Hace años, cuando el debate del canon literario sacudía las universidades americanas, un colega prorrumpió en el exabrupto: “Es canónico lo que nosotros decidimos que lo sea”. La frase, que tuvo sus adeptos, era tan estúpida como el desprecio de la crítica que afecta a algunos novelistas de plató televisivo y premio literario. La literatura, como el comercio, necesita marketing, pero la cultura necesita legitimidad. Innegablemente, la crítica académica consagra, sin embargo, como la lechuza de Minerva, levanta el vuelo cuando la obra ya está hecha. No determina la fuerza ni el alcance. Un ejemplo: los hispanistas americanos han ignorado a Ramon Llull desde la fundación de la primera cátedra de estudios románicos en Harvard en 1819, sin que ello quite ni una molécula a la importancia del fraile mallorquín. Llull tendrá siempre un lugar de honor en la cultura catalana, y la existencia de esta cultura prueba que todavía hay virtud en la savia que destilan las raíces lulianas.
Así como las obras valen por sí mismas, la democracia existe a priori del Estado y la Constitución. El a priori , o sea, la idea de pacto social y la voluntad general que se deriva, quizá es un mito, o más exactamente una idea políticamente útil, pero es lo que legitima el orden jurídico en las sociedades occidentales contemporáneas. Por eso es perverso equiparar la democracia, que es un concepto facilitador, con una Constitución determinada, que es un documento restringido por las circunstancias y los objetivos de su redacción. Y aún es más perverso confundirla con una interpretación, que es un acto político y sólo será democrático en la medida que equilibre las pasiones activas en la sociedad. Democracia no es, pues, la ley -leyes también tienen las dictaduras-, sino el proceso ordenado de manifestación de la voluntad popular, y es antidemocrático secuestrar este proceso en cualquiera de sus niveles de aplicación legislativa. En California, por poner el ejemplo que tengo más a mano, el pueblo legisla mediante proposiciones de ley emanadas de la sociedad, o sea ILPs, que se votan en paralelo al proceso electoral y son vinculantes. A ningún americano se le ocurriría cuestionar el derecho de los californianos a ejercer la soberanía en los temas que afectan a la forma de vida que se quieren dar a ellos mismos, desde la política fiscal y la financiación hasta cuestiones territoriales, ambientales, educativas, jurídicas y penitenciarias, o incluso éticas, como la pena de muerte o los matrimonios homosexuales.
En ‘La nacionalitat catalana’ Prat de la Riba invitaba a los catalanes a aprovechar la experiencia de todos los pueblos, pero por encima de todo, decía, “pensemos, sintamos y obremos, vivamos y muramos únicamente como americanos”. Salvo esta última asignatura, que aún tengo pendiente, he procurado seguir la exhortación de Prat, a pesar de su impopularidad entonces y ahora. De esta impopularidad, que tiene más de hispana que de catalana, da fe del entusiasmo con que la gente corea el estribillo de L’avi (El abuelo) con añoranza colonial las noches de verano en la costa. Pero no habían pasado seis años del “desastre” que recuerda la habanera, cuando Prat comprendió el valor ejemplar de los Estados Unidos como sociedad levantada con el propio esfuerzo, la confianza en sí misma y la defensa del derecho a desarrollarse siguiendo las propias tendencias. En otras palabras, como pueblo ilustrado, según la definición de Ilustración que dio Kant.
Henry David Thoreau, uno de los escritores más individualistas de aquella Unión que Prat admiraba por su individualismo, fue a la cárcel por haberse negado a pagar impuestos a un estado que se resistía a abolir la esclavitud. Cuando Emerson lo visitó en la cárcel y le preguntó “¿Qué haces aquí dentro, Henry?”, Thoureau le respondió: “¿Qué haces ahí fuera, Ralph?” Ahora mismo, una pareja de jóvenes pretende ingresar sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana, como correspondería si Cataluña tuviera el concierto. La respuesta de la Agencia es decepcionante: la Generalitat no tiene estas competencias. Esto estos jóvenes ya lo sabían, la cuestión no era ésta sino averiguar si la sociedad civil podrá empujar al gobierno hacia donde dice que quiere ir. Antes de con el Estado, en Cataluña la democracia choca con unas estructuras locales hechas a la medida de Madrid. De estas estructuras se puede decir lo que decía Prat del provincialismo: que sacrificaba el patriotismo por las miserables migajas de la comida burocrático. A fuerza de cargar todos los riesgos a la sociedad civil, llegará el momento en que la misma retórica del gobierno dividirá a los que han asumido el derecho a decidir y a los que confunden el derecho con la legalidad vigente. Entonces alguien, desde dentro del círculo cada vez mayor de los que luchan por ejercer ese derecho, le podrá preguntar al presidente: Artur, ¿qué haces ahí fuera?
