El cierre de Canal 9, por parte del gobierno del País Valenciano, es un acto de terrorismo de Estado. Es una agresión a las libertades democráticas, un ataque violento contra la conciencia y el imaginario nacionales de un pueblo y una nueva vuelta de rosca del proyecto de exterminio de la lengua catalana. Sería un gravísimo error, por tanto, considerarlo un hecho aislado, sin ninguna conexión con la ofensiva nacionalista española que el PP está llevando a cabo en el Principado, en las Islas y la Franja. Por eso no comparto que el gobierno del Principado diga que “no nos debemos meter en lo que está pasando en Valencia”, en el sentido de que es un asunto de otra jurisdicción. Si siguiéramos este patrón, no deberíamos inmiscuirnos en ningún asunto del resto del mundo. Quiero decir que esta actitud oficial no concuerda en absoluto con nuestro deseo de que otras naciones se pronuncien en favor del derecho de Cataluña a decidir democráticamente su futuro. ¿Cómo podemos pedir el apoyo de culturas más lejanas, si nosotros contemplamos con indolencia las agresiones a la nuestra? Después de todo, es España, no nosotros, quien ha puesto la frontera que llega al extremo de prohibir federarnos con Valencia. Ya nos ha faltado contundencia institucional ante el lingüicidio del Partido Popular en las Islas, y ahora parece que repetimos en el caso del País Valenciano.
Resulta confortante escuchar, sin embargo, que el presidente Mas diga que “en Cataluña esto no puede pasar” y que “debe haber una radio y una televisión públicas potentes, que, entre otras cosas, tienen el propósito de promover el uso de la lengua catalana en nuestro territorio”. Ciertamente, este era uno de los principios fundacionales de la Corporación. Y así es como lo siente la gente. Por eso ningún gobierno español podrá cerrar nunca Televisió de Cataluña y Cataluña Ràdio. No podrán porque la sociedad catalana quiere estas emisoras. Podrá criticar diversos contenidos tanto como sea necesario, pero se las ama. Y esto crea un poderosísimo vínculo afectivo que las protege. Las protege a ambas: emisoras y sociedad. Otra cosa es que la previsión de su cierre forme parte desde hace ya mucho tiempo del proyecto españolizador de la FAES. De hecho, si la españolización de Cataluña hubiera tenido éxito, el PP no habría cerrado Canal 9 ni estaría aniquilando la lengua catalana en las Islas. Ya no tendría ninguna necesidad. Pero Cataluña, a pesar de sus muchos defectos y la españolización que ha sufrido en los últimos tres siglos, es una potencia que irradia una gran fuerza de ánimo al resto de los Países Catalanes y les hace sentir que no están solos, la que los alienta a no desfallecer en la defensa de sus derechos y de su lengua. He aquí por qué tenemos que vivir como una agresión directa a nuestra identidad el cierre de la radio y la televisión públicas valencianas.
Hay que tener presente, además, que el cierre de los repetidores de Acción Cultural, que permitían ver Televisión de Cataluña en el País Valenciano, se realizó antes del cierre de Canal 9 para hacerlo después, es decir, a partir de ahora, sería percibido, incluso por las almas más cándidas, como lo que es realmente: la actualización de los nunca derogados los Decretos de Nueva Planta en virtud de los cuales la nación catalana debe someterse a las leyes, a los usos y a la lengua de Castilla. En el siglo XVIII no había televisión y no era posible entrar en todos los hogares catalanes para someterlos a un españolizador lavado de cerebro. Todo iba mucho más lento. Hoy en día, en cambio, mediante las cadenas que emiten desde Madrid, el imaginario de Castilla entra hasta la cocina. No es extraño, pues, que tengan proyectado el cierre -o el paso a manos privadas castellanas- de nuestras emisoras. Lo hacen por razones económicas, para repartirse el espacio comunicacional catalán, y por razones ideológicas, para borrar la conciencia de nuestra identidad. Y el plan para cerrar TV3 consiste en expoliar Cataluña hasta la asfixia, una asfixia gracias a la cual el gobierno español pueda tachar a nuestro país de derrochador y obligarle a eliminar gastos ‘sin razón de ser’. Y ya sabemos que para España, todo lo que no forma parte del espíritu de Castilla, no tiene ninguna razón de ser. Será necesario, por tanto, que no bajemos la guardia.
Otro elemento de esta ofensiva es el cultivo de la catalanofobia en España. Se trata de crear en ese país un estado de opinión en sintonía con las medidas represoras del ejecutivo de Mariano Rajoy y de acomplejar, por minoritarias, las voces españolas favorables al derecho a decidir de los catalanes. En este sentido, ha estado muy acertado el gobierno catalán iniciando acciones legales contra las cadenas Intereconomía TV y 13TV, tanto por la praxis catalanofóbica de sus emisiones, como por las equiparaciones reiteradas entre la independencia de Cataluña y el nazismo y la apología de la violencia contra entidades identificadas con el proceso catalán. Para Mariano Rajoy, en cambio, denunciar estas emisiones es “un disparate”, ya que, según él, “coinciden con la opinión de la inmensa mayoría de españoles”. Es decir, que Rajoy no sólo justifica la catalanofobia, sino que le da rango de normalidad en la mayoría de la sociedad española.
Digamos finalmente que el cierre de Canal 9 sólo es el banco de pruebas del plan previsto contra Cataluña. Es un cierre que podemos definir como terrorismo de Estado, porque constituye un ataque esencialmente violento contra uno de los principios básicos de la democracia, que es el derecho a la información, y también contra la lengua y la cultura de un pueblo, en este caso la lengua catalana y el pueblo valenciano. Creen que eliminando la lengua catalana de la vida pública, invisibilizándola mediáticamente y reduciéndola al ámbito familiar controlarán el pensamiento de la gente y la españolización será pan comido. Por suerte, no se saldrán con la suya. Ellos no lo saben, pero no lo lograrán. Sin embargo no habría que caer en la trampa de personalizar la operación en la figura del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Fabra no es más que un muñeco de la Moncloa, sólo es el brazo ejecutor del gobierno español en Valencia. La orquesta la dirige desde Madrid el PP, y la partitura está escrita por la FAES.
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