La crisis política y el proceso independentista han dado lugar, en los últimos tiempos, a diversas iniciativas que tienen en común la voluntad de repensar el país y sus instituciones e, incluso, redactar una Constitución. Algunas son experiencias de deliberación colectiva (como, por ejemplo, Proceso Constituyente o El País que Queremos), otras son el fruto de la reflexión de pequeños grupos (como la iniciativa Constitucio.cat o la que encabeza el juez Vidal).
Esta energía creadora ya ha llegado al Parlamento. El 13 de noviembre pasado se aprobó la moción 157/X, sobre el 9-N y la apertura de un proceso constituyente, que insta al Gobierno a encargar a un grupo de trabajo “designado de forma conjunta por el Parlamento mismo y por agentes políticos y sociales representativos de la pluralidad del tejido social, el diseño de este proceso participativo, teniendo en cuenta los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) e incluyendo los mecanismos, las condiciones, el formato y los tiempos, espacios y procedimientos de debate y decisión populares sobre la redacción de unas nuevas bases constituyentes de la futura República”. Asimismo, tanto el presidente de la Generalitat como los presidentes de ERC, ICV y representantes de la CUP han expresado públicamente su voluntad de abrir un proceso participativo orientado a elaborar la futura Constitución, ya sea para ser aprobada en el próximo Parlamento o en el siguiente.
Efectivamente, la elaboración de una Constitución democrática en el siglo XXI requiere un proceso distinto al que se seguía en el siglo pasado, ya que hoy la ciudadanía está más informada y cuenta con unos niveles de formación históricamente nunca vistos. La Constitución debe ser radicalmente democrática tanto en los resultados como en el proceso, que debe ser participativo desde el origen hasta el final si se quiere legitimar socialmente el nuevo texto constitucional y ensanchar la base social favorable a la nueva República, incorporando -existen también aquellos que, de entrada, no se han manifestado a favor de la independencia pero que se pueden sentir interpelados por un proceso de definición ciudadana de un nuevo Estado. En Europa tenemos ejemplos recientes de procesos similares, como en Irlanda e Islandia o las previsiones del libro blanco en Escocia.
En todos se ha seguido un proceso que podríamos llamar -siguiendo la terminología anglosajona- de convención constitucional, que incluye diversos procedimientos democráticos, en el que cada uno aporta virtudes específicas al proceso. Sin duda, en las antípodas de la típica comisión parlamentaria o de la tradicional asamblea (parlamentaria) constituyente. Con respecto a esta metodología de elaboración de la Constitución catalana (que va más allá de la estricta redacción final del texto constitucional, ¡no debe confundirse!), actualmente desde la sociedad civil se está trabajando para buscar de unificar las diversas propuestas.
A estas alturas, y sin entrar en el debate que habrá que hacer en el seno de todas las organizaciones y actores implicados, se puede imaginar a grandes rasgos una convención constitucional de acuerdo con las diversas dimensiones democráticas a cubrir. Podría contar con cuatro fases que podrían desarrollarse a lo largo de 18 meses:
– Una fase vinculada a la democracia participativa a iniciativa de la ciudadanía activa que, de hecho, podríamos decir que ya ha comenzado: varios grupos ciudadanos se cuestionan cómo podría ser el nuevo país a iniciativa propia. Esta energía ciudadana debe ser aprovechada en fases posteriores.
– Una fase vinculada a la democracia participativa con apoyo institucional. Una vez institucionalizada, la convención debe contar con debates de vocación masiva, abiertos al conjunto de la ciudadanía y representativos de la diversidad, que acaben de perfilar los anhelos de la ciudadanía sobre la futura República.
– Una fase vinculada a la democracia representativa que trabajará a partir de las aportaciones de la fase anterior para plasmar en un texto constitucional. La implicación ciudadana debería continuar una vez el debate se sitúe en el Parlamento de Cataluña, gracias a la deliberación conjunta en comisión pública entre representantes electos y representantes de la diversidad ciudadana escogidos por sorteo estratificado, que reflejen la realidad social del país. Esta comisión debería hacer encargos específicos a los expertos para conseguir un articulado de alta calidad técnica, sujeto a un estricto procedimiento de transparencia y rendición de cuentas, que refleje los anhelos ciudadanos expresados en la fase anterior.
– Una fase vinculada a la democracia directa: el texto constitucional debe aprobarse por referéndum como garantía de que el poder queda en último término en manos de la ciudadanía, con su posibilidad final de ejercer la opción de veto si no le convence el resultado del proceso. Para superar “el todo o nada” habitual en este mecanismo, y tan criticable, sería conveniente introducir la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar su apoyo, por separado, a las diversas partes que componen este texto final.
Quizás a alguien le puede parecer una propuesta maximalista. Incluso irrealizable. Se fundamenta, sin embargo, en metodologías que ya han demostrado sus virtudes en contextos de países avanzados. Hace falta, eso sí, orientar recursos (debates retransmitidos por televisión, bien estructurados, etc.). Es decir, creérselo. No partimos de cero. Y no podemos perder la oportunidad de elaborar una Constitución del siglo XXI. A través de un proceso participativo e inclusivo que dé unas bases democráticas muy sólidas al nuevo Estado.
ARA
