Desde hace un tiempo se viene hablando del establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras. Se la suele denominar tasa Tobin por el profesor de Economía y premio Nobel de ese nombre, aunque de forma impropia, puesto que Tobin se refería exclusivamente a una tasa sobre el cambio de divisas.
El día 9 de febrero el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una moción (presentada por el PSN) a favor de la misma. No es de extrañar tanto acuerdo, puesto que el propio Mariano Rajoy se pronunció hace unas semanas en el mismo sentido. Y hay que saludar la decisión socialista en temas como este, ahora que la pérdida del Gobierno español parece haberles dado una soltura y un sesgo progresista hacia tiempo perdidos. También el Parlamento Europeo aprobó recientemente un acuerdo