Una obra del historiador Alexandre Dupont revela aspectos poco conocidos del movimiento carlista de finales del siglo XIX y el alcance de su impacto en Iparralde, en un contexto de dificultades para el Estado francés en el ejercicio de sus poderes soberanos. Con un eco en la historia reciente de nuestro país, este enfoque resultará de gran interés para el lector vasco actual.
Un extenso trabajo, fruto de diez años de investigación, presenta cómo un movimiento político europeo, la «Internacional Blanca», organizó la solidaridad para apoyar a los carlistas durante su segunda guerra contra el poder central español (1872-1876). Su escenario de operaciones se situó casi exclusivamente en el País Vasco y Cataluña, donde, unos años más tarde, surgieron los movimientos nacionalistas que conocemos. Ambas regiones se caracterizan por ser transfronterizas, de ahí el importante impacto del carlismo en la Cataluña Norte e Iparralde.
El libro no se centra en el carlismo y sus guerras, sino en el movimiento que desencadenó entre católicos y realistas, incluido el papado, a pesar de la oposición del gobierno francés a esta «internacional blanca». Más que una guerra civil española, esta guerra carlista fue ante todo internacional, involucrando y movilizando a todas las potencias de Europa y más allá. La historia de este movimiento católico, monárquico y conservador es una historia de fracasos. De ahí que, en la historiografía, la contrarrevolución siga siendo un punto ciego relativamente poco estudiado. La desafortunada tendencia de los historiadores a tomar los estados-nación modernos como marco exclusivo para su investigación ha hecho el resto.
El interés de la obra de Alexandre Dupont reside en reintroducir a los vencidos en la historia de nuestro continente, pero también en repensar la acción y el compromiso políticos desde la perspectiva de una lectura social de la politización. El contexto insurreccional de esta guerra propicia prácticas de ilegalidad, disidencia y bandidaje social. Los carlistas y la Internacional Blanca se enfrentan a la represión de los estados francés y español, y es imperativo que adapten su acción en función de esta represión. Durante esta confrontación sangrienta, donde a pesar de todo creen tener posibilidades de victoria, deben implementar estrategias de adaptación, elusión y resistencia. Los carlistas intentarán formar un gobierno y un Estado embrionarios en las zonas liberadas de Cataluña y el País Vasco, pero España y Francia les niegan el reconocimiento de su condición de beligerantes, con considerables consecuencias legales, políticas, diplomáticas y militares.
El comité carlista de Bayona, pivote de la retaguardia
Estos años de conflicto se enmarcaron en un contexto particular: el fortalecimiento de los Estados y su administración, en una época en la que las fronteras aún eran relativamente insignificantes. El surgimiento y la construcción de un sentimiento nacional que uniera a los habitantes de los territorios controlados por estos Estados, así como la politización de la población dentro de un espacio público estandarizado y definido por las élites, eran aún muy débiles.
Todo esto resuena ampliamente en los oídos del lector abertzale actual. Gracias a un esfuerzo archivístico verdaderamente colosal, por ser multinacional, Alexandre Dupont logra reconstruir secciones enteras de nuestra historia, a partir de fragmentos provenientes tanto de quienes apoyaron a los carlistas como de las autoridades que intentaron combatirlos. A falta de experiencia, no ofreceremos aquí un relato crítico y exhaustivo de esta obra, que consideramos excepcional. Simplemente destacaremos algunos capítulos relacionados con Iparralde.
Quienes asistieron a la exposición del Museo Zumalakarregi “A mis amigos de la frontera” en el Museo Vasco de Bayona en 2006 recordarán la importancia de los albergues carlistas en Bayona. Alexandre Dupont, a su vez, explora el papel central del Comité Carlista de Bayona, tanto en el transporte de armas de contrabando y el paso de voluntarios de toda Europa, como en la fabricación de documentos falsos, la propaganda y la recepción de personas en permiso, refugiados y heridos. Este comité no es el único; Varios de ellos están activos a lo largo de la frontera, especialmente en el norte de Cataluña
La guerra desencadenó una crisis diplomática entre España y Francia. Las autoridades madrileñas se quejaron de la lentitud de los funcionarios franceses encargados de la represión, alegándoles cómplices o apoyando tácitamente al bando conservador. Los cónsules españoles enviaron observadores para vigilar la frontera, pero fueron atacados. Los carlistas denunciaron la represión en la prensa. El marqués de Nadaillac, prefecto del departamento, se encontraba en el ojo del huracán: fue acusado por los diplomáticos españoles de negarse a internar al pretendiente carlista Don Carlos, quien había regresado a Francia, o de no querer investigar los almacenes de uniformes carlistas en Bayona; peor aún, de permitir el paso de camiones de municiones a España. En realidad, ante una población vasca procarlista, el prefecto moderó sus acciones para mantener la calma.
