La expresión más escuchada a los políticos españoles en torno al denominado conflicto vasco es que nos encontramos en un Estado de derecho. El presidente de la provincia española de Navarra afirma, no obstante, que deben ser marginados política y socialmente quienes no comulguen con el actual marco institucional de la C.F.N. Este planteamiento contradice frontalmente lo que pretende ser un Estado de derecho contemporáneo.
El derecho a plantear un sistema legal que se reclame de la libertad de los individuos y colectividades concede por sí mismo la legitimidad para obtener el reconocimiento general de los auténticos demócratas y para poder organizar cualquier sociedad libre. La rotundidad con la que acostumbra a expresarse el señor Sanz muestra las profundas raíces de intolerancia, carencia de pluralismo y escasez de libertad que existe en el vigente sistema jurídico español. Otras formas de expresarse son más sutiles, pero igualmente peligrosas. Aprovechando la nefasta imagen de E.T.A. el sistema institucional español –respaldado por la mayoría social, también española- persigue la condena de los mismos planteamientos soberanistas navarros, expresados de cualquier manera. El todo es E.T.A. se ha generalizado como práctica que afecta a organizaciones políticas y de la sociedad civil, sin que tenga lugar la unidad orgánica y estratégica –al igual que de principios- entre las organizaciones acusadas de colaboración.
El principio fundamental de responsabilidad jurídica se refiere a la ejecución concreta de acciones llevadas a cabo por un individuo u organización concreta, claramente diferenciada y definida respecto de otra cualquiera. Incluso la responsabilidad jurídica no rebasa el plano personal en los actos concretos, particularmente si éstos se refieren a la comisión de delitos de mayor o menor gravedad. Es igualmente diferente la responsabilidad a la hora de estar integrado en una organización manifiestamente delincuente, que con la comisión del delito concreto. La atribución de responsabilidad a individuos u organizaciones sin vínculo de unión con quienes ejecutan atentados constituye una aberración, porque se juzga de intenciones o sobre valores. En el plano civil las responsabilidades se limitan a las organizaciones concretas y en ningún caso se traspasan de una a otra, con independencia de la negligencia o mala gestión de individuos que pertenecen a las mismas organizaciones. La vinculación por causa de delito de personas que ni lo ejecutan, ni pueden planificarlo, es de mucha menor entidad. Lo único que se puede achacar a quien no pertenece a una determinada organización es que esté de acuerdo con el delito mismo. De establecer una norma legal que convirtiera en delincuente a quien acepta y aun se alegra por la comisión del delito, quedaría implicada como tal una parte muy importante de la población. Por lo demás es conocido que el castigo busca la disuasión y no puede aplicarse a quien no ha delinquido, ainque sea por temor al mismo castigo.
El sistema jurídico español ha traspasado la raya de lo correcto en este terreno con la promulgación de la ley de partidos. El objetivo final de esta medida española es impedir la libre manifestación de los planteamientos soberanistas navarros. De hecho lo que se persigue abiertamente ahora no es la connivencia con una organización armada, sino la coincidencia en determinados objetivos con la denominada organización terrorista. Esos objetivos no son otros que la reclamación de la soberanía del Estado Navarro; objetivos que pueden buscarse sin recurso directo a la violencia. En definitiva se condena la búsqueda de la libertad de una colectividad que se siente violentada por parte de España y Francia.
La ley aquí comentada se encuentra viciada desde su origen por responder a la persecución de una determinada acción política y no por el fin de impedir y castigar delitos concretos con independencia de quién sean sus autores. Las segundas intenciones que aparecen en un legislador son la muestra definitiva de la no existencia de un Estado de derecho. Deberían tener en cuenta este principio quienes apoyan la postura del Estado español, porque es incuestionable que esa ley se ha hecho con la finalidad de impedir que la sociedad manifieste su apoyo y sea representada por la denominada Izquierda abertzale. Así lo manifestó su impulsor el expresidente del Gobierno español Aznar y de la misma manera se expresan los actuales dirigentes de España, los del P.S.O.E de Zapatero. Todos rechazan la legalización política de la antigua Batasuna, por considerar que aprueba a E.T.A. en su fuero interno.
Se proclama que la ley únicamente sanciona el apoyo de la violencia. Cuesta creer que una sociedad como la española, que ha podido digerir sin náuseas al conjunto de los criminales franquistas, tenga problemas para aceptar a quienes de una manera tan obvia se han opuesto a nazis y fascistas. Es el momento de recordar a muchos que únicamente pueden ser considerados así quienes se proclaman como tales y quienes con ellos condescienden. Desde luego, en ningún caso la izquierda abertzale. Fascistas son los grupos falangistas de todos los colores azul oscuro. La Falange nació como grupo para practicar la dialéctica de los puños y las pistolas –como lo proclamaba su mismo fundador Primo de Rivera- Estos sectores políticos tienen garantizada su legalidad en el actual marco jurídico español, no obstante sus planteamientos de acción violenta, sus principios de intolerancia y su trayectoria autoritaria y represora en todo tiempo histórico. España condesciende con ellos y los protege, a pesar de que debería aplicárseles leyes más ecuánimes que, además de ilegalizarlos, obliga a hacer recaer sobre ellos las penas legales ordinarias, incluidas la detención y prisión.
Como se ve, la memoria colectiva española es muy mala, o quizás selectiva. Por mucho empeño de los políticos y el conjunto social que España es un Estado de derecho, queda en evidencia que es un Estado perverso.
