El profesor Joseba Arregi en un reciente artículo (5/2/12 DV) fustiga a los defensores de la comunidad. A aquellos que afirman sentirse miembros de una comunidad porque tienen, con otros, un sentimiento de pertenencia asentado en compartir una determinada lengua, o una historia, o una religión, etc. El profesor Arregi, en línea con sus frecuentes arrebatos maniqueos, divide el mundo en dos partes. Por un lado, el bien absoluto representado por los ciudadanos que viven en igualdad, armonía y plenitud democrática, por que son ciudadanos universales situados por encima de las miserables comunidades. Y, por otro lado, el mal absoluto; la comunidades en las que, de forma inevitable, florece el sectarismo, la intolerancia y las guerras. Terrible.
El profesor Arregi cuando define la construcción del sentido de pertenencia en la comunidad lo hace afirmando que él mismo es constitutivamente excluyente. Hay unos miembros de la comunidad -dice el profesor- que establecen que unos determinados rasgos del grupo -la religión por ejemplo- son los únicos verdaderos y en ellos se funda la comunidad. Así, quien no los comparte debe ser relegado o expulsado. Deliberadamente no resalta en su definición la construcción y estrategia subjetiva, hoy además dominante, en la defensa y definición de las comunidades. Pensemos en las comunidades territoriales. Hoy en día las mismas se definen por el hecho de creerse -legítimamente- sus miembros que todos lo que viven en un determinado territorio son miembros de una comunidad diferenciada, por el mismo hecho de vivir en ese territorio. Miembros que exigen que tal comunidad sea reconocida como tal. Lo que quiere decir que los que forman parte de esa comunidad -los que viven en ella- tengan el derecho a decidir, por ejemplo, cómo y por quién debe ser gobernada esa su comunidad. Dos recordatorios. No nos referimos a la objetiva veracidad de las creencias, sino a su legitimidad. En principio parecería que todas las creencias colectivas son legitimas; la creencia en que existe una comunidad, la creencia en que existen unos derechos ciudadanos para todos por igual, etc.
En la opción subjetiva -los que vivimos aquí somos una nación (perdón, una comunidad) por que nos da la gana- están presentes argumentos, razones, sentimientos. En ellos se asienta y desde ellos parte, esa afirmación de ser una y no otra la comunidad diferenciada. Pero donde cristaliza y se asienta definitivamente la diferencia, lo que otorga la categoría final de pertenencia, es el vivir en un cierto territorio. Por tanto resultan imposibles prácticas de exclusión dentro de la comunidad impulsadas por específicos grupos que se autodefinen con particulares rasgos y conductas.
La verdad es que no se acaba de entender esta especie de obsesión confrontativa, cuando resulta evidente que es dentro de la comunidad y más en la medida que la misma es vivida como relevante, donde más exigentes se hacen esos derechos ciudadanos. La comunidad es el espacio de solidaridad por excelencia. Es donde el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de compartir algo -el ser todos los que viven un territorio miembros de un determinada y distinta comunidad nacional- lo que activa la solidaridad. El deseo y la práctica de lograr que todos los que viven en esa comunidad tengan todos los derechos, vivan en una comunidad más libre y más justa. Ese ‘solidario comunitario’ estará preocupado porque habitantes de remotas tierras no tengan derechos ciudadanos. Pero se sentirá comprometido con la consecución de esos derechos para los suyos, para aquellos que viven con él en un territorio y conforman una determinada comunidad. El artículo citado nos dice que la democracia se encuentra en la unidad política de los ciudadanos establecida por encima de los sentimientos de pertenencia comunitarios. La afirmación es un poco extraña, porque, como veremos, la democracia nada tiene que ver con estas abstractas y desvinculadas unidades y si mucho con las decisiones políticas que surgen en y desde la comunidad
Aunque no tratado explícitamente en este artículo, uno de los temas favoritos del profesor Arregi es el pluralismo, donde aparece como su defensor frente a los zarpazos uniformadores del nacionalismo (evidentemente del nacionalismo vasco, que es el malo). Los defensores del pluralismo exigen que grupos o comunidades que entienden la vida de una determinada y especifica manera, la puedan vivir como tal. La incoherencia es espectacular. Los mismos que defienden el pluralismo, atacan indiscriminadamente a todo lo que suene a comunidad. ¿O sólo se refieren a algunas comunidades? ¿Aquellas que presentan ‘equivocadas’ -según sus críticos- identidades colectivas? Eso se llama rigor.
En un delimitado territorio puede haber varias identidades o identificaciones comunitarias nacionales. Así ocurre en Euskal Herria. En ella, todos los ciudadanos, sea cual sea su identificación colectiva, tienen los mismos derechos y obligaciones. Así es. Y así era. Si se le pregunta a los ciudadanos si creen que la comunidad que afirman como suya exige más o un total autogobierno y este se logra, es evidente -y no hay dato alguno para pensar lo contrario- que todos los ciudadanos de ese territorio tendrán los mismos derechos cívicos y democráticos. Además el gobierno resultante después del cambio respetará el pluralismo de las identidades colectivas existentes. Y apoyará sus derechos colectivos. Entre ellos el poder defender la existencia de una comunidad nacional diferente a la mayoritaria y su consecuente derecho a promover la elección de un gobierno -o la adhesión a otro preexistente- concorde con esa comunidad que se defiende. Eso es democracia. Y eso es defender el pluralismo.
(*) Firman también este artículo Xabier Ezeizabarrena, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga, profesores de la UPV
Diario Vasco
