Es tal la impronta con la que las dictaduras marcan a los pueblos, que en casos como Chile o España, el tránsito hacia una verdadera democracia, encuentra obstáculos, en la práctica insalvables.
En otro orden de cosas, el poder o el yugo de una oligarquía caciquil y ejércitos con fácil predisposición para la asonada, privaron a ambos países de espacios donde poder aprender y desarrollar, la praxis democrática.
Las declaraciones del presidente de Chile Sebastián Piñera sobre la transición, presentándola como “exitosa y ejemplar”, además de indecentes, son escandalosas. Eso sí, nada sorprendentes, en un encubridor de los crímenes de Pinochet y gran beneficiario del desmantelamiento del sector público.
El Sr. presidente, es de los que justifican el golpe, porque “con Allende, la democracia venía enferma de odiosidad, de polarización extrema y falta de diálogo”. Mantener esta visión hoy día, por muy de derechas que sea un político, más que descarada tergiversación de los hechos, resulta obsceno. Sobre todo, tras la desclasificación de los documentos de la CIA, donde se expresa sin ambages, la campaña de desestabilización, concebida y financiada por EEUU.
Son sentimientos similares, a los de tantos nostálgicos que pululan por la piel de toro y que como el Sr. Oreja, estiman que el franquismo fue un período de tranquilidad, o aún más, “de extraordinaria placidez”. Cinismo, desfachatez, olímpico desprecio para las víctimas del criminal dictador…
En ambos casos, a la hora de elaborar las respectivas cartas magnas, el procedimiento resulta tan parejo como, valga la expresión, “ademocrático”.
Son constituciones propuestas o impuestas a cuartelazos. Es decir, un obús a la línea de flotación de la democracia. No es el ciudadano quien debe someterse a las intenciones castrenses, muy al contrario, es el militar quien se plegará a los requerimientos de la ciudadanía, que en definitiva es quien financia el estamento armado.
La constitución chilena de 1980, está redactada por los golpistas pinochetistas, con la idea de garantizar su impunidad ante los crímenes de la dictadura. En palabras del escritor chileno Alfredo Jocelyn, fue este bodrio a lo que llamaron democracia.
La española, será engendrada con la anuencia de los golpistas. Una cuadrilla de “amiguetes” de circustancias, designados a dedo y estrechamente vigilados por los del viejo régimen. Una carta magna que eludió totalmente unas cortes constituyentes, que sería lo legítimamente correcto. Y corramos un tupido velo sobre la monarquía. Porque a un servidor se le figura intragable lo de casar monarquía y democracia.
En ambos casos pues, el espíritu democrático brilla por su ausencia. Ni españoles, ni chilenos pueden ir por ahí, faroleando de transiciones ejemplares.
La constitución chilena garantizaba, la aplicación de los mismos postulados económicos de la dictadura, que han convertido el país austral, en una sociedad de mercado zarandeada por la ley de la selva. Chile es el país latinoamericano donde las desigualdades sociales resultan más sangrantes, porque la clase política chilena, mantiene intacto el modelo pinochetista y la normativa antidemocrática.
Aquí, durante el franquismo, a la sombra del dictador, se consolidó una oligarquía, cuyos prebostes, son bien conocidos por todos. Esta clase privilegiada y sus delfines, sigue copando actualmente los puestos decisorios de la economía del estado, tanto en la empresa privada, como en la pública.
Esta élite, lo mismo que en Chile, bien aferrada a sus métodos y corruptelas, son directamente responsables, de las crisis y de la debacle económica. En el país americano es el agente que provoca el desequilibrio social al que hemos aludido, en el estado español, el caos que le sitúa al borde de la quiebra. Y que por muchas “hombradas” o bravuconadas deportivas- nada como fomentar la estupidez y la ignorancia de la plebe-, han situado al estado, entre los portadores del farolillo rojo de la economía europea.