La frontera, obstáculo y recurso
Al comienzo de la Segunda Guerra Carlista, la frontera franco-española se había establecido definitivamente hacía apenas unos años, y su trazado había sido objeto de tres tratados ratificados definitivamente mediante un acuerdo en 1868. En aquel entonces, el Estado intentaba proyectar la imagen de un poder que se ejercía uniformemente sobre todo el territorio que controlaba. Sin embargo, esto no era así en un momento en que, para uno de los beligerantes, la frontera era un recurso que permitía el acceso a una zona de refugio. La presencia de una base de retaguardia en los territorios conquistados por los carlistas condicionó en gran medida la guerra. Las regiones de Bayona y Perpiñán eran consideradas ciudades de escape, «centros de conspiración, refugios, nodos de comunicación con el resto del mundo», escribió un periodista carlista.
Impulsada por el deseo de aislar y santuarizar y la región, Francia está reorganizando sus tropas para garantizar la inviolabilidad de su territorio. En realidad, carece de los medios para hacerlo. Esto requeriría un formidable despliegue de fuerzas, y se enfrenta a poblaciones que conocen el terreno a la perfección y están involucradas en antiguas “sociabilidades transfronterizas”. Estas exigen conocimientos técnicos y tácticos, así como el recurso a la clandestinidad. Los contrabandistas y sus redes desempeñan un papel central. La situación en el País Vasco es aún más simple: un Estado carlista embrionario controla gran parte de Navarra y Gipuzkoa. En Ainhoa, por ejemplo, pasan coches y el comisario francés sobornado finge revisar pasaportes. Las convicciones políticas y los intereses económicos se entrelazan, y la solidaridad procarlista de la población de Iparralde pone en tela de juicio la homogeneidad de la respuesta estatal.
Esto impuso medidas para el internamiento de refugiados y el arresto domiciliario en localidades del centro de Francia. Muchos escaparon para reincorporarse a la lucha. En aquel entonces, las medidas de expulsión y gestión de refugiados no estaban sujetas al ámbito judicial. La propia definición del estatuto de refugiado carecía de claridad, era necesario internar a los refugiados basándose en pruebas, y una docena de órganos gubernamentales decisorios intervinieron, lo que generó un embrollo del que se aprovecharon los carlistas. Jugaron con los plazos e implementaron prácticas de compromiso y negociación con las autoridades. La intervención de las poblaciones locales, tanto en Iparralde como en la Cataluña Norte, así como el uso de la prensa, fueron decisivas. Las autoridades se vieron algo desbordadas por la solidaridad transnacional, y los instrumentos de represión «fueron eludidos o subvertidos por los actores», señala Alexandre Dupont.
La capacidad de los carlistas para eludir las medidas de internamiento demuestra la debilidad del Estado a finales del siglo XIX, apenas capaz de aplicar la ley en el territorio donde pretendía ejercer el monopolio de la violencia legítima. En aquel entonces, en pleno proceso de racionalización administrativa, «los límites impuestos a la intrusión de los agentes estatales en el ámbito privado de los individuos fueron el resultado de la progresiva aparición de un Estado de derecho».
Apoyo de las poblaciones locales y sentimiento nacional.
