oCHO jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ratificaron por unanimidad que los condenados por el secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala en 1983 tuvieron un juicio justo. El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo -fue ascendido por la cúpula de Interior del felipismo, que también acabó siendo condenada por su vinculación a los GAL, cuando ya había indicios de su implicación en aquellos hechos-, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y los agentes Ángel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado Villalobos fueron los protagonistas de aquellos hechos que situaron los valores democráticas y garantistas de un Estado de derecho en las cloacas de la guerra sucia. No sólo tuvieron un juicio justo y ocasión de defenderse, sino que, pese a la gravedad de las acusaciones y el alcance de las condenas -la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional acabaron sentenciándoles a penas de entre 71 y 75 años de prisión-, todos ellos fueron excarcelados tras haber cumplido unos pocos años de cárcel. Ha pasado mucho tiempo, pero la mayoría de los asesinatos de aquel periodo de terrorismo de Estado no han sido aclarados. Ahora se cumplen 25 años del asesinato de Mikel Zabalza. Como José Luis Cano, Aniano Jiménez, Ricardo García Pellejero, Germán Rodríguez, Gladys del Estal y otros muchos asesinados por el terrorismo derechista o las actuaciones parapoliciales, Zabalza es una víctima que tiene derecho a la verdad, la justicia y la memoria. Y sus familiares a que, al menos, la responsabilidad política del Gobierno se traduzca en solicitud de perdón.
