Un recurso habitual del nacionalismo español en contra del catalán en su propio territorio es apelar a la mentira de una figura legal inexistente para justificar la imposición del español y el rechazo al catalán: las lenguas “cooficiales”. La falsa teoría dice que existen dos tipos de lenguas: las oficiales y las cooficiales. O, mejor aún, “la lengua oficial”, porque según ellos hay una sola, la que aparece en la Constitución, fundamento legal de la discriminación del catalán y de la imposición del español: “el castellano es la lengua española oficial del Estado”, idioma con todos los derechos, dónde está la lengua propia y dónde no. Por eso pasa por encima de todos los demás idiomas, por más que éstos sí tengan la consideración legal de lengua propia. La noción de “lenguas cooficiales” es un concepto perverso, justificativo de la imposición del castellano, que relega el catalán al rango de lengua menor o de compañía, es decir, que siempre debe ir de la mano de “la lengua oficial”. Pero, ni en la Constitución, ni en ningún Estatuto de Autonomía, aparece la mención a lenguas de carácter “cooficial”. Tanto en el País Valenciano como en las Islas Baleares hay que hablar de doble oficialidad lingüística y en Cataluña, de triple oficialidad, por el rango legal del occitano. Y, si se quiere, en los Països Catalans del sur de los Pirineos tan cooficial es el castellano como el catalán. Se trata de oficialidades independientes, es decir, que no lo son las tres siempre a la vez. Son diversas las leyes y normas que establecen que, en todo caso, si legalmente es obligatoria la presencia de un solo idioma, éste es el catalán, pero ya hace tiempo que la normativa no se cumple, que no existe una inspección regular de la rotulación e información pública, por ejemplo, para comprobar su aplicación, por lo que muchos usuarios de la lengua lo ignoran y muchos los que, también, la marginan.
La emergencia lingüística y la denuncia diaria de situaciones de discriminación del catalán indican el despertar de una cierta conciencia idiomática y la voluntad popular de poner fin a la discriminación y desprecio por nuestra lengua, que, por la dejadez de buena parte de los hablantes y por la inoperancia institucional, ha llegado a límites insoportables. Pero, si nos fijamos en las denuncias que, de un día para otro, aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales, el conflicto lingüístico por el uso del catalán se produce en la oficialidad de ida o activa, más que en la oficialidad de vuelta o pasiva. Es decir, los pacientes se quejan de que, con una impunidad total, una arrogancia indescriptible y un complejo de superioridad enorme, el médico no quiere atenderles si se dirigen a ella en la lengua propia y oficial del territorio, el dependiente no les sirve si no le hablan español, el camarero no les lleva la bebida si se les siguen solicitando en catalán y el repartidor no les da el paquete que esperan si el cliente receptor no se les dirige en español, como si en un sistema de triple oficialidad lingüística el usuario individual no pudiera elegir el idioma que le dé la gana. Con frecuencia, la práctica supremacista de imponer el uso del español en territorios donde es lengua oficial, pero no propia, se hace apelando a que el castellano es lengua oficial y el catalán, sólo “cooficial”. Fijémonos, sin embargo, que en todos estos casos lo que se niega es la oficialidad activa, de ida, del catalán, es decir, el uso de cualquier persona a utilizar el catalán en los Países Catalanes. Ni por un instante es imaginable que ocurriera lo mismo con el castellano en los territorios de la España legalmente monolingüe donde el conocimiento de su lengua es obligatorio. Hasta que aquí no hagamos también obligatorio el catalán, como todas las lenguas del mundo en su territorio, no saldremos adelante.
La situación que, hasta ahora, todavía no hemos vivido demasiado es la reivindicación de la oficialidad ‘de vuelta’, es decir, pasiva. Si la lengua es oficial tenemos todo el derecho a utilizarla en todas partes y, en consecuencia, también a ser correspondidos. Si en un restaurante no tienen la carta en catalán, pidámosla y, si no la tienen, libro de reclamaciones por incumplimiento de la ley. ¿Pero qué pasaría en un juicio si, además de expresarnos en catalán, pidiéramos también ser atendidos por los jueces? ¿Y si hiciéramos lo mismo en una comisaría de la Policía Nacional al renovarnos el DNI o el pasaporte, pidiendo que se nos hable en la lengua con la que nosotros nos dirigimos? En resumen: denuncia de quien rechace el catalán, boicot a los establecimientos discriminadores y reivindicación del catalán siempre y en todas partes. Esto o pronto escucharemos el responso…
EL PUNT-AVUI