En Iparralde, el apoyo popular al carlismo pone en tela de juicio la difusión del sentimiento nacional entre la población, cuya identidad cultural y resistencia latente al Estado son bien conocidas. Recurren a prácticas de «bandidaje social», y la insurrección carlista reactiva esta resistencia al desestabilizar la zona fronteriza. En septiembre de 1876, un informe del cónsul francés en Donostia, dirigido al Ministerio del Interior, afirmaba que «sería prudente afrancesar aún más a nuestros vascos del departamento de los Bajos Pirineos, la mayoría de los cuales no hablan francés, sino solo euskera y, en ocasiones, español, y cuyas simpatías están estrechamente ligadas a las de sus hermanos de raza en España». Este documento refleja los límites de la construcción del Estado-nación. El contexto económico y social apunta en la misma dirección. Según un historiador estadounidense, los habitantes de Iparralde consideraban entonces que el Estado negaba sus intereses económicos, que dependían del comercio transfronterizo.
La frontera se está trazando y la zona pirenaica corresponde a una sociedad fronteriza, con sus propias características en términos de organización socioeconómica y sentimiento de pertenencia. Los conflictos y las negociaciones se suceden de valle en valle (véanse los tratados ancestrales de pastos y facerías); la frontera no es un obstáculo insalvable, sino una zona de interés comercial. Las poblaciones, a través de sus representantes electos, presionan al Estado para que negocie con los carlistas instalados en Hegoalde. Un escenario complicado porque Francia se niega a reconocer el poder de los rebeldes. La guerra se presenta así a los pueblos fronterizos como una oportunidad para recuperar margen de maniobra frente a los Estados. Por el contrario, la guerra constituye para las autoridades una oportunidad para fortalecer su poder sobre la frontera, un laboratorio para construir herramientas de control, en un momento en que el pasaporte no se utiliza.
Las poblaciones desean preservar su antigua organización transfronteriza. Sin embargo, los carlistas reducen los aranceles aduaneros cuando controlan la frontera y fomentan el contrabando. Alcaldes y funcionarios locales desean preservar la estabilidad y el equilibrio, escuchan las demandas de los residentes fronterizos y pactan o frenan las decisiones tomadas por París. Las decisiones de los funcionarios electos a favor de los carlistas no son contradictorias, incluso son compatibles con su apoyo oficial a la mayoría en el poder en Francia… Los comportamientos políticos son complejos, no siguen una racionalidad rigurosa, más aún cuando se perciben a posteriori.
Según un informe de la prefectura de policía, el alcalde de Biarritz, el subprefecto de Bayona, el jefe de las oficinas de la subprefectura y el comisario de policía colaboran con los carlistas y se dice que se han vendido a la rebelión. Debido al reclutamiento local de la función pública, estos provienen de un mundo fronterizo bastante favorable al carlismo. En 1872, el alcalde de Ciboure se negó, por falta de recursos, a internar a los numerosos carlistas presentes en su comuna, pero sobre todo porque la población los apoyaba. El 14 de abril de 1873, veintiséis cargos electos de San Juan de Luz, Ciboure, Urrugne, Hendaya, Biriatou, Ascain, Senpere, Ainhoa, Sare y Guéthary escribieron una carta al presidente de la República. Protestaban contra la política de internamiento de los carlistas, que «proporciona mano de obra para la agricultura, marineros para nuestros barcos de pesca y, en verano, bañistas que, a cambio de salud, dejan a nuestras pobres poblaciones los medios para soportar la dureza y el desempleo forzoso del invierno». Dos consejeros generales vascos se manifestaron en la misma línea durante una sesión en 1871. El compromiso de estos cargos electos fue el resultado de una connivencia entre intereses personales, convicciones políticas y la preocupación por la población, que debía ser protegida de los efectos de la guerra.
El carlismo de los iparraldetarrak quedó al descubierto y escandalizó al gobernador de Gipuzkoa. El apoyo mostrado en un festival escolar en Ciboure en 1872 rozó el incidente diplomático. El viceconsulado de San Juan de Luz fue atacado dos veces y el escudo de armas español fue arrancado. Los habitantes de San Juan de Luz ofrecieron 300 camas para albergar a los refugiados, además de proporcionarles alimentos y vehículos. La gendarmería utilizó la fuerza para impedir que la multitud llevara vendas, ropa, sábanas y refrigerios a los soldados.
