Hace algunos meses, las redes sociales se vieron inundadas de debates y controversias en torno a la salida —más o menos forzada— de Joan Ramon Resina de Vilaweb. Resina, ensayista destacado y profesor en las universidades de Stanford y Cornell, ponía fin así a una prolongada etapa de colaboración con el citado medio digital. Un artículo suyo reciente, dedicado a la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales de Nueva York y titulado “Un alcalde musulmán”, desencadenó un episodio confuso que terminó por quebrar su relación con el diario fundado por la familia Partal-Maresma.
En dicho texto, Resina defendía una tesis compartida por un número significativo de personas: la acusación de islamofobia se ha convertido en un mecanismo para excluir del debate público a quienes sostienen una concepción racionalista de la sociedad y alertan sobre los riesgos de una deriva teocrática cuando se minimiza la influencia de una ideología fundamentalista infiltrada en las sociedades occidentales. Se trata, según el autor, de una opinión ampliamente extendida, aunque escasamente verbalizada y todavía menos formulada por escrito, dado que la etiqueta de “islamófobo” opera de facto como sinónimo de “racista”, “reaccionario” o “fascista” y conlleva la expulsión inmediata del espacio político propio y, a menudo, una suerte de excomunión civil sin posibilidad efectiva de defensa. El clima de intimidación que impera en determinados sectores de la izquierda resulta, en este sentido, particularmente asfixiante y recuerda a la época del macartismo.
Este tipo de dinámicas, en un ámbito ideológico históricamente proclive al sectarismo, se han intensificado en los últimos años como consecuencia de la ocupación de amplios espacios políticos, mediáticos, culturales e intelectuales por parte de lo que se ha dado en llamar wokismo. Conviene, no obstante, introducir una matización. El término woke, popularizado recientemente y utilizado de manera despectiva por sus detractores, constituye una etiqueta simplificadora e imprecisa que, desde la derecha, se emplea para deslegitimar de forma indiscriminada un conjunto heterogéneo de propuestas políticas. Resultaría más adecuado hablar de una izquierda cultural, posmoderna o relativista, en la que elementos emocionales y periféricos —el género, la apariencia estética, el origen étnico, los agravios específicos de determinadas minorías o el subjetivismo generalizado— han desplazado los ejes clásicos del antagonismo social: la distribución del trabajo y de la riqueza, las condiciones materiales del bienestar colectivo, el control de los medios de producción o las prioridades económicas.
En los últimos años, y bajo una influencia evidente del mundo anglosajón, cierto discurso antirracista ha cuestionado el universalismo ilustrado que había caracterizado tradicionalmente a las izquierdas. En el marco de las denominadas “guerras culturales”, se ha tendido a otorgar legitimidad acrítica a cualquier expresión cultural o religiosa ajena a la tradición occidental y a los principios humanistas consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello implica, por ejemplo, aceptar y legitimar religiones como el islam no solo desde una perspectiva teológica o filosófica, sino también en la traducción práctica de determinados preceptos: la subordinación de la mujer —con las consiguientes restricciones de libertades personales, civiles y sexuales—, la imposición de normas morales severas, la aceptación de formas de servidumbre o la incompatibilidad con el principio de igualdad.
Lejos de remitir, estos elementos se han reforzado durante el último medio siglo, incluso entre sectores significativos de las comunidades musulmanas asentadas en países occidentales. En ocasiones, ello se vincula a estrategias de vigilancia y control interno orientadas a impedir la mezcla social, cultural y personal y, con ello, a preservar relaciones jerárquicas y de dependencia importadas de los países de origen. A lo anterior se añade el influjo de predicadores financiados —no pocas veces— desde las petromonarquías del Golfo, que promueven versiones maximalistas de la religión, como el wahabismo, asociadas en la práctica a cosmovisiones totalizantes: todo se subordina a una divinidad postulada como centro del orden social, mientras que la opresión y el sometimiento a jerarquías sociales y religiosas constituyen realidades efectivas.
En el debate suscitado tras el incidente Resina–Vilaweb se ha evocado otra polémica histórica de gran calado: la que enfrentó a Jean-Paul Sartre y Albert Camus, antiguos amigos. Tanto las formas como los contenidos presentan paralelismos notables. Se trató, en esencia, de un conflicto entre la defensa de grandes construcciones ideológicas —encarnadas por Sartre y una izquierda de orientación dogmática— y la reivindicación de la libertad y la independencia individual; en el caso de Camus, ello le condujo a cuestionar dichas construcciones cuando su aplicación concreta arrollaba consideraciones éticas fundamentales. Cuando los grandes principios, en su materialización histórica, se sitúan por encima de toda ética y racionalidad, cabe preguntarse si siguen siendo realmente grandes o, incluso, legítimos.
En este sentido, resulta ilustrativa la célebre declaración de Camus en Estocolmo, cuando un periodista argelino le interpeló sobre la justicia de la causa independentista aun cuando esta implicara la colocación de bombas y la muerte de civiles inocentes. Su respuesta, convertida en referente moral, priorizaba la dimensión humana sobre la política o la religión: “Siempre he condenado el terror. Debo condenar también un terrorismo que se ejerce ciegamente, en las calles de Argel, y que un día puede alcanzar a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia”.
Resulta doloroso asistir a un conflicto moral entre dos personas a las que aprecio: Resina, en tanto que referencia intelectual, y Partal, en el plano personal. Con todo, esta fractura trasciende ampliamente a dos figuras concretas o a dos modos de abordar un problema específico. La cuestión de fondo es nítida: ¿es legítimo criticar al islamismo? La propia formulación de la pregunta resulta problemática, pues en una sociedad democrática la libertad es incompatible con el blindaje de una confesión religiosa o de prácticas colectivas que niegan la primacía del humanismo y de la libertad individual. Es, desde luego, reprobable la descalificación genérica o la discriminación sistémica contra un grupo humano. Ahora bien, criticar el uso del velo, la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres o la legitimación de la violencia extrema —por ejemplo, la decapitación de quienes exhiben caricaturas de Mahoma— no constituye un acto de racismo, sino una forma de resistencia frente a una ideología totalitaria, tal como se manifiesta en las teocracias del Golfo o en la República Islámica de Irán. El verdadero ejercicio de injusticia consiste en recurrir al comodín del racismo para desautorizar cualquier crítica al islam o al islamismo y excluir así del debate público a quienes desean participar en él.
En un contexto de creciente polarización social, en el que la emoción desplaza a la razón y el anatema sustituye al argumento, asistimos a un escenario que quienes defendemos la emancipación y la justicia social difícilmente hubiéramos anticipado. Se trata de un conflicto cultural e intelectual en torno a las prioridades de nuestro modelo civilizatorio: una moral pública basada en la neutralidad, el consenso y el universalismo, fruto de tres siglos de tradición ilustrada; o, por el contrario, una perspectiva culturalista, multicultural y relativista que, en la práctica, socava los fundamentos del racionalismo y de la Ilustración. En el primer caso, las religiones deberían relegarse al ámbito privado y evolucionar conforme al principio de primacía de la libertad y la dignidad humanas. En el segundo, las creencias particulares —con su carga proselitista y su vocación totalizadora— irrumpen en la esfera pública y generan conflictos internos capaces de disolver cualquier proyecto de convivencia común.
El problema es que una minoría dentro de la izquierda, recurriendo a estrategias de disciplinamiento propias de la política de facciones, ha logrado controlar espacios políticos, culturales y mediáticos, neutralizando la disidencia interna mediante la descalificación sistemática y el ostracismo aplicado a quienes traspasan las fronteras de la ortodoxia. El resultado es la autocensura, la inhibición o el abandono del propio campo por parte de quienes albergan dudas razonables. Lejos de constituir un éxito, este faccionalismo ha contribuido a erosionar la izquierda como alternativa viable y creíble, e incluso ha afectado a tradiciones como el anarquismo, que en ocasiones descuida sus fundamentos universalistas, liberales y humanitarios
Los ejemplos son numerosos: el Partido Demócrata bajo la hegemonía de los Clinton; el laborismo tras la conversión neoliberal de Tony Blair; o, más recientemente, la apropiación del movimiento 15-M por parte de Podemos, que desplazó reivindicaciones materiales hacia una constelación de causas periféricas, a menudo atravesadas por contradicciones significativas (por ejemplo, defender simultáneamente el feminismo y el velo islámico, entendido por muchos como símbolo de sumisión). También en el entorno más cercano, parte de la izquierda ha eludido afrontar la oportunidad histórica de ejercer la soberanía popular mediante el principio —universal— de autodeterminación, renunciando a combatir una opresión tangible: la de los Estados contra naciones que carecen de soberanía.
Esta estrategia, aparentemente victoriosa, constituye en realidad un fracaso sin paliativos. Tales tácticas han permitido a pequeños núcleos de activistas influir de manera desproporcionada en ámbitos como el académico, fijando sus reglas internas. Sin embargo, ello ha generado un creciente distanciamiento entre universidad y sociedad, así como una hostilidad cada vez mayor hacia el mundo intelectual, alimentando un antiintelectualismo que radicaliza a las derechas e impulsa una “guerra cultural” con probabilidades elevadas de éxito, aunque a un coste social considerable. En la agenda de la nueva derecha radical —o del llamado nacional-populismo— figuran políticas regresivas en el plano material y social: rebajas fiscales para las élites, desmantelamiento de programas sociales y ataques a pensiones y servicios públicos. En otras palabras, se responde a la reaccionarización de las izquierdas con una reaccionarización simétrica de las derechas. Entre ambos extremos queda un espacio cada vez más desierto, habitado por quienes seguimos defendiendo una sociedad libre, basada en la igualdad de derechos y deberes, y también libre de injerencias religiosas en la vida pública y privada.
EL PUNT-AVUI
