Joan B. Culla i Clarà
Por muy críticamente que se juzgue la transición posfranquista española, convendremos que si aquel proceso hubiera empezado con una guerra africana entre España y Marruecos por la posesión del Sáhara, las cosas habrían ido infinitamente peor de como fueron. En el caso de una derrota, las fuerzas armadas que eran todavía las del Caudillo habrían vuelto a la metrópoli humilladas y rabiosas, buscando culpables civiles y traidores emboscados (como en 1898, como en 1921…), pensando solo en la revancha; y todas las artes de seducción o de engaño de un Adolfo Suárez no habrían podido convencerlas de aceptar el tránsito hacia una democracia formal. Si hubieran resultado victoriosos, los militares del 1975-76 se habrían sentido relegitimados para seguir unas décadas más gobernando España, después de haber salvado el honor nacional.
Tan imperfecta y llena de hipotecas como se quiera, pues, la democracia establecida en 1977-78 arrastra desde entonces una deuda imprescriptible con el pueblo saharaui. Ante la astuta jugada de Hassan II de desatar la Marcha Verde mientras Franco agonizaba, los ministros franquistas, los grupos dominantes y el príncipe Juan Carlos –pero también la gente de la calle, si hubiera sido consultada– prefirieron rasgar la legalidad internacional, la misma legalidad española y los compromisos adquiridos, y convertir a los saharauis de españoles en parias, dejándolos abandonados a su suerte. Seguramente es la mala conciencia por aquella traición lo que explica la neutralidad y el alineamiento con la ONU que los sucesivos gobiernos españoles han mantenido desde entonces ante la cuestión del Sáhara Occidental.
Tampoco es que esta posición de España durante cuatro décadas haya servido de gran cosa a los saharauis exiliados en Tinduf en Argelia. Pero al menos era un gesto de decencia, un reconocimiento de la vieja deuda por parte de la última potencia administradora del territorio, según el criterio de la ONU. Ahora, Pedro Sánchez ha decidido hacer de su capa un sayo, olvidar tanto la deuda histórica como el compromiso de un referéndum y abrazar las tesis de Rabat sobre la marroquinidad del Sáhara, comprándole a Mohamed VI la oferta de una ficticia autonomía. Ficticia porque la implantación masiva de colonos marroquíes en la antigua colonia española está desdibujando casi del todo su identidad. Y ficticia porque la RASD no la aceptará nunca.
Las razones de este giro son evidentes: Sánchez –no sé si aconsejado por ese genio de la diplomacia que es el eurodiputado del PSC Javi López– quiere amansar y complacer a la monarquía marroquí con la esperanza de que esto –cito un editorial reciente– “cierre el problema sobre Ceuta y Melilla y asegure la colaboración en inmigración”.
Pero es una esperanza ilusoria. El irredentismo de Rabat sobre las ciudades norteafricanas y sobre los anacrónicos peñascos e islotes que España conserva por aquellos lares es un elemento programático del régimen y del nacionalismo marroquíes, al que no renunciarán nunca. Y mientras España posea aquellas –por decirlo a la antigua– plazas de soberanía, el poder marroquí tendrá Madrid cogido por las pelotas. Basta con una orden telefónica y miles de niños y adolescentes de las provincias de Nador o de Tetuán (como se vio en mayo de 2021), o miles de inmigrantes subsaharianos que pretenden llegar a Europa se pondrán en marcha, animados por la policía de Mohamed VI, para entrar en Melilla o en Ceuta como sea. Poner al gobierno español contra las cuerdas resulta, para el poder marroquí, tan fácil y tan barato, que creer que no lo volverá a hacer es de un candor incomprensible. ¡Pero si en 2002 hubo suficiente con enviar una docena de marineros al islote de Perejil para que el gobierno de Aznar denunciara una “invasión” y se pusiera en pie de guerra!
Subsidiariamente, la reconciliación hispano-marroquí sobre las costillas del pueblo saharaui ha provocado la reacción indignada de Argelia, madrina tradicional de la RASD, rival sempiterna de Marruecos… y la primera suministradora de gas a España. En medio de la actual crisis energética, no parece la mejor de las noticias ni el efecto más deseable de un juego diplomático que al presidente Sánchez, al ministro Albares y compañía, les viene grande. Incluso si –como me había repetido bastantes veces el añorado Pere Duran i Farell en los años 1990– Argelia sigue vendiéndonos gas con un régimen islamista, con una dictadura militar… o con las relaciones Argel-Madrid bajo mínimos, incluso así, no resulta muy prudente, en plena guerra de Ucrania, con Europa intentando prescindir del gas ruso, hacer tambalear las relaciones con quien nos permite calentarnos en invierno y ducharnos y cocinar todo el año.
Sánchez Pérez-Castejón, sin embargo, sigue siendo un jugador de póquer convencido de su buena estrella por muchos saltos mortales que dé. En relación con el triángulo Marruecos-Sáhara-Argelia ha dejado de lado cualquier escrúpulo ético, cualquier responsabilidad histórica, cualquier sensibilidad a la opinión pública interna, y ha comprado la manzana envenenada del chantaje marroquí. Eso sí: nadie podrá acusarle de incoherencia o contradicción: ¿derecho de autodeterminación ejercido a través de un referéndum? ¡Ni en el Sáhara Occidental, ni en Catalunya, ni en ninguna parte! Que los malos ejemplos se extienden…
ARA