Otros incidentes públicos, múltiples manifestaciones privadas, una politización estructurada en redes para facilitar toda una logística con el paso de hombres, materiales y dinero, y las posturas adoptadas desde el púlpito por el clero, muestran que el País Vasco septentrional se caracteriza por un amplio movimiento sociopolítico a favor de los carlistas. Esta movilización transfronteriza ilustra la adaptabilidad de las poblaciones periféricas que defienden su futuro invirtiendo sus reivindicaciones en la lucha carlista, señala el historiador Alexandre Dupont.
Por otra parte, Béarn no se siente afectado por este asunto; la indiferencia es casi general.
La edad de oro del contrabando
La práctica del contrabando moviliza en gran medida a las poblaciones fronterizas. Cuestiona la relación entre política, ilegalidad y tradición. El derecho internacional no se aplica a este conflicto. Por lo tanto, los carlistas se ven obligados a recurrir al contrabando masivo porque no pueden fabricar armas, ya que España está sujeta a un embargo. El no reconocimiento diplomático de la beligerancia carlista reduce el movimiento a una simple revuelta, mientras que el gobierno de Madrid puede recibir armas y apoyo de todo tipo.
No menos de 28 puestos aduaneros cruzan la frontera desde Larrau hasta Hendaya. Las autoridades franco-españolas discreparon sobre las medidas a tomar, y los carlistas se aprovecharon de ello. El control carlista de parte de la frontera en Hegoalde se convirtió en una ventaja, ya que eliminó la mitad de los controles aduaneros.
La adhesión de la población al carlismo surge de la preocupación por la desestructuración de sus comunidades tradicionales ante la irrupción del liberalismo y el Estado. Su sistema agrosilvopastoril, que se remonta a la noche de los tiempos, se ve amenazado por la represión del contrabando, de ahí la desconfianza de la población. Todo habitante es, si no un contrabandista, al menos un posible partidario del contrabando, señala un general a cargo de la represión, quien admite su ineficacia. La sociedad transfronteriza se moviliza y comparte sus conocimientos, su dominio del terreno y sus propias estructuras con la internacional blanca, tanto por tierra como por mar. Algunos casos de gran repercusión y sus ramificaciones legales permiten vislumbrar la magnitud del fenómeno. La figura del bandido social, símbolo de una sociedad campesina que se resiste a las estructuras estatales, está ganando terreno en un país donde el contrabando ha sido durante mucho tiempo una prerrogativa de los habitantes y un negocio tan apasionante como lucrativo.
Así, a finales del siglo XIX, se produjo un encuentro entre dos universos en contacto: el de los carlistas, legitimistas de la aristocracia europea que aprendieron la ilegalidad y la clandestinidad; y el de las clases populares que se apropiaron del discurso político del carlismo. El papel de estas últimas «desorganizó el control de los Estados sobre sus territorios y sus relaciones diplomáticas; a partir de entonces, el contrabando, una práctica tradicional de bandidaje social, adquirió un significado completamente diferente, mucho más político y subversivo», concluye Alexandre Dupont.
De la posguerra
Al finalizar el conflicto en 1876, se estima que veinte mil refugiados cruzaron la frontera, aproximadamente doce mil por San Juan Pie de Puerto. Muchos de ellos se dirigieron a Argelia, donde Francia promovió el establecimiento de una colonia. El apoyo al carlismo entre las poblaciones fronterizas se desvaneció con bastante rapidez, a pesar de los intentos de los reclamantes carlistas por reavivar el conflicto. Vascos y catalanes desviaron parte de su apoyo para satisfacer sus expectativas políticas. Continuaron defendiendo sus reivindicaciones por otros canales, uno de los cuales condujo, en los últimos años del siglo, al surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco.
NOTA DE ENBATA
Tras haber optado por que Enbata centrara esta reseña en los aspectos de la obra de Alexandre Dupont que conciernen a Iparralde, muchos capítulos, y no los menos importantes, no se abordan aquí. Algunos son sorprendentes, como la privación de nacionalidad que el Estado francés pretende imponer a sus ciudadanos carlistas que han ido a combatir al extranjero. Esto demuestra que la historia se repite.
