Generalmente tendemos a pensar en la corrupción en términos éticos, como un fenómeno de injusticia social, en la medida en que se proporcionan recursos a unas personas (” amiguitos del alma “) en detrimento de otras (las que no comulgan con las prácticas del partido en el poder), incluso cuando estas últimas les merecen mucho más.
También hay, sin embargo, otro punto de vista, desde el que hay que analizar la corrupción política, particularmente cuando es una práctica tan prevalente como lo es el País Valenciano (y ya sé que no la tenemos la exclusiva). Se trata del punto de vista de la eficiencia, que es especialmente relevante cuando se trata de salir de una situación de crisis económica (aceptemos -de momento- esta denominación oficial de la gran estafa que ha hecho los ricos mucho más ricos, y los otros mucho más pobres).
En las administraciones públicas profundamente corrompidas -como la valenciana- los cargos y puestos de decisión, no se otorgan en función de las capacidades y méritos de las personas, sino de su vinculación a los individuos en el poder, a los que se recompensa por favores que han hecho, o bien por favores que deberán hacer, en el futuro, al que los ha nombrado. Esto hace que el objetivo de la persona nombrada no tenga nada que ver con la gestión eficaz del sector que le corresponde, sino con la retribución del favor a su benefactor.
Los favores se retribuyen ahorrando problemas a tu superior jerárquico, lo que -a menudo- significa ocultarle la existencia de los problemas, por el procedimiento de hacer recaer las consecuencias negativas sobre la organización en su conjunto, y sobre los subordinados en particular. Obviamente, la estrategia no se puede mantener eternamente, y llega un momento en que todo peta. ¿Y qué? Quizás, en ese momento, el benefactor y el beneficiado (el colocado, habría dicho mi abuelo) ya han pasado a otro lugar, seguramente de mayor categoría, como recompensa a su fidelidad, que es la única cualidad que se toma en consideración a la hora de nombrar cargos.
Esto, evidentemente, convierte a la administración pública en una maquinaria oxidada, defectuosa y de difícil reactivación, incluso cuando reactivarla, sería beneficioso para los mismos corruptos, ya que podría permitir maquillar un poco los resultados desastrosos de su gestión.
El nepotismo (que viene de la palabra latina para ‘sobrino’) es muy común en la especie humana, y lo podemos encontrar en todas las culturas. De hecho, podemos decir sin ruborizarnos, que forma parte de la naturaleza humana actuar en beneficio de aquellos con quienes compartimos carga genética y -por extensión- de los que nos son afines.
Las sociedades democráticas, sin embargo, se supone que deben establecer límites normativos a esta práctica. En toda sociedad es normal que quien está en el poder, si tiene que designar a alguien para un cargo en el que son importantes los conocimientos de -pongamos por caso- economía, seleccione, de entre los mejores economistas del país, aquel que le es más próximo. En el caso del País Valenciano, sencillamente se ha obviado la primera condición: cuando tienen que elegir a alguien para un cargo, eligen el más amigo, con independencia de si tiene o no la menor idea de economía.
Y eso, además de ser inmoral e injusto, es sobre todo absolutamente ineficiente, e imposibilita la producción efectiva de los cambios que son imprescindibles para reactivar económicamente un sistema que ha tocado fondo, porque, como se dice popularmente, no hay pan para tantos chorizos.
