Ha sido absuelto de la acusación de terrorismo, junto al resto de encausados
En febrero de 2003, el juez de
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las personas que dejaron en libertad condicional.
El cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se celebró recientemente en
Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de
Porque el estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado Español por no impedir la práctica de la tortura. Si en algo se diferencia un estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y respeto; es un derecho, no sólo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un “entorno” en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.
