Dicen que quien no conoce su pasado no comprende su presente. En Navarra, todos o casi todos conocemos y comprendemos que, por obra y gracia de la legislación urbanística vigente en nuestro presente, si una hace una obra sin licencia, no sólo le denuncian sino que se la derriban. Pues no siempre es así; como si hubiéramos retrocedido varias décadas en lo concerniente al uso de métodos como el Enchufe y la Vista Gorda, el Ayuntamiento de Berrioplano ni denuncia ni obliga al Ejército español a hacer los trámites requeridos, y además le legaliza graciosamente la obra consumada sin permisos en el interior del Fuerte de San Cristóbal.
En pleno siglo XXI y ante nuestros informadísimos ojos, el comandante militar no solicitó la preceptiva licencia, sino que se limitó a remitir un oficio de cortesía al alcalde informándole de que el Ejército “se disponía a iniciar unas obras de limpieza de accesos y de acondicionamiento“, eso sí, “respetando en todo momento el conjunto arquitectónico del citado Fuerte y el medio ambiente“. Para cuando los abogados del Autobús de la Memoria se dieron cuenta, la respetuosa limpieza había demolido elementos clave como la muralla que cerraba el patio del presidio, eliminando la seña de identidad más clara de lo que realmente fue desde 1934 a 1945, un penal de exterminio. El alcalde desoyó la reclamación de noviembre de 2009, y los del Autobús se fueron a los tribunales. El TAN requirió un expediente y, en junio de 2010, cuando acababa el plazo y veinte meses después de realizadas, el alcalde legalizó las obras con una resolución, la vía más rápida sin tener que debatirse ni pasar por el pleno municipal.
Que el Tribunal Administrativo de Navarra haya estimado el recurso del Autobús de la Memoria significa que hay indicios de que el Ejército se ha saltado los trámites, y el Ayuntamiento también. Triple salto sobre la propia legalidad urbanística, la Ley de Memoria Histórica y la de Patrimonio, que dice que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural como éste “procurará su conservación y deberá mejorar su comprensión histórica”. Ocultar que el Fuerte de Ezkaba fue una cárcel franquista no mejora sino que entorpece la comprensión histórica y además falsea la verdad de los más de siete mil presos que padecieron el horror de aquellos años, y que no murieron para que hoy nos demos el lujo de olvidarlos.
