EL Gobierno tiene todo el derecho a desconfiar. Pero no es ése su objetivo. No debe confundir actitud con función. No puede tomar como opción estratégica la desconfianza. La desconfianza es algo que debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones dirigidas a resolver conflictos. Pero la desconfianza paralizante no es una opción política. La única opción política es la de tomar decisiones -acompañadas con todas las reservas y cautelas que quieran- dirigidas hacia la resolución de un conflicto. Decisiones a lo mejor limitadas o sólo tácticas, pero decisiones.
El caso de la manifestación prohibida el pasado sábado en Bilbao demuestra esta increíble confusión. Sin duda, tal prohibición expresa una flagrante (y nos tememos que también miserable) vulneración de la libertad de expresión. Pero demuestra, mas sin duda todavía, una rotunda desviación política.
Conviene recordar que el objetivo del Gobierno es doble. Que ETA desaparezca y que la Izquierda Aberztale adquiera un status de legalidad que le permita concurrir en condiciones de estricta igualdad a la confrontación política, incluida por supuesto la competición electoral. La IA tiene que adoptar decisiones o tomar posiciones que faciliten ese objetivo del Gobierno. Pero -insistimos en este punto-, la legalización de la IA no es una concesión del Gobierno. Es un objetivo del Gobierno. Un gobierno no sólo garantiza, mediante medidas restrictivas, la permanencia de las condiciones democráticas. Un gobierno debe construir democracia. Y para ello deberá tomar medidas positivas. Así, está obligado a, entre otras cosas, impulsar al máximo la participación electoral a través del máximo pluralismo en la concurrencia. Impulsar quiere decir facilitar -¡ no sólo tolerar!- la presencia en la arena electoral de todas las opciones políticas. No es algo que al Gobierno no le queda más remedio que hacer. Es algo que desde su (al menos supuesto) compromiso profundo con la democracia, debe desear hacer. Y debe hacerlo. Debe tomar concretas medidas facilitadoras.
En nuestro caso tales medidas son además bastante obvias. Se trata de propiciar cauces, o momentos, o procesos en los cuales la IA profundice tanto en su opción por la exclusividad de las vías políticas pacíficas, como en su desconexión con ETA. Es evidente que tal desconexión sería conceptual y prácticamente irreversible si ETA desapareciese. Así, el Gobierno debe, y puede ya desde ahora, tomar medidas que también faciliten desde la propia ETA su proceso de autodisolución. Desde el apoyo a la presión internacional dirigida a la verificación de desarme hasta el acercamiento de presos, pasando por el inicio de conversaciones exploratorias. Pero lo que ahora nos interesa destacar son las medidas dirigidas hacia la IA. Medidas que faciliten la consolidación de sus decisiones. Por ejemplo liberar a sus dirigentes comprometidos con el proceso democrático. O impulsar sus expresiones públicas de compromiso con las vías democráticas.
Volvamos a la manifestación prohibida. En ella miembros de la IA iban a participar en un acto público convocado por diversos grupos y partidos -todos ellos inequívocamente contrarios a la violencia política- en que se reclamaban todos los derechos para todos, incluido por supuesto el derecho a la vida. Y va el fiscal -que depende del Gobierno- y pide su prohibición. Y la consigue. El Gobierno, en vez de facilitar espacios y actos públicos donde grupos relevantes de la IA puedan acrecentar y reafirmarse en sus opciones democráticas no violentas (además actos compartidos donde el compromiso con la sociedad es más riguroso), va y prohibe la manifestación. Toma ya.
Estar comprometido en serio con la democracia consiste en impulsar todo aquello que extienda, densifique, y en última instancia consolide las opciones y prácticas democráticas de los diversos -y de todos- los partidos políticos. Y en no hacer exactamente lo contrario
Por otro lado, es evidente que operar con la doctrina de la desconfianza como opción estratégica no sólo es democráticamente inaceptable, sino que además conduce a situaciones delirantes. La de prohibir por ejemplo un congreso sobre autodeterminación política en la que tenga una ponencia un concejal de Batasuna de los años ochenta. O la de rechazar el registro de una asociación de vecinos porque uno de sus miembros es la madre de un preso de ETA. Con la lógica de desconfianza perpetua no existe ninguna razón para no cometer estos desatinos, tal como ocurrió con la manifestación del sábado pasado.
Quizá el Gobierno esté abochornado de lo que ocurrió el sábado y guarde al respecto un recatado silencio, pero en general su argumento básico, y sistemáticamente repetido, es que ellos no tienen que hacer nada. Que las decisiones sólo las deben tomar ETA y la IA. Sin duda la IA debe tomar decisiones. Debe hacer y decir más cosas. Pero el Gobierno debe tomar decisiones que posibiliten las decisiones de la IA; que le confirmen que tiene sentido intensificar, reforzar sus decisiones de exclusividad política y desconexión con ETA.
Volviendo al punto de partida se pude alegar que en ocasiones la decisión política más correcta es la no decisión. Cierto. Pero no es el caso. En nuestro caso el Gobierno de momento ha tomado una decisión básica. Instalarse en la desconfianza, y desde esa decisión tomar otras decisiones derivadas. Por ejemplo prohibir manifestaciones.
Nos asalta un mal pensamiento. A lo peor el Gobierno no está tan comprometido con la construcción de la democracia. Y lo que realmente le preocupa es que la IA acceda a las elecciones con los correspondientes, previsibles e indeseables (para ellos) cambios en el Gobierno del País Vasco. Y por eso de facilitar, nada. Todo lo contrario. Bueno, ha sido sólo un mal pensamiento. Se nos pasará.
* Pedro Ibarra, Joxerramon Bengoetxea, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena, Jon Gurutz Olaskoaga
