Quizás era inevitable. La proximidad de las horas decisivas y las presiones debían hacer emerger automatismos latentes, relegados por la euforia de la movilización popular y los primeros síntomas del vuelco social y político. Tal vez no se trata de poca sinceridad de algunos protagonistas políticos, sino de la dificultad de asumir una función y unas posiciones nuevas en pleno desplazamiento de la hegemonía social. Este proceso ya no lo dirige la burguesía. Ni tampoco, principalmente, sus intendentes habituales. Por eso la movilización cívica resulta tan desconcertante para los sectores conservadores de derechas y de izquierdas: por su carácter autónomo respecto a las clases dirigentes tradicionales y por su potencial transformador.
Mientras la ciudadanía movilizada por el derecho a decidir ha mantenido su intensa actividad con campañas como ‘Ara es l’hora’ (‘Ahora es el momento’) para asegurar que el 9-N pueda celebrarse, las fuerzas conservadoras, incluso las que no reniegan de ella públicamente, pero que no la sienten como necesaria han puesto en marcha nuevos mantras que permitan justificar un retroceso. Sólo hay que seguir las declaraciones de políticos veteranos “realistas” o las colaboraciones periodísticas más acostumbradas a atribuirse la perspectiva del juicio y el orden. Expresan más devoción por la ley que por la democracia. De esta manera, el “todo el mundo sabe que no se podrá hacer” y el correspondiente “ya están pensando en unas elecciones plebiscitarias” han ido ganando terreno en los últimos días y se ha rebajado en algunos sectores el firme compromiso de hacer efectivo el derecho a decidir. Queda justo un mes. Será difícil por la gran presión mediática desincentivadora. La firmeza dentro del bloque soberanista y la utilización de todos los recursos institucionales disponibles (Gobierno, Parlamento, ayuntamientos) resultarán capitales.
Estamos en medio de un contencioso crítico entre el Estado y el catalanismo. Empujada por las movilizaciones populares, una amplia mayoría parlamentaria llegó a un acuerdo para convocar a la población catalana a pronunciarse sobre su futuro. Hace 10 meses. Se fijó una fecha y una pregunta y se solemnizó el compromiso. Esta era y es la pieza política central de la legislatura, la que daba sentido al apoyo parlamentario que recibía el Gobierno. El bloque democrático soberanista afirmó: votaremos el 9-N. El Estado y sus aparatos y aliados dijeron que no. Que no podríamos votar porque no nos dejarían. Que era inconstitucional, que era ilegal y que tenían medios de todo tipo para impedirnos hacerlo.
Los catalanistas dijimos que votaríamos. El Estado dijo que no. Votar el 9-N es, pues, vital. Es ganar. No votar es perder. Y no votar por haber renunciado a las primeras presiones jurídicas recibidas es una claudicación. El Estado no ha hecho nada que no supiéramos ya hace meses que haría. La misión del Gobierno y el bloque soberanista -de todos sus actores-, de acuerdo con el compromiso adquirido, era y es asegurar las máximas garantías y las mejores condiciones de celebración de la consulta.
El reto está muy vigente. Las cosas deben hacerse bien, claro. Evidentemente. Tan bien como podamos. Pero no se hacen bien cuando no se hacen. Todo el mundo, incluyendo la tan invocada opinión internacional, entenderá que es la sistemática obstrucción del Estado la que perjudica la calidad democrática de la consulta. No la voluntad y el compromiso de las instituciones catalanas. La población convocada y la opinión internacional deben saber que el catalanismo y el gobierno catalán defienden una posición política firme; que no representan un juego de salón para obtener contrapartidas menores; que hay un proceso de cambio político en marcha, y que serán leales. Que este proceso lo queremos negociado y acordado con el Estado, pero que no es reversible. Sabemos que no nos quieren dejar votar para evitar que el apoyo mayoritario de la ciudadanía catalana se manifieste y legitime. Por eso hay que votar. Y es necesario que, mientras tanto, las declaraciones y las actuaciones de autoridades y dirigentes sean inequívocas.
Lo que es deseable es votar con las máximas garantías. Claro. Pero millones de personas queremos votar y esperamos de nuestro gobierno que extreme al máximo el esfuerzo para hacerlo posible. Después, a la vista del desarrollo de la jornada, de las condiciones efectivas de participación, de la calidad del debate que se haya podido producir, sabremos asignar el valor que corresponda a la participación y los resultados alcanzados. Pero habremos hecho un decisivo acto de soberanía. Nos habremos enfrentado al Estado que nos ha desafiado negándonos el derecho a expresarnos en las urnas sobre una cuestión fundamental: la calidad y la naturaleza de nuestra comunidad. Por dignidad. Ahora es la hora. Sin morfina.
ARA
