El 2 de marzo pasado hizo cuarenta años de la ejecución de Salvador Puig Antich. Cuarenta años durante los cuales los gobiernos sucesivos del Partido Socialista y del Partido Popular se han negado sistemáticamente a reabrir el caso para que puedan salir a la luz todas las pruebas rechazadas por el tribunal militar franquista que lo sentenció y que le habrían salvado la vida. Todas las gestiones realizadas a lo largo de este tiempo por parte de las hermanas de Puig Antich, Imma, Montse, Carme y Merçona, se han estrellado contra el franquismo enmascarado que sigue controlando la mayoría de los órganos de poder de España y contra la falta de cultura democrática de aquellos gobernantes que se han proclamado de izquierdas.
En un libro formidable titulado “Salvador Puig Antich, caso abierto”, el periodista Jordi Panyella explica con hechos, pruebas y testimonios la magnitud de aquel crimen de Estado que, como venganza por el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, condenó al garrote vil a un joven de veinticinco años que no tenía nada que ver. El régimen estaba rabioso, Franco se sabía agónico y todo el odio del Estado se puso al servicio de aquella repugnante operación. Construido casi con el suspense de una novela de espías, el libro nos va descubriendo personajes que, ya sea por imposición o por intimidación, se han mantenido en silencio todos estos años pero que ahora hablan y explican lo que vieron. En este sentido, la intriga principal del libro se centra en el catalán Enric Palau y Roig, que ahora vive en Soria y que tiene sesenta y nueve años pero que en aquella época era alférez provisional y vio como la policía ordenaba qué documentación podía ir a juicio y cuál debía quedar escondida. Recojamos una pequeña muestra:
– Sebastián Martínez Ramos, abogado: «La verdad es esta, la policía sólo tenía un objetivo: ocultar las balas que los mismos agentes dispararon el día que detuvieron a Salvador. ¡Quisieron ocultar al verdadero responsable de la muerte de Francisco Anguas!”.
– «No habían pasado seis meses desde la detención hasta que la justicia militar tuvo terminada la instrucción de la causa, el juicio, la condena, la revisión de la sentencia y se hubo consumado la ejecución del joven anarquista, una de las últimas que autorizó el gobierno presidido por el dictador».
– Mozo del Servicio Anatómico Forense de Barcelona: «”La autopsia [del policía Francisco Anguas] se hizo con el cadáver dentro de una caja de muertos que pusimos sobre una mesa de la comisaría”. […] Para el examen forense, el cuerpo del policía fue manipulado siempre dentro de la caja, situación que transporta a una imagen más propia de una película de terror -la de alguien removiendo el cuerpo de un difunto en el féretro- que a un acto médico llevado a cabo en condiciones y con plenas garantías. “Recuerdo que había mucha sangre y que la habíamos de ir retirando con un cubo y luego la tirábamos”. »
– Francesc Caminal, abogado: «Trabajamos un año en la redacción del escrito, donde básicamente formulamos la petición para pedir que el Tribunal analizara todas las pruebas que ya había en el sumario y que en su día no fueron tenidas en cuenta en el consejo de guerra. No lo aceptaron ni quisieron practicar la más mínima diligencia. Fuimos a llevarlo a la justicia europea y nos respondieron que no podían hacer nada, porque, cuando ocurrieron los hechos, España no había ratificado los convenios internacionales de protección de los derechos humanos.»
– Enric Palau i Roig, testigo: «De repente empezaron a aparecer por el juzgado unos agentes del cuerpo de policía, recuerdo dos o tres, y ellos eran los que mandaban allí y decidían qué iba el sumario y qué no iba, qué documentos se incorporaban y cuáles quedaban guardados en el armario del juzgado. Aquellos hombres me hicieron montar el sumario. “Este documento sí, éste no, éste sí, éste tampoco…”, y así hicimos dos pilas. Lo que finalmente se llevó al consejo de guerra no tiene nada que ver con lo que debería haber ido. Se montó el sumario y una vez estuvo listo se envió a Capitanía.»
La labor que ha hecho Jordi Panyella en este libro es admirable. Admirable desde el punto de vista ideológico, defendiendo la verdad y la justicia, y admirable como periodismo de investigación. Esta es, de hecho, la parte más maravillosa del periodismo, la más gratificante espiritualmente, ya que saca al profesional de las salas de prensa, donde se ve reducido a mero transmisor de mensajes políticos, y lo introduce en la realidad social o en las cloacas del Estado para que, con una necesaria dosis de idealismo, rasque sus paredes y saque a la luz la porquería que esconden. El mérito de Panyella, sin embargo, es mayor aún, ya que no estamos hablando de ningún trabajo financiado por una empresa periodística, como ocurre en las películas norteamericanas, sino que lo que se nos cuenta es el fruto de un esfuerzo solitario y al margen del horario laboral. Es cierto que difícilmente habría avanzado sin la colaboración desinteresada de algunas de las personas mencionadas, pero también lo es que estas personas no aparecen por arte de magia. Primero hay que buscarlas, luego ganar su respeto y finalmente mantener la serenidad cuando los ritmos no coinciden y la investigación se eterniza. Sobre todo si tienes todo un Estado en contra.
Esta es la razón por la que las hermanas Puig Antich han tenido que recurrir a la justicia Argentina para pedir una orden de búsqueda y captura contra el fascista José Utrera Molina, uno de los ministros que firmaron la sentencia de muerte de Salvador y que es el suegro del actual ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Hasta ahora, los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y los tribunales Supremo y Constitucional lo han impedido. Estamos hablando de España, el Estado que presiona a Argentina porque desestime el caso, el Estado del que es tan urgente que Cataluña se vaya, el Estado, en definitiva, que en pleno siglo XXI criminaliza las urnas, da medallas a nazis y continúa protegiendo los crímenes del fascismo.
RACÓ CATALÀ