Pero lo que realmente me ha motivado a diseñar este pequeño análisis, es la profunda similitud que existe en los jerifaltes políticos, a la hora de despachar el conflicto mapuche y el vasco, en cada caso.
En Chile, el conflicto surgió en el mismo momento en que se constituyó como nación. Fue cuando se ocupó militarmente la Araucanía, con la consiguiente expropiación y ocupación de tierras.
Básicamente, aunque las circunstancias y los motivos posean una mayor complejidad, es lo que históricamente sucedió y sucede en Euskalherría.
En Chile, apoyándose en una ley promulgada en la dictadura, las reivindicaciones sociales son contempladas dentro de la ley antiterrorista. De nada sirve que muchos jurisconsultos (incluso la ONU y la UE que previamente bien podía barrer su casa) hayan “avisado” al gobierno chileno, por su infame proceder. Dicen que tales leyes antiterroristas, obedecen a objetivos políticos que sobrepasan los marcos jurisdiccionales.
Y eso está pasando en Chile, con cualquier gobierno, llámese de concentración o de derechas. Porque la concordancia entre “la socialista” Michelle Bachelet y la derechona, en estos fregados, es calcada a la del PSOE, con la derecha y ultraderecha, llámese PP, dignidad y justicia, Rosa Díez o Rouco Varela…
Torturas, condenas descabelladas por puras reivindicaciones sociales, prisiones preventivas que se liquidan la presunción de inocencia, ocultación de sumarios a los letrados de la defensa, testigos “sin rostro” –encapuchados-, detención de menores etc…etc… Son algunas de las aberraciones que se están infligiendo al pueblo Mapuche. Aberraciones como el establecimiento de penas entre 30 y 103 años por ejercer una resistencia pacífica. Aberraciones como la de encausar por el mismo delito, por lo civil y por lo militar…
Es el resultado de la judicialización y criminalización de la protesta mapuche.
¿No es esta –con algunos matices- la cruda descripción de la política aplicada por los españoles en toda Vasconia?
El activista uruguayo Raúl Zibechi se pregunta: ¿Cuál es el criterio para aplicar la ley terrorista a un mapuche que arroja una piedra o un cokctail o quema un camión de una maderera que usurpa sus bosques, cuando a un huelguista por hechos parecidos- quemar un contenedor o un autobús-, se le aplica la legislación civil?
Los vascos no tendríamos ninguna dificultad en aclarar esta cuestión, desde que han convertido nuestra patria en un vacío legal. Un vacío, porque la aplicación de la jurisprudencia, en lo que atañe a la acción política, depende en cada caso de los intereses espurios del estado, o de las veleidades de jueces y fiscales, que son parte interesada en los conflictos…
Según el propio Zibechi, juzgar intencionalidades siempre ha siso una tarea delicada, algo muy propio de épocas inquisitoriales. Por aquí se ha repetido hasta la saciedad que las ideas no delinquen y cosas parecidas…Pero en vano. En nuestros lares, los carpetovetónicos se pirran por los macrojuicios contra asociaciones culturales y otros entornos…
Y a lo que íbamos, probablemente, las conclusiones que pudiéramos sacar de estos apuntes, engrosarían un dossier nada despreciable, porque las vicisitudes que han situado a nuestro pueblo, en tamaño berenjenal, son harto complejas.
Incido en el hecho de la transición, porque de haberse gestado tanto en Chile, como en Madrid…, en condiciones netamente democráticas –que ya sabemos por qué se perdió semejante oportunidad-, los parámetros políticos probablemente serían más halagüeños.
Las expectativas de una constitución, donde la última palabra habría de emitirla el ciudadano, con la garantía de que su voluntad habría de ser respetada por todos los integrantes del estado, hubieran sido bien prometedoras. Aunque tratándose de semejantes vecinos -tanto del pueblo Mapuche como del vasco-, nunca se sabe, que ambos portan la sangre y alcurnia del imperio y eso es mucho predicamento…
