Los procesos independentistas se reavivan en todo el mundo y abren un nuevo ciclo político en 2026
Elecciones decisivas, posibles referendos y discursos renovados reactivan proyectos de autodeterminación que hace pocos años parecían agotados
El independentismo vuelve a emerger con fuerza en varios lugares del mundo. El proceso catalán y el referéndum escocés de hace una década fueron observados con mucha atención por movimientos de liberación nacional y autonomistas de todas partes, pero no alcanzar la independencia relegó durante un tiempo el derecho de autodeterminación a un segundo plano de la agenda internacional.
Después de varios años de desmovilización y agotamiento aparentes, ahora la situación empieza a cambiar. El debate ha reaparecido con fuerza en 2026, en territorios tan diversos como Quebec, Escocia, Gales, Alberta, Bougainville, Nueva Caledonia, el norte de Irlanda y Somalilandia, con liderazgos renovados y propuestas de elecciones de carácter plebiscitario o de consultas que hacen que la demanda de la inindependencia vuelva a ocupar una centralidad política y mediática como hacía tiempo que no se veía.
Quebec: del luto de 1995 a un nuevo referéndum
En Quebec, el independentismo ha vivido casi tres décadas en una especie de paréntesis a raíz de la derrota ajustadísima del referéndum de 1995. El resultado de entonces dejó una marca profunda en la política quebequesa y congeló durante años cualquier intento serio de reactivar la vía soberanista.
Sin embargo, este ciclo parece haberse roto. Las encuestas sitúan ahora al Partido Quebequés como clara primera fuerza y le atribuyen una mayoría absoluta en el parlamento en unas elecciones que deben hacerse, a lo sumo, en octubre de 2026. El partido ha fijado como propuesta central impulsar un referéndum antes de 2030 si llega al gobierno, en términos de todo o nada: o Quebec decide ahora o la capacidad de incidencia que tiene dentro de Canadá continuará debilitándose hasta llegar a un punto de no retorno.
Este giro se explica, en buena parte, por la dirección de Paul St-Pierre Plamondon, que ha logrado renovar el discurso soberanista. La independencia ya no se presenta sólo como una cuestión identitaria o lingüística, sino también como una herramienta para encarar la crisis de la vivienda, la emergencia climática, la precariedad juvenil y la defensa del francés en un contexto de creciente mundialización, poniendo el acento en la capacidad de decisión.
Este cambio ha conectado sobre todo con los jóvenes. A diferencia del pasado, el mayor apoyo a la independencia proviene ahora de las franjas de edad más jóvenes, donde ya es mayoritario según varios sondeos. La estrategia independentista implica, pues, una clara secuencia: primero, ganar las elecciones; después, ganar el referéndum.
Incluso el unionismo ha situado la cuestión en el centro del debate político. El Partido Liberal, que gobierna Canadá, ha convertido la amenaza de un nuevo referendo en el eje de su discurso, con un relato basado en el miedo, la incertidumbre económica y el riesgo de fragmentación. De forma discreta y sin anunciarlo públicamente, el gobierno federal ya ha empezado a preparar una estrategia de respuesta a esta eventualidad.
Escocia: unas elecciones en clave plebiscitaria
En Escocia, la independencia vuelve a situarse en el centro del debate con las elecciones de mayo de 2026. El primer ministro escocés, John Swinney, ha dejado claro que una mayoría parlamentaria del Partido Nacional Escocés (SNP) sería interpretada como un mandato democrático para reanudar el proceso independentista y exigir una negociación a Londres.
Swinney presenta la independencia como nuevo comienzo económico e institucional, con un discurso centrado en el control de los recursos energéticos, la redistribución de la riqueza y la capacidad de decidir políticas propias. Este año no se prevé acuerdo alguno para un nuevo referéndum, pero sí un nuevo embate político y un aumento sustancial de la presión sobre el gobierno británico.
El contexto es muy distinto al del referéndum de 2014. Por un lado, el Brexit ha profundizado la sensación de desconexión con Westminster, sobre todo en ámbitos como la energía, el comercio y la inmigración. Esto ha consolidado la percepción de que las decisiones fundamentales se toman fuera del país y contra la voluntad de la mayoría de escoceses.
Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo británico de 2022, que cerró la vía de una consulta sin acuerdo con Londres, obliga al SNP o bien a pactar una o bien a explorar la vía unilateral, como defiende ya una parte significativa del partido. Hay que tener en cuenta que Escocia votó mayoritariamente permanecer en la Unión Europea, que las autoridades británicas bloquean cualquier nuevo referendo y que las encuestas pronostican que la independencia podría ganar en una nueva votación.
