Llevo más de 20 años investigando y escribiendo sobre la Guerra Civil. He visitado prácticamente todos los archivos susceptibles de dejar huella y he entrevistado a centenares de protagonistas de aquella época. A veces tengo la sensación de que me he convertido en un detective que persigue desaparecidos imposibles y, que el resto, es puro acompañamiento.
Cuando algún joven se me acerca y me pregunta, sin dobleces, ¿dónde puedo encontrar el archivo de la represión en Navarra? la respuesta es desalentadora. En todos los casos. La investigación en Navarra ha sido ejemplar. La metodología de Altafaylla y Jimeno Jurío, pioneros en el Estado incluso, nos llevó al resto a seguir sus trazos. La respuesta a ese joven navarro que desea conocer de primera mano los datos de la represión es ya conocida por quienes llevamos años buscando pistas: los golpistas y verdugos de 1936 intentaron borrar los vestigios de sus tropelías.
Pocos son los documentos que han sobrevivido sin ser expurgados. El paradigma de la ocultación son las Instrucciones Reservadas: El objetivo, los métodos y los itinerarios, redactadas por Emilio Mola, gobernador militar de Navarra y director del golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. Todas las historias que se precien lo citan, incluso de forma extendida. El original debería estar archivado en el legajo Fernández Cordón del SHM. Pero el documento fue robado.
A partir de esta cuestión, convertida casi en anécdota, el resto es conocido. Centenares de navarros fueron ejecutados y enterrados en veredas, cunetas, caminos, bosques… De aquellos, 144 fueron llevados clandestinamente, sin conocimiento de sus familiares, al Valle de los Caídos. Decenas de los ejecutados en la Fuga de San Cristóbal, todavía reposan en fosas cercanas a Ezkaba. Hoy, 75 años después, numerosos familiares de ejecutados no tienen certeza del lugar en el que yacen los restos de los suyos.
Son más de 3.000 los ejecutados en Navarra, cerca del 1% de su población de entonces. Sus nombres se encuentran en el muro de Sartaguda, para vergüenza de muchos, para honra nuestra. La Gran Enciclopedia Navarra despreció la investigación y se asoció a los datos de un militar fascista, Salas Larrazabal, que afirmaba que 948 habían sido los navarros asesinados por Franco.
El trabajo de recuperación de esos más de 3.000 nombres, el último hace sólo unos días en Lerín, ha sido gigantesco. Merecedor del Príncipe de Viana, sin duda. La ingente tarea lo ha sido por el interés especial en ocultar el horror, ya desde aquel 18 de julio de 1936. Las fuentes han sido tan diversas que la frase anterior cobra más valor aún. Por poner un ejemplo: sólo el 42% de los fusilados en Navarra fueron inscritos en el Registro Civil.
Como es conocido, las causas seguidas contra los republicanos fueron centralizadas por el Ejército que guardó en las sedes de sus gobiernos militares centenares, miles de expedientes. A la muerte de Franco fueron vaciados los archivos de las sedes militares provinciales. En los fondos de justicia militar del Tribunal Territorial Militar Cuarto, depositados en Ferrol, Galicia, hay un fondo de Navarra. Causas anteriores a la República.
Por razones de organización militar, Navarra quedó encuadrada en el Tribunal de Justicia Militar Tercero, con sede en Barcelona. Tampoco se encuentran en la Capitanía General de Cataluña (Región Militar del Noreste) los expedientes de los navarros ejecutados tras el golpe de Estado, donde deberían estar. Tampoco en Zaragoza, subsede, donde podrían haber recabado. La Generalitat está digitalizando todos los fondos del Tribunal Tercero, tras un acuerdo con el ministerio del Ejército, excepto los navarros que han desaparecido. La Audiencia de Pamplona conserva alguna parte de ellos.
El Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, depósito de los ministerios del Estado español desde 1936, las circunstancias de su “transparencia” son aún más perversas. A partir de 1977, los responsables franquistas del ministerio de Gobernación destacaron un equipo en estos fondos que, durante meses, peinaron cientos de miles de documentos. Este grupo recibió el nombre de Comisión de Transferencias de la Administración del Movimiento (CTAM) decidiendo en última instancia lo que en los próximos años iba a ser del dominio público.
De esta manera desaparecieron la mayoría de los documentos relacionados con las represalias franquistas. Lo más escandaloso de esta estrategia de impunidad histórica reside en que de numerosas provincias españolas se mantuvo intacta la documentación, lo que ha permitido la reconstrucción del pasado, mientras que del Gobierno Civil de Pamplona, por ejemplo, esa misma documentación fue destruida.
