En una de las últimas entrevistas que se le hicieron a Nicolae Ceausescu antes de su derrota, un periodista occidental le preguntó cómo podía justificarse el hecho de que los ciudadanos rumanos no pudieran viajar libremente al extranjero, cuando la Constitución garantizaba la libertad de circulación. Respondió al más puro estilo del sofismo estalinista: “Cierto, la Constitución garantiza la libertad de movimiento, pero también garantiza el derecho a un hogar seguro y próspero. Así que nos encontramos ante un posible conflicto de derechos: si a los ciudadanos rumanos se les permitiera salir del país, la prosperidad de su patria se vería amenazada. En esta situación, es necesario hacer una elección entre ambos, y el derecho a una patria próspera, segura, claramente goza de prioridad…
Parece ser que este mismo espíritu sigue vivo en Estonia. El mes pasado, el Tribunal Constitucional dictaminó que un referéndum sobre la legislación para crear un “banco malo” sería inconstitucional – lo que en términos prácticos se traduce en la prohibición de una votación popular sobre el asunto. El referéndum había sido propuesto por los sindicatos que cuestionan la política económica del gobierno neoliberal, y la propuesta contaba con las firmas suficientes para que fuera obligatorio.
La idea del “banco malo” se basa en tener un lugar al que transferir la totalidad de los activos tóxicos de los principales bancos, los cuales son luego rescatados con dinero del Estado (es decir, a costa de los contribuyentes). De este modo se impide cualquier investigación seria sobre quién es el responsable de estos activos tóxicos. Esta medida, debatida durante meses, contaba con la desaprobación general, incluso de especialistas financieros. ¿Entonces, por qué prohibir el referéndum? En 2011, cuando el gobierno de George Papandreu en Grecia propuso un referéndum sobre las medidas de austeridad, hubo pánico en Bruselas, pero incluso allí nadie se atrevió a prohibirlo directamente.
Según el Tribunal Constitucional esloveno, el referéndum “habría provocado consecuencias inconstitucionales”. ¿Cómo? El tribunal reconoció el derecho constitucional a un referéndum, pero afirmó que su ejecución podría poner en peligro otros valores constitucionales que deben ser priorizados en una crisis económica: el funcionamiento eficiente del aparato estatal, especialmente en la creación de condiciones para el crecimiento económico, la realización de los derechos humanos, especialmente los derechos a la seguridad social y la libre iniciativa económica.
Resumiendo, al evaluar las consecuencias del referéndum, el tribunal consideró como verdad absoluta que no obedecer los dictados de las instituciones financieras internacionales puede conducir a una crisis política y económica, y por lo tanto que es inconstitucional. Para decirlo sin rodeos: puesto que obedecer esos dictados es condición sine qua non para mantener el orden constitucional, tienen prioridad sobre la constitución (y eo ipso sobre la soberanía del Estado).
Eslovenia puede ser un país pequeño, pero esta decisión es un síntoma de una tendencia mundial hacia la limitación de la democracia. La idea es que, en una situación económica compleja como la actual, la mayoría de la gente no está capacitada para decidir – no son conscientes de las consecuencias catastróficas que se derivarían si sus demandas fueran satisfechas. Esta línea de argumentación no es nueva. En una entrevista que le hicieron hace un par de años, el sociólogo Ralf Dahrendorf relacionó la creciente desconfianza en la democracia con el hecho de que, después de un cambio revolucionario, el camino hacia una nueva prosperidad es un “valle de lágrimas”. Tras el fracaso del socialismo, no se puede pasar directamente a la abundancia de una economía de mercado exitosa: la seguridad y el bienestar social, aunque limitado, ha de ser desmantelado, y estos primeros pasos son inevitablemente dolorosos. Lo mismo ocurre con Europa occidental, donde el tránsito desde el Estado de bienestar posterior a la segunda guerra mundial a la nueva economía global implica renuncias dolorosas, menos seguridad, atención social menos garantizada. Para Dahrendorf, el problema reside en el hecho de que este camino doloroso a través del “valle de lágrimas” dura más que el tiempo transcurrido entre elecciones, por lo que la tentación de posponer los cambios difíciles para conseguir réditos electorales a corto plazo es tentadora.
Para él, el paradigma aquí es la decepción de los países post-comunistas con los resultados económicos del nuevo orden democrático: en los gloriosos días de 1989, equiparaban la democracia a la abundancia de las sociedades de consumo occidentales. Ahora, 20 años más tarde, y sin haber conseguido dicha abundancia, culpan a la propia democracia.
Desafortunadamente, Dahrendorf no presta atención a la tentación opuesta: si la mayoría se resiste a los cambios estructurales necesarios en la economía, no sería una conclusión lógica que una élite ilustrada tomara el poder, incluso por vías no-democráticas, para hacer cumplir las medidas necesarias y así sentar las bases para una democracia verdaderamente estable?
En este sentido, el periodista Fareed Zakaria señala que la democracia sólo puede funcionar en los países económicamente desarrollados. Si los países en vías de desarrollo son “prematuramente democratizados”, el resultado es un populismo que termina en catástrofe económica y en despotismo político – no es de extrañar que los países del tercer mundo económicamente más exitosos (Taiwán, Corea del Sur, Chile) adoptaran la democracia plena sólo después de un período de gobierno autoritario. Además, ¿no proporciona esta línea de pensamiento el mejor argumento a favor del régimen autoritario en China?
Lo que diferencia a la situación actual es que, con la crisis financiera que comenzó en 2008, esta misma desconfianza en la democracia – antaño limitada al Tercer Mundo o países post-comunistas en desarrollo – está ganando terreno en el Occidente desarrollado: lo que hace un par de décadas era consejo condescendiente para otros, hoy en día nos concierne a nosotros mimos.
Lo que ha quedado claro es que esta crisis es la prueba fehaciente de que no es el pueblo, sino los propios expertos los que no saben lo que están haciendo. En el oeste de Europa estamos asistiendo a una creciente incapacidad de la élite gobernante – cada vez saben menos sobre cómo gobernar. Fíjense en cómo Europa se está ocupando de la crisis griega: presionando a Grecia para que pague las deudas, pero al mismo tiempo, arruinando su economía a través de medidas de austeridad impuestas y así asegurarse de que la deuda griega nunca será reembolsada.
A finales de octubre del año pasado, el propio FMI publicó investigaciones que muestran que el daño económico de las agresivas medidas de austeridad puede ser hasta tres veces más grave de lo que se ha dicho, por lo que anula su propio consejo sobre la austeridad en la crisis de la eurozona. Ahora el FMI admite que forzar a Grecia y otros países agobiados por la deuda a reducir sus déficits demasiado rápido sería contraproducente, pero sólo después de que cientos de miles de empleos se hayan perdido a causa de estos “errores de cálculo”.
Y ahí reside el verdadero mensaje de las “irracionales” protestas populares en toda Europa: los manifestantes tienen muy claro qué es lo que no saben y no pretenden tener respuestas rápidas y fáciles; pero, sin embargo, lo que su instinto les está diciendo es totalmente cierto – que los que están en el poder tampoco lo saben. En la Europa actual, los ciegos guían a otros ciegos.