Swinney confía también en que haya un vuelco posterior a las elecciones generales británicas de 2029. Un parlamento en Londres sin mayoría absoluta podría forzar al nuevo primer ministro a negociar concesiones constitucionales. La alternativa sería una mayoría del partido de extrema derecha de Nigel Farage, que acentuaría el giro centralizador y marcadamente pro-inglés. Este posible vuelco político en Londres podría acarrear una reacción en cadena no sólo en Escocia, sino también en Gales y en el norte de Irlanda, y abrir la puerta a un embate en favor de la autodeterminación.
Bougainville: negociar después de ganar el referéndum
En Bougainville, el proceso de autodeterminación está en una fase muy avanzada. En diciembre de 2019, el 97,7% de los votantes optaron por la independencia en un referendo acordado con Papúa Nueva Guinea que culminaba un proceso de paz que había puesto fin a una guerra de consecuencias devastadoras.
El referéndum no era jurídicamente vinculante y, según el acuerdo de paz de 2001, es necesario que el parlamento de Papúa Nueva Guinea lo ratifique y apruebe una ley de secesión. Este paso se ha ido retrasando reiteradamente, aunque ahora se ha entrado formalmente en lo que ambas partes definen como la fase final del proceso. En diciembre de 2025, el Comité Conjunto de Supervisión decidió que el resultado del referéndum fuera llevado al parlamento antes del verano de 2026, con un procedimiento que aún está por aclarar –incluyendo, si es necesario, una mayoría simple o cualificada.
El presidente de Bougainville, Ishmael Toroama, reelegido en 2025 con una mayoría abrumadora, ha reiterado que el mandato popular es inequívoco y ha fijado el primero de septiembre de 2027 como fecha límite para proclamar la independencia, incluso sin acuerdo si el parlamento de Papúa Nueva Guinea no actúa.
Las negociaciones incluyen ahora cuestiones clave como el control de los recursos mineros –sobre todo la mina de Panguna–, la capacidad fiscal, la construcción de instituciones sólidas y la necesidad de evitar una transición indefinida que amenace la estabilidad. Informes independientes alertan de que muchos mecanismos previstos en el acuerdo de paz siguen sin desplegarse mientras los plazos se acortan cada vez más.
Gales: el independentismo se prepara para gobernar
En Gales, el cambio de ciclo es especialmente significativo. Por primera vez, el Plaid Cymru encabeza las encuestas y la opción ahora más probable es que presida un nuevo gobierno tras las elecciones al parlamento de mayo. El laborismo, hegemónico durante décadas, retrocede como nunca, mientras el panorama político galés avanza hacia una pugna entre el independentismo y Reform UK, el partido de extrema derecha, unionista y marcadamente centralista de Farage.
A pesar de este giro, el Plaid Cymru, bajo la dirección de Rhun ap Iorwerth, no propone por ahora convocar un referéndum de independencia. La dirección del partido reiteró que la prioridad de un primer mandato sería gobernar, rehacer los servicios públicos y, a nivel nacional, promover un debate estructurado sobre el futuro constitucional de Gales. Este proceso incluiría una comisión permanente y un libro blanco que analizaría con detalle las implicaciones económicas, sociales, lingüísticas e institucionales de un eventual Estado galés, situando la independencia en el centro del debate.
Según las encuestas, en estos momentos cerca de un tercio de la población galesa apoya la independencia y más de la mitad se identifica como galesa sin sentirse británica. Esto hace prever que, si la autodeterminación se sitúa en el centro del debate y se convierte en una opción real –y si se consolida un viraje centralizador en Inglaterra–, el apoyo podría aumentar. En este contexto, el Plaid Cymru pediría un mandato explícito para un referéndum de cara a un hipotético segundo gobierno, es decir, la legislatura 2030-2034.
Alberta, una consulta que podría ser inminente
El caso de Alberta es distinto a todos los anteriores y, al mismo tiempo, potencialmente el más inmediato. Con un claro talante conservador, el independentismo nace de un profundo malestar con el gobierno federal canadiense, sobre todo en materia energética y fiscal, en un territorio rico en petróleo.
La autoridad electoral ha validado este diciembre la pregunta de un referendo sobre la independencia y sus impulsores disponen de cuatro meses para recoger cerca de 178.000 firmas. Si lo consiguen, el gobierno provincial estará obligado a tramitar la consulta y no existe ningún filtro constitucional previo que permita detener el proceso antes de la votación. Aunque las posibilidades reales de independencia sean limitadas, el simple hecho de que el mecanismo se haya activado demuestra una profunda crisis del federalismo canadiense.
El movimiento soberanista de Alberta rompe uno de los patrones habituales del independentismo contemporáneo: no nace de la defensa de una identidad cultural diferenciada, sino de un relato de agravio económico y soberanía reguladora. Dentro del Partido Conservador Unido, que gobierna la provincia, conviven partidarios de la independencia y sectores que sólo buscan un encaje más favorable dentro de Canadá: habría que ver con qué contundencia defendería el resultado favorable en una consulta. Las encuestas reflejan este panorama fragmentado, cuyos resultados van desde un apoyo claramente minoritario hasta una posible mayoría favorable.
