La condena de Ábalos no es la historia de un hombre ni el descalabro de un partido. Es el crudo retrato de un estado corrupto y anómalo que hace siglos que se entiende a sí mismo como una propiedad a repartir y que no tiene solución posible. Ni remedio.
De hecho, impresiona la cara que llegan a tener. Todos. El primero de junio de 2018, José Luis Ábalos subió a la tribuna del congreso español para derribar a Mariano Rajoy . No fue Pedro Sánchez, que era el candidato, ni tampoco Margarita Robles, que era la portavoz oficial del grupo: fue Ábalos. El secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez fue el encargado de exponer los motivos de una moción de censura nacida de la sentencia del caso Gürtel. Y dijo –repasar el vídeo (1) de ese día es algo que hoy duele y da vergüenza– que Rajoy no pasaría a la historia como un buen presidente porque había hundido la dignidad de la sede que ocupaba. Proclamó que la decencia debía ser “esencial, no accesoria”. Acusó al PP de haber llegado al poder de forma delictiva, de obstruir la justicia, de destruir pruebas. Y, con un discurso sobre la regeneración moral de España y con la candidez inexplicable y absurda de los partidos independentistas catalanes, entregó a Sánchez las llaves de la Moncloa.
Hoy, tan sólo siete años después, ese mismo hombre –el que acusaba al PP de haber hundido la dignidad de la sede de gobierno– duerme en prisión de Soto del Real, condenado por el Tribunal Supremo a veinticuatro años y tres meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. La imagen es insuperable, y me da la impresión de que no hace falta añadir ninguna glosa: el acusador de entonces es el acusado de hoy, y el paladín de la decencia de entonces es el indigno de hoy. Ahora, detenernos aquí, en la ironía, en la hipocresía personal de Ábalos o en la conmoción que recorre el sanchismo, sería dejarse perder lo que realmente importa. Porque el caso de Ábalos no es ninguna anomalía. Es una confirmación.
España tiene una tradición literaria que los manuales de ciencia política deberían estudiar con mayor atención: la picaresca. El Lazarillo, el Buscón de Quevedo, Guzmán de Alfarache, incluso el señor Espinel… La picaresca es la supervivencia por la astucia, el arte de mamar del señor, la convicción de que quien no aprovecha el cargo es un bobo que no ha entendido cómo funcionan las cosas. Y no es ninguna metáfora amable ni ningún tópico costumbrista. La picaresca es una forma profunda de entender lo público que –por más prosa que quieran poner, como ponía Ábalos ese día de 2018– es evidente que ha atravesado los siglos intacta. Los españoles –con las notables excepciones que haya que tener en consideración– no saben ver el cargo político como servicio, sino como teta. No ven al Estado como un bien común del que deben cuidar, sino como un botín a repartir entre quienes mandan. Mientras dura su mandato.
Y por eso el botín no tiene color. Mientras el PSOE celebraba ayer, aún, la moción que le llevó al poder para “limpiar la corrupción del PP”, el PP arrastraba a Gürtel, la caja B de Bárcenas, Púnica, Lezo, el caso Erial de Zaplana, el Nóos de Matas, las tarjetas ‘black’ de Rato… Pero, la trama Filesa, los ERE de Andalucía que liquidaron dos presidentes condenados, o Ábalos y Koldo. Y esperen a ver qué vendrá.
Izquierda y derecha, pues, empate. Todos, tarde o temprano, ante el mismo tribunal y por el mismo motivo. Y a mí ya me perdonarán, pero cuando algo se repite con esta regularidad y con total independencia de quien gobierna, tiendo a pensar que ya no es una falla moral de unos pocos. Es una estructura.
Una estructura que tiene fecha y tiene pedigrí. El franquismo fue, entre otras muchas cosas, la perfección del Estado patrimonial: el régimen repartido como una finca entre los vencedores, pueblo a pueblo y barrio a barrio. Las familias enriquecidas a la sombra del poder. Los contratos adjudicados a dedo. Y la idea, profundamente arraigada, de que el Estado pertenece a quien lo controla. La transición –que hay quien todavía tiene la santa paciencia de querer venderla como modelo– simplemente heredó la maquinaria sin desmontar su mentalidad. No hubo ninguna depuración, ni de personas ni de hábitos. Los mismos notarios del poder, las mismas inercias, la misma convicción de que gobernar es administrar un patrimonio propio. Se cambió la decoración y se dejó la casa tal y como estaba. ¿Y qué mejor prueba de ello que repasar la trayectoria del ladrón aquel que fue rey gracias a Franco?
Joan Fuster lo había visto con la lucidez de siempre: para nosotros, el Estado español nunca ha sido algo compartido, sino una imposición administrada desde fuera y siempre en beneficio de otros. Por eso, visto desde los Països Catalans, el caso Ábalos no es ninguna sorpresa ni ningún escándalo nuevo. Es solo la confirmación –por si aún era necesario– de una manera de hacer que conocemos de sobra porque la sufrimos de cerca: la de quienes llegan a Madrid con el discurso de la regeneración y las palabras rimbombantes en la boca y descubren, enseguida, que el sistema premia exactamente lo contraria de lo que predicaban.
Por todo ello, el problema no se resuelve con una dimisión ni con un cambio de ministro, ni siquiera con un cambio de régimen. Ahora el Supremo ha condenado a un hombre, pero hay una concepción de España que sigue intacta. Y mientras esta concepción no se cambie –lo que no pasará desde dentro porque lleva siglos funcionando: han tenido regímenes muy diversos y nunca ha pasado–, habrá siempre otro Ábalos dispuesto a subir a la tribuna a hablar en público de decencia, pero convencido, él antes que nadie, de que lo público es una teta y no un servicio.
Irse, huir antes de que sea demasiado tarde y de que eso no se incruste más en nuestra sociedad, es por eso tan imprescindible y revolucionario como, por más paradójico que pueda parecer, prudente. Que tampoco deberíamos pasar por alto que Ábalos, al fin y al cabo, es un señor de Torrent…
(1) https://www.youtube.com/watch?v=QMEAWIruDpc
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