Estas son palabras de Jorge Fernández Díaz, ministro español de Interior: “El ciberdelito y la cibercriminalidad, en sus diferentes manifestaciones, son una de las mayores amenazas que debemos afrontar. Bajo el antifaz, el disfraz o el anonimato que, en principio, dan las redes sociales se están produciendo cada vez más comentarios que incitan al odio, que hacen apología del delito, y esto es peligroso para todos, ya que al final estas cosas tienen consecuencias. Debemos poner límite. Mejor curarse en salud. Lo que es delito en cualquier lugar debe ser también en la red”.
Son palabras que suenan cuerdas y que puede suscribir muchísima gente. Quien comete un delito, sea donde sea, debe afrontar las consecuencias. Internet no puede quedar al margen. La sensación de impunidad que transmite la red favorece que individuos cobardes y acomplejados, con obsesiones enfermizas y graves problemas psicológicos y carentes de principios éticos esparzan injurias o calumnias sobre terceros que nunca dirían si tuvieran que identificarse. De todos modos, esto no es nuevo, esto siempre ha existido porque es inherente a la condición humana. La diferencia es que Internet permite hacerlo sin salir de casa o desde el ordenador del trabajo. Por suerte, para la unidad de delitos informáticos de los Mossos, es bastante fácil identificar a estos individuos enmascarados. Basta hacer una denuncia. A continuación la policía o el juez piden al medio de comunicación la IP del difamador con una captura de pantalla de su comentario -aunque haya sido finalmente retirado- y la persona difamada puede saber quién se esconde detrás del antifaz.
El problema es que Fernández Díaz es la persona menos indicada para hablar de ética, de lo contrario ya hace tiempo que habría dimitido. Estoy hablando de las calumnias vertidas sobre los presidentes Mas y Jordi Pujol por parte del diario El Mundo procedentes de falsos informes policiales con el único fin de manipular el resultado de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. Fernández Díaz, sin embargo, no sólo no ha dimitido, sino que no ha dado ninguna explicación, no ha llevado a cabo ninguna investigación, no ha cesado ni expedientado a nadie de la policía española ni ha tomado medidas contra el diario. Nada de nada. Sólo declaraciones cínicas y de burla a los principios democráticos más elementales. Es el ministro falaz.
Estas cosas demuestran, además, que las declaraciones y diligencias de Fernández Díaz contra el ciberdelito vienen motivadas únicamente por el hecho de que los comentarios en la red que festejaban el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, afectaban al PP. En este caso sí que Fernández Díaz ha corrido a tomar medidas, en este caso sí que se han localizado a los culpables y se han practicado detenciones. ¿Pero qué pasa si quien comete el delito es el mismo PP? ¿Qué pasa si el delincuente es un concejal del Ayuntamiento de Rubí, llamado Jonatan Cobo Ortega que difunde por twitter un fotomontaje con el presidente Mas vestido de oficial de las SS, comparando la independencia de Cataluña con el exterminio nazi y mostrando sello de la Generalitat y el logo de TV3 como símbolos del régimen de Hitler? Pues no pasa nada. Jonatan Cobo Ortega no sólo no ha sido detenido, sino que tampoco ha sido expulsado del partido. Todo lo contrario. Alicia Sánchez-Camacho -¿como premio?- lo paseó a su lado durante toda la campaña electoral del 2012.
¿Qué pasa también si durante la misma campaña el Partido Socialista de Mont-roig (Baix-Camp, Tarragona) cuelga un fotomontaje del presidente Mas y la imagen de Hitler en su Facebook? Pues tampoco pasa nada. Ni Fernández Díaz practica detenciones ni Pere Navarro ni el Partido Socialista determinan expulsiones. ¿Qué diligencias ha abierto el ministro español de Interior, por otra parte, contra el Partido Popular de Altafulla (Tarragonès) por haber vinculado la independencia de Cataluña con los millones de muertos del terror nazi o contra Román Piña Valls, articulista del diario El Mundo, para desear la muerte del docente Jaume Sastre, en huelga de hambre como demanda contra los ataques del gobierno de las Islas a la lengua catalana? El articulista -que titula su texto “Yo odio”- dice que celebrará que Jaume Sastre y el resto de docentes de la Plataforma que ha pedido ayuda a la Unesco “mueran de hambre, de un rayo o incluso asesinados”, y las Nuevas Generaciones del PP balear tachan de “basura” a estos docentes y piden que sean echados a un vertedero. Fernández Díaz, sin embargo, no ve apología del delito ni incitación al odio.
Será por eso que el ministro español tampoco contesta a ninguna de estas cuatro preguntas: ¿Cómo es que alegrarse de la muerte de un miembro del PP es delito y hacer apología del asesinato de un defensor de la lengua catalana no lo es? ¿Cómo es que escarnecer el PP es delito y no lo es que el PP escarnie a presidentes de Cataluña y ciudadanos de los Países Catalanes? ¿Cómo es que el Partido Socialista puede delinquir siempre que no lo haga contra el PP? Y ¿Cómo es que en todos estos casos no se han practicado diligencias, ni detenciones, ni expulsiones? No hay respuesta. Sólo el silencio del ministro falaz.
EL SINGULAR DIGITAL