Nueva Caledonia: elecciones decisivas después de un acuerdo fallido
En Nueva Caledonia, el debate sobre la autodeterminación ha vuelto al centro de la política después de un 2024 marcado por una crisis social grave, un intento de acuerdo político frustrado en 2025 y la perspectiva de nuevas negociaciones y elecciones decisivas en 2026.
Después de tres referendos –con el tercero, el de 2021, boicoteado por el movimiento independentista–, el detonante del nuevo ciclo fueron las protestas de la primavera de 2024. El origen del conflicto fue el proyecto del gobierno francés de descongelar el censo electoral para las elecciones provinciales, una reforma que ampliaba el derecho de voto a residentes llegados al archipiélago después de 1998 y que alteraba el equilibrio político en favor del bloque unionista. Los disturbios causaron trece muertos, cientos de heridos y un amplio despliegue policial, y obligaron a París a suspender la reforma.
En 2025, el gobierno francés trató de alcanzar un acuerdo político con todas las partes, con un nuevo estatus institucional, pero el bloque independentista se acabó desmarcando y la consulta prevista para febrero siguiente para validarlo fue anulada. Las elecciones provinciales también tuvieron que aplazarse y el proceso ha quedado atascado.
Así, Nueva Caledonia se encuentra ahora sin un acuerdo de mínimos, con el censo electoral congelado y con un marco institucional pendiente de redefinir. En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto una reunión con todas las fuerzas políticas el 16 de enero para reanudar las conversaciones, sin garantías de adelanto. Un factor determinante de 2026 pueden ser las elecciones provinciales, que deben realizarse antes del 28 de junio: el resultado marcará las mayorías institucionales y condicionará cualquier evolución en el proceso de autodeterminación.
Norte de Irlanda: la reunificación entra en la política institucional
En el norte de Irlanda, el debate sobre la reunificación con la República de Irlanda ha dejado de ser marginal y ha entrado de lleno en la política. Por primera vez desde la partición de 1921, el gobierno autónomo es encabezado por una primera ministra republicana, Michelle O’Neill, del Sinn Féin.
El Brexit ha sido un acelerador clave de ese giro. Rechazado por la mayoría de la población norirlandesa, ha alterado el encaje constitucional y económico del territorio y ha reforzado la percepción de que el futuro puede ser más estable dentro de una Irlanda reunificada y dentro de la Unión Europea. Asimismo, los partidos republicanos dejaron de ser minoritarios en el norte y ya disputan la mayoría parlamentaria, con una tendencia de crecimiento de la población católica. Este movimiento político va acompañado de un resurgimiento cultural notable: el aumento de la enseñanza en irlandés, la creciente presencia de la lengua en Belfast y fenómenos como el grupo Kneecap han contribuido a normalizar una identidad irlandesa plural, urbana y desacomplejada, sobre todo entre los jóvenes.
Sin fijar todavía ninguna fecha para un referéndum, el Sinn Féin ha impulsado debates tanto en el parlamento norirlandés como en la República de Irlanda. En noviembre de 2025 se aprobó en el parlamento de la República de Irlanda establecer una asamblea ciudadana sobre la unificación, elaborar un plan detallado de transición y trabajar para fijar una fecha para una eventual consulta, tal y como prevé el Acuerdo del Viernes Santo. La cuestión ya no es si se puede hablar de ello, sino cuándo y en qué condiciones se puede decidir. Y ese cambio de marco, por sí solo, ya constituye un punto de inflexión histórico.
Somalilandia: un estado ‘de facto’ en busca de reconocimiento
En diciembre de 2025, Israel dio un paso diplomático sin precedentes y se convirtió en el primer Estado del mundo que reconocía oficialmente Somalilandia. El gesto ha sacudido un consenso internacional que, durante décadas, había evitado cualquier reconocimiento formal de este territorio africano, independiente ‘de facto’ desde 1991, pero considerado jurídicamente parte de Somalia.
Somalilandia funciona como cualquier otro Estado, con gobierno propio, elecciones, moneda y fuerzas de seguridad, y con niveles de estabilidad muy superiores a los de Somalia. Sin embargo, había quedado fuera del sistema internacional por el miedo a crear precedentes en el continente africano.
El reconocimiento israelí abre una puerta –aún incierta– para que más estados puedan seguir sus pasos. El valor de Somalilandia es sobre todo geoestratégico: controla más de 700 kilómetros de costa en el golfo de Adén, uno de los más sensibles cuellos de botella del comercio marítimo mundial, clave para el tráfico entre el mar Rojo y el océano Índico. El puerto de Berbera, desarrollado con inversiones extranjeras, es otro elemento central porque puede convertirse en una alternativa logística estratégica para países como Etiopía, sin salida al mar.
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