Este libro reescribe la historia de la formación de los estados contemporáneos, en contraste con su presentación como una realidad completa e indiscutible en el siglo XIX. La imagen que revela de nuestra sociedad, en particular en Iparralde, muestra cómo la historia de las ideas y la de los conflictos armados afectan profundamente a nuestro país. Su búsqueda de soluciones políticas para sobrevivir con sus especificidades sigue siendo una constante en nuestra historia. Los acontecimientos y comportamientos que operaban hace un siglo y medio en Iparralde, percibidos con la perspectiva actual y a través del prisma de los acontecimientos actuales o la historia reciente, adquieren un relieve singular.
LIBRO
Alexandre Dupont, Une internationale blanche, Histoire d’une mobilisation royaliste entre France et Espagne dans les années 1870, Editions de la Sorbonne, 422 p., 2020, 25
(Alexandre Dupont, Una internacional blanca. Historia de una movilización realista entre Francia y España en los años 1870, Editions de la Sorbonne, 422 p., 2020, 25 e.)
EXTRACTOS
He aquí un extracto de la conclusión del libro de Alexandre Dupont. Ofrece brillantes perspectivas sobre el País Vasco de ayer y de hoy.
La definición de un espacio político pacífico dentro de un Estado, depositario de la legitimidad del debate de ideas, no estaba del todo completa en la década de 1870. El recurso a la violencia y a la guerra civil es una señal innegable de ello. En términos más generales, el Estado contemporáneo se encuentra en un momento clave de su constitución. Si bien posee el monopolio de la violencia legítima, aún no posee los mecanismos para materializarlo. Esta situación multiplica las posibles formas y espacios de la política. Esto también se deriva de la inventiva, cuyo laboratorio es el apoyo al carlismo. En un escenario donde el partido es solo una forma política entre otras, es posible actuar de forma diferente. La actitud de las poblaciones pirenaicas en el conflicto se encuentra en la intersección de estas realidades. Vascos y catalanes no son campesinos que se puedan reinterpretar como franceses o españoles. Son actores de comunidades transfronterizas cuya realidad cotidiana se organiza a nivel local. Allí, en estos márgenes territoriales, los estados comenzaron a surgir a mediados de siglo. Su influencia se limitó durante mucho tiempo al mantenimiento del orden: el Estado era la policía, el aduanero o el soldado. Con el paso del siglo, esta influencia se volvió socioeconómica. Las autoridades pretendían controlar el territorio, la gente y las actividades. Una sociedad montañesa, autónoma en su producción y organización, transfronteriza en sus movimientos y procesos de socialización, se vio obligada a entablar una nueva relación con el Estado. Ya no se trataba de cohabitación, sino de subordinación.
Al mismo tiempo, los marcos de diálogo entre estas comunidades locales y el Estado se vieron perturbados por el surgimiento de una escena política nacional con sus códigos, normas y prácticas. La disidencia de contrabandistas, contrabandistas y bandidos sociales se refiere a prácticas ilegales cuya dimensión política no puede ser comprendida por el Estado, si es que alguna vez pudo serlo. El discurso político que se propagaba por los Pirineos ya no es audible. Así pues, vascos y catalanes se están involucrando en la contrarrevolución. ¿No podría esta cultura política ser el vehículo para las reivindicaciones de estas comunidades? Ayudar a Don Carlos a recuperar el poder, ¿no les daría la oportunidad de preservar los marcos tradicionales de la vida cotidiana, de distanciar al Estado del pueblo? La movilización transfronteriza de vascos y catalanes revela algo sobre el destino de estas poblaciones. El surgimiento de nacionalismos periféricos en la España de finales del siglo XIX es una respuesta al desafío que planteaba la evolución del Estado. En esencia, estos nacionalismos son una respuesta radical a la interferencia del Estado en la vida de las comunidades. Formalmente, el discurso nacionalista hace audible el mensaje de autonomía en el espacio político nacional. La Guerra Carlista es un elemento clave para comprender cómo pasamos de pensar la política a nivel fronterizo al deseo de transformar este espacio local en un escenario nacional.
Alexandre Dupont. ‘Une internationale blanche, Histoire d’une mobilisation royaliste entre France et Espagne dans les années 1870’, páginas 330-33
ENBATA
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