El Estatuto, tal como sabe todo el mundo, no fue exactamente un “acuerdo constitucional”, sino un compromiso condicionado por determinadas presiones circunstanciales: desde la veloz reorientación de la derecha hacia posiciones de la demagogia anticatalanista nunca desvanecidas en la ciudad de Valencia, hasta la identificación-confusión entre “proyecto de país” y “amenaza de la izquierda”, pasando por las retracciones y los miedos tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Presiones y condiciones que, bajo el nombre de “batalla de Valencia” u otros enunciados similares, han sido abundantemente expuestas en libros y papeles diversos, a menudo con ‘parti pris’ y ecuanimidad escasa. La realidad, sean cuales sean las explicaciones -internas y externas, accidentales o profundas, simples o complejas-, es que el Estatuto y la llegada de la autonomía no representaron la culminación de un proceso expansivo del nuevo valencianismo de los años 60, que habría ido de la ideología a la movilización y de la movilización (máxima e ilusoriamente representada por 9 de octubre de 1977) a la política, sino el resultado y la congelación de un reflujo. Una de las pruebas más contundentes es la desaparición institucional del nombre de ‘País Valenciano’ en tanto que era portador y expresión de una idea, es decir, de una representación y de un proyecto, y como vehículo de difusión y de penetración social de este proyecto, e instrumento de movilización y de adhesión. País Valenciano debió ser proscrito no por parcial y minoritario (que no lo era, al contrario: incluso fue, por amplio acuerdo, el nombre oficial del “Consejo Preautonómico” hasta la aprobación del Estatuto), sino porque era el nombre del país. No únicamente de una nueva “comunidad” entre tantas, producto de la descentralización del Estado, ni únicamente el nombre de la figura administrativa moderna de una antigua región histórica, sino el nombre de un territorio y de un pueblo con alguna forma de especificidad nacional, por poco explícita y por muy ambigua que fuera. Exactamente por eso no lo podían aceptar quienes forzaron, y fuerzan aún, su rechazo y proscripción. Así, sin el uso institucional de “País” , el proyecto de “hacer país” (de re-construir un espacio con vocación nacional) debía quedar inevitablemente desencarnado: puede existir, y puede haber voluntad de “hacer existir”, un país que se llame Comunidad?; ¿es lo mismo decir “nuestro país” que decir “nuestra comunidad”?; ¿tienen las mismas implicaciones y reverberaciones?; ¿tienen el mismo contenido conceptual y expresan el mismo sentido político? Es muy evidente que no.
Porque no se trataba de una simple modificación terminológica, sino de un golpe decisivo -con plena conciencia de los responsables, Lerma incluido- contra un proceso histórico que empezaba a dar miedo. Sin el uso público y político del nombre que había demostrado su eficacia movilizadora, la pasividad nacional y la desafección emocional quedaban perfectamente garantizadas: ¿quién puede gritar “¡Viva la Comunidad!”, en un acto o en una manifestación, con un mínimo de conmoción patriótica? ¿Quién puede creer o sentir que “la Comunidad” es su país y patria? Hay nombres que, como ciertos actos y pensamientos de la moral clásica, son intrínsecamente perversos. El nombre estatutario, es decir, el no nombre, el anti-nombre, la ausencia de nombre, la proscripción del nombre (activamente aplicada por las más altas instancias del poder autonómico desde 1982), ha sido el factor singular que más ha contribuido a empujar el país hacia la “no existencia”, es decir, a bloquear el paso de los hechos de realidad a hechos de conciencia. La pérdida del nombre significó la invalidación institucional -con todas las consecuencias- de lo más inmediato y perceptiblemente expresaba un espacio de identidad y un proyecto colectivo con posibles contenidos nacionales. Significó, por tanto, la reducción de este espacio a una demarcación básicamente administrativa, a un ámbito de gestión, a una “super-provincia” o suma de provincias definida casi únicamente por las competencias derivadas de la descentralización autonómica. Este era y es el proyecto, la idea, el propósito de los que negaron el nombre y lo siguen negando. No sólo de los que, como nuestra derecha implacable, pretenden prohibirlo, sino de aquellos (y en primer lugar de quienes tienen responsabilidad o presencia pública) que sistemáticamente lo evitan: no pronunciar el nombre de País Valenciano es también una afirmación . Una afirmación negativa, evidentemente.
EL TEMPS
