza Popular y posteriormente el PP explica que el Estado español sea uno de los pocos países europeos donde no existe una extrema derecha organizada. A pesar de los intentos por parte de Blas Piñar (Fuerza Nueva) o Ramiro Fernández Cuesta (Falange) de crear un espacio autónomo de extrema derecha, nunca llegó a haber desde la transición un partido fascista con peso significativo en el panorama español. La explicación de este fenómeno radica en que la identidad de extrema derecha no corresponde ni puede corresponder a ningún partido en particular, sino al conjunto del régimen transfranquista y, en particular, a la fuerza de derechas que encarna su naturaleza “liberal conservadora” en el sentido anteriormente matizado. La extrema derecha española puede permitirse ser liberal, e incluso “democrática” a condición de que, bajo ningún concepto se ponga en peligro el orden social capitalista en su versión hispánica. Para ella, Estado de derecho y dictadura no son términos contradictorios siempre que la dictadura tenga como objetivo la defensa del orden social y no su subversión. Esta posición, prevalente en el PP, destiñe hacia otros horizontes políticos, contando con eximios representantes en un PSOE que defiende posiciones neoliberales y nacionalistas españolas y que siempre ha criticado el franquismo sin la más mínima intención de romper con él, y, por supuesto, hacia el partido del nacionalismo español a la vez impolítico y autoritario que es UPyD.
Del mismo modo que no había razón alguna para alegrarse de que Franco muriese en su cama, tampoco la hay para celebrar la muerte de Manuel Fraga. Después de todo, es sólo la muerte de dos personas. Las instituciones y sobre todo el orden de legitimidad política que fundaron y defendieron siguen existiendo, representados en el principal nexo de continuidad entre la etapa actual y la etapa anterior del régimen: la persona del monarca designado por Franco para sucederle a título de rey. Más vale ahorrarse los improperios contra Manuel Fraga, pues no sólo él defendió o encubrió ejecuciones y torturas. El actual Jefe de Estado compartió balcón el Plaza de Oriente con el Caudillo, cuando este se dirigía en sus últimas semanas de vida a una manifestación espontánea organizada que apoyaba los últimos fusilamientos del régimen. Asimismo, Juan Carlos de Borbón declaró más de una vez que jamás aceptaría que se criticase a Franco en su presencia. El régimen no ha muerto, sólo ha muerto uno de sus más lúcidos y tal vez cínicos exponentes, que algunos consideramos un “enemigo político” en el sentido preciso que diera Carl Schmitt a ese término: ” El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero “no-involucrado” y por lo tanto “imparcial”. ” No puede decirse lo mismo de la inmensa mayoría necia, inculta e indecente de los exponentes del actual régimen español.
Las cuentas pendientes de don Manuel
Javier núñez
Noticias de Gipuzkoa
Ministro de Gobernación en los asesinatos de vitoria y Montejurra, fraga Acuñó la frase “la calle es mía”
Decía un aspirante a torero que no llegó a tomar la alternativa que “en tu funeral, hayas hecho una buena o mala faena, siempre te sacan a hombros”. Llegado ese momento todo son parabienes para la persona fallecida. Tras la muerte de Manuel Fraga todo son lisonjas y buenas palabras para el “referente de la derecha española”.
Del exministro franquista se ha ensalzado su capacidad de trabajo -decían que le cabía el Estado en la cabeza-, su papel en el trasvase a la democracia de la derecha o que fue uno de los padres de la Constitución. Sin embargo, el fundador de Alianza Popular y “padre político” de José María Aznar fue el ministro de la Gobernación, precursor del actual Ministerio del Interior, cuando se produjeron los incidentes del 3 de marzo en Vitoria, que acabaron con la muerte de cinco obreros, o cuando miembros de la extrema derecha empañaron la romería carlista de Montejurra con el asesinato de dos personas. Transcurridos casi 36 años de aquellos dos luctuosos hechos, Manuel Fraga ha muerto sin pedir perdón a las víctimas y sin asumir responsabilidad alguna en ambos casos.
