La oficialidad española ha decidido que la C.F.N. –la Navarra residual- constituye una organización autonómica diferenciada, como consecuencia de la voluntad libremente expresada por los ciudadanos navarros. Gustan los defensores de tal planteamiento aducir los resultados electorales que otorgan la mayoría a los grupos políticos partidarios de tal solución y pretenden legitimar en ellos el actual status de la provincia española. Quizás esta argumentación parezca impecable, aunque quienes se oponen a ella desde dentro de la misma realidad provincial de Navarra, insisten en los manejos e imposiciones que rodearon -y siguen rodeando- el establecimiento del presente marco jurídico a la hora de implantarlo y mantenerlo sobre este trozo del Estado navarro.
Será conveniente recordar a quienes afirman que el caso navarro está resuelto, el proceso histórico que ha abocado a la presente situación. Al respecto resulta incuestionable que el tránsito de un Estado independiente, hasta el de simple provincia de otra nación se encuentra precedido en todos sus pasos por situaciones de imposición violenta, de la misma manera cuando se impuso a Navarra su forzada integración en la Corona de Castilla, tras la conquista de 1512, que a raíz de la supresión de su status de Reino con la supresión de su sistema institucional propio, constituido por los Fueros. El intermedio de esté proceso estuvo caracterizado por la imposición permanente del poder castellano – o Español- y el desencuentro entre las instituciones del Reyno y el poder español, hecho incuestionable que contradice cualquier afirmación de que los navarros resultaron beneficiados por la conquista. Lo mismo cabe decir de la modificación del status de Reino a provincia, que tuvo lugar en medio de graves conflictos armados, precedidos por los constantes desacuerdos y tensiones entre las instituciones navarras y las españolas.
En ninguno de los casos hubo ratificación por parte de la sociedad de unas modificaciones que fueron resultado de la imposición violenta. Y el conflicto se ha prolongado hasta el día de hoy, traduciéndose en ocasiones en situaciones de grave violencia, como sucedió a raíz de la Gamazada y de la guerra de 1936. El proceso se caracteriza por la imposición española y la persecución de quienes se resisten a aceptarla. Se pretende que el panorama ha sido modificado gracias a las transformaciones institucionales operadas en España tras la muerte de Franco y se da por bueno el conjunto de pasos que se han dado hasta el día de hoy. Pasos que han permitido la configuración de dos comunidades autónomas separadas con los territorios del estado navarro sojuzgados por el poder español.
Se ha llegado a este punto únicamente por las manipulaciones llevadas a cabo por España, apoyándose en los sectores pro-españoles que han logrado imponerse en el seno de nuestra sociedad gracias, particularmente, a la convergencia de intereses de los grupos caciquiles con los españoles. Estos elementos no se han limitado únicamente a atacar permanentemente las señas de identidad culturales y políticas de Navarra, sino que han procedido a la persecución y marginación –cuando no exterminio- de toda disidencia. El actual planteamiento del Estatuto de autonomía de la comunidad foral constituye la muestra más luminosa al respecto. Fue resultado del acuerdo entre los franquistas y los grupos políticos de la oposición franquista que aceptaron la Transición. Los poderes fácticos del Estado propiciaron una solución que impedía la configuración de una única autonomía con los territorios navarros y careció, una vez más, de refrendo social.
Quienes sostienen la legitimidad democrática de esta situación, se encuentran atados por el conjunto de compromisos en que se han implicado para legitimar, igualmente, el conjunto de la transición política española. El establecimiento de un sistema parlamentario que permitió a los franquistas la reconversión de la Dictadura en democracia, el actual sistema jurídico de la C.F.N. cumple todos los requisitos de una democracia en el pleno sentido de la expresión. Será necesario reconocer que los sectores políticos, en origen antifranquistas, que aceptaron el cambio de las formas exteriores de gobernar, lo encuentran aceptable. No tiene nada de extraño su aceptación de la actual situación de la C.F.N., que permite a España una capacidad de maniobra definitiva a la hora de tratar la cuestión vasca.
Por lo que se refiere a la situación interior de la misma C.F.N., los grupos dominantes afirman la legitimidad de la situación actual con contundencia. Parece no obstante que un sistema que se presume democrático debería configurarse en beneficio del conjunto de la colectividad. Aquí es donde chirrían con estridencia las proclamaciones de los defensores del “Amejoramiento”. No insistiré más en la manera en que fueron marginados de su elaboración los sectores políticos que reclamaban la unidad de los territorios navarros; tanto más recusable porque representaban las alternativas políticas marginadas por España tradicionalmente, aunque con particular saña durante el Franquismo. La gestión posterior del estatuto de autonomía de la C.F.N. se ha encontrado en manos de fuerzas políticas que han manifestado permanentemente su intención de impedir la reversión de la situación hacia otra de unidad de los diferentes territorios. Más arriba se ha explicado a qué instancias responden las citadas fuerzas. Lo más grave, sin embargo, son las decisiones de marginar del conjunto de la colectividad navarra a los sectores de la sociedad civil que reclaman su identidad navarra auténtica, la del Estado navarro y fuerzas políticas similares.
Nos encontramos ante una clara situación de marginamiento, política que es expresada sin ambages por U.P.N., cuando insiste en la necesidad de imponer mecanismos legales que impidan el acceso democrático de los navarros marginados a los centros de decisión de poder y administrativos en general y se niegan los recursos adecuados a los fines sociales que se pretenden llenar por esas organizaciones de la sociedad civil, cuando no se las judicializa como si desarrollaran actividades criminales.
A la hora de enjuiciar la realidad de la C.F.N., es obligado tener en cuenta este conjunto de circunstancias, que condicionan totalmente la apariencia de nuestra sociedad. En cualquier caso, también será imprescindible reconocer que no puede existir marco jurídico legítimo –ni poder- si no se ha compensado a los colectivos que han sufrido históricamente la opresión de los abusos que han sufrido. España no puede ocultar que en Navarra se ha impuesto siempre con la fuerza y mediante la violencia. Carece de cualquier legitimidad para reclamar los territorios navarros como resultado de la libre adhesión, ni pretender ratificar mediante referéndums estos territorios. Stalin también sabía hacerlo, como hoy lo hace con los saharahuis Marruecos, aliado de España.
Publicado por Nabarralde-k argitaratua
