Gonzalo Boye
No sabemos cuál será la sentencia, pero estamos seguros de que no va a representar el cambio de rumbo jurisprudencial que pretende una desesperada España
Ahora nos queda jugar la segunda semifinal y después la final. Ya falta menos
La Comisión Europea y España corren el riesgo de parecer marcianos cuando defienden que sólo puede denegarse una euroorden si se acredita una deficiencia sistémica
La primera semifinal de la Champions, si es que se puede usar este símil, ya se ha jugado, y el resultado se conocerá en unos meses sin que eso quiera decir que no sepamos cómo ha ido el partido y qué es lo que cada equipo ha hecho y también lo que no ha hecho. España, en este caso, iba entre bien y mal acompañada, aunque esto no se haya percibido adecuadamente si no se ha estado en el terreno de juego. Por un lado, ha tenido quienes siempre le han apoyado, Polonia y Rumanía, y por otro, la Comisión Europea, que ha hecho lo de siempre: nadar y guardar la ropa. Finalmente, ni Polonia ni Rumanía intervinieron; desconocemos si fue por algún tipo de cambio en materia de política exterior o porque les causaba auténtica pereza discutir sobre un tema que no les preocupa nada, como los derechos fundamentales.
La única sorpresa del partido la dio Bélgica que, a diferencia de lo que había mantenido hasta ahora en sus observaciones escritas, cambió de posición pero sin sumarse a la del Reino de España; ese giro dialéctico fue tan sorprendente como que el ponente de la sentencia que en su día se dictará preguntara en dos ocasiones a la representante belga cuál era la razón de un cambio de posición tan inesperado. No lo explicó, pero todos los que estábamos presentes teníamos claro que algo tendrá que ver la reunión que mantuvieron hace escasos meses en La Moncloa Pedro Sánchez y el primer ministro belga. En cualquier caso, y fiel a sus planteamientos pro derechos humanos, Bélgica terminó su intervención con dos frases que desmontan cualquier acuerdo que se hubiera alcanzado en La Moncloa, ya que sostuvo que ellos seguirían tramitando las órdenes europeas de detención y entrega (ODE) conforme a lo que establece el “considerando” 12 de la Decisión Marco y que siempre, a lo largo de estos años, ha habido un diálogo constante con las autoridades españolas. En definitiva, con dos frases, Bélgica argumentaba que es posible rechazar las ODE sobre la base de la vulneración de los derechos fundamentales y desmentía a España en cuanto a que los jueces belgas nunca lo consultaron con ellos. Para nosotros, eso era suficiente, aunque llegara al final, porque tampoco esperábamos mucho más.
La Comisión Europea, órgano político por definición, siempre adopta posiciones políticas en estos casos y las reviste de una marca jurídica que hace que, en muchas ocasiones, sus planteamientos parezcan tan marcianos como los que han sostenido en su vista oral de esta semana. Me explicaré. Agarrándose a un hierro al rojo vivo para dar algún sentido a las prejudiciales del juez Llarena, la Comisión levantó una bandera a la que después se engancharon España y la fiscalía del Tribunal Supremo: la necesidad de un control en dos fases, como a paso previo a la denegación de una ODE sobre la base de riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales.
Es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido sosteniendo que se debe realizar este doble análisis, un análisis en dos fases, pero para aquellos casos en los que se alega una deficiencia sistémica o generalizada que afecte al caso concreto e impida garantizar que el afectado tendrá un juicio justo.
Nosotros nunca hemos alegado la concurrencia de una deficiencia sistémica. Razones para alegarla, tendríamos, pero es una vía que requiere unos esfuerzos probatorios ingentes y que no es necesaria para el caso de los exiliados. Nuestras alegaciones siempre se han basado en la imposibilidad, concretamente en el caso de los exiliados, de tener un juicio justo en España y que por este motivo debe ser denegada la entrega. La Comisión, España y la fiscalía sostenían y sostienen que sin acreditar una deficiencia sistémica o generalizada es imposible denegar una entrega entre Estados miembros de la Unión Europea; básicamente dicen, más o menos, que los derechos y libertades reconocidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) sólo pueden ser reclamados, defendidos y protegidos si se acredita la existencia de una deficiencia sistémica o generalizada. Obviamente, un planteamiento así deja sin valor alguno de los derechos individuales reconocidos en la Carta, y de ahí nace la perplejidad de varios jueces que insistentemente interrogaron a la Comisión y España sobre este aspecto, hasta el punto de que incluso una jueza llegó a decir que ese planteamiento era muy peligroso… Y lo es.
¿Por qué se han aferrado a este hierro al rojo vivo? Básicamente porque no les quedaba otra opción si pretendían que, aunque parcialmente, pudieran darles la razón incluso sin tenerla. Sin embargo, defender lo indefendible tiene muchos riesgos, y en la vista de esta semana han sido víctimas del primero: parecer marcianos.
Nada de lo que dijeron la Comisión, España o la fiscalía del Supremo nos sorprendió, más bien se han mantenido en su esquema y no han aportado ningún elemento novedoso, así que teníamos respuesta para todos sus planteamientos porque, en realidad, sólo se trata de un hierro al rojo vivo y lo teníamos perfectamente identificado. Nuestro planteamiento, que se sostiene sólidamente en la sistemática y constante jurisprudencia del TJUE, es muy simple y lo sintetizó mi compañera Isabel Elbal al terminar su turno de réplica: “La confianza mutua no es confianza ciega”, una frase que, mira por dónde, no es de ella sino de Koen Lenaerts, presidente del TJUE, una frase repetida en varias sentencias de las que él mismo ha sido ponente.
España, apoyada por la Comisión, está pidiendo al TJUE un giro jurisprudencial que no se producirá, y esto es así porque se trata de un tribunal serio donde no caben, al mismo tiempo, las doctrinas Botín y Atuxa para resolver una misma cuestión. No sé si España es consciente de ello, pero el representante de la Comisión, jurista brillante, es evidente que lo sabe, aunque ahora le ha tocado defender esta posición.
Nosotros, por el contrario, no pretendemos ningún cambio jurisprudencial, sino la síntesis de una jurisprudencia que ya existe pero que ahora es necesario que se centre en un tema tan relevante como el que afecta a las ODE, no sólo de los exiliados sino de cualquier ciudadano que, en la Unión, se vea afectado por este tipo de procedimientos. No sabemos cuál será la sentencia que se dictará en unos meses, pero sí podemos estar seguros de que no representará el cambio de rumbo jurisprudencial que pretende una desesperada España a la que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sólo le sirve por llenarse la boca y no como brújula de sus actuaciones diarias como Estado democrático y de derecho.
He empezado diciendo que la primera semifinal de la Champions ya se ha jugado. Queda otra y, después, la final, y estamos convencidos de que el trabajo realizado, el trabajo por hacer y la forma en que se ha abordado la lucha en el exilio y desde el exilio ha sido la correcta y la que permite al independentismo catalán, representado por los políticos exiliados, realizar la política para la que fueron elegidos. Los hierros al rojo vivo sirven para lo que sirven pero siempre es muy poco, normalmente para situaciones desesperadas o dramáticas. En esta ocasión, como en el resto de batallas pendientes en el exilio, la desesperación es una mala consejera y conduce a malas soluciones. Justamente por eso, nosotros siempre hemos actuado con una estrategia clara, con diversas tácticas, y nunca nos hemos agarrado a ningún hierro al rojo vivo ni hemos perseguido unicornio alguno. Ya falta menos.
LA REPÚBLICA