Durante la dictadura de Francisco Franco, el primer cargo político de relevancia de Manuel Fraga Iribarne (Villalba, 23 de noviembre de 1922) fue el de ministro de Información y Turismo, que ocupó desde 1962 a 1966. En aquella época, Fraga fue el padre de la Ley de Prensa, con la que se intentó ofrecer una imagen de tolerancia del régimen de cara al exterior. Sin embargo, para la historia quedará la imagen de un Fraga bañándose en la playa de Palomares acompañado del embajador de los Estados Unidos. Un bombardeo estadounidense había perdido una bomba de hidrógeno y Fraga quiso demostrar que no había peligro alguno y por eso decidió darse un baño que fue convenientemente recogido por las cámaras del No-do. Años después se supo, sin embargo, que el intrépido ministro no se había bañado en Palomares, sino en otra playa almeriense donde no había riesgo alguno de contaminación.
mil tiros en vitoria Tras la muerte de Franco, Manuel Fraga fue nombrado vicepresidente y ministro de Gobernación en el Ejecutivo español presidido por Carlos Arias Navarro. Eran tiempos convulsos en los que la Policía Nacional y la Guardia Civil imponían su ley en las calles de Euskadi y del resto del Estado español.
Desde enero de 1976 miles de trabajadores iniciaban una huelga en Vitoria contra el decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo de ese año estaba convocada una huelga general en la capital alavesa y cientos de trabajadores celebraban una asamblea en la iglesia San Francisco de Asís. Efectivos policiales, y en contra de la opinión del párroco, procedieron al desalojo de la iglesia. La Policía disparó con fuego real contra los trabajadores que abandonaban la parroquia causando la muerte a cinco personas: Pedro Martínez (27 años), Francisco Aznar (17 años), Romualdo Barroso (19 años), José Castillo (32 años) y Bienvenido Perea (30 años). En las grabaciones de las comunicaciones policiales efectuadas aquel día se recogían frases como: “Después de pegar más de 1.000 tiros y romper la iglesia de San Francisco te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo” o “hemos contribuido a la paliza más grande de la historia“.
Fraga, siendo el máximo responsable de las fuerzas policiales, estaba de visita en Alemania, un viaje oficial que suspendió para acudir al día siguiente a varios centros hospitalarios de Vitoria para visitar a los heridos. En 2008, el Parlamento Vasco consideró responsables de los hechos a Manuel Fraga, en 1976 ministro de la Gobernación; Rodoldo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales; y Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia. Sin embargo, el 16 de junio del año pasado, la Cámara de Vitoria rechazó con los votos de PP, PSE y UPyD una Proposición no de Ley sobre la necesidad de declarar a los muertos del 3 de marzo como “víctimas del terrorismo” e instar al Gobierno español al reconocimiento de la responsabilidad de los hechos.
“La calle es mía” Ese mismo año de 1976, las fuerzas policiales impidieron las manifestaciones del Primero de mayo siguiendo las directrices de Manuel Fraga, que acuñó la frase: “La calle es mía”. Sin embargo, años después, el líder de la derecha negó haber pronunciado tal frase.
Otro episodio que demuestra el talante de Fraga es que cuando Dolores Ibarruri, La Pasionaria, anunció su intención de regresar al Estado español, el responsable de Gobernación aseguró que no disponía de suficientes efectivos policiales para garantizar su protección, lo que fue respondido con dureza por parte de responsables del Partido Comunista, que le acusaron de tener una actitud “evasiva, torpe y grosera digna de un gobernante graduado en el fascismo”.
Montejurra Apenas dos meses después de los hechos de Vitoria, el 9 de mayo de 1976, ocho días después de que Fraga se apropiara de la calle, fuerzas de la extrema derecha española acompañados por neofascistas italianos y argentinos -todos ellos partidarios de Sixto de Borbón- ,y ante la pasividad de la Guardia Civil, atacaron a los seguidores de Carlos Hugo de Borbón en la tradicional romería carlista de Montejurra en Navarra. A consecuencia de los disparos murieron Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos.
Fraga, al igual que sucedió con los sucesos de Vitoria, se encontraba fuera del Estado español, en un viaje oficial a Venezuela. A su regreso, al ministro de la Gobernación solo se le ocurrió señalar que lo que había sucedido en Montejurra fue “una pelea entre hermanos”.
Este era Manuel Fraga Iribarne, ministro con Franco y fundador de Alianza Popular, un hombre que en una entrevista concedida hace apenas cinco años, en 2007, al Faro de Vigo aseguró que “el franquismo ha asentado las bases para una España con más orden” o que antes de una entrevista en televisión fue capaz de gritar a un colaborador suyo: “Deje de tocarme las narices”, cuando este le intentaba colocar el micrófono de solapa.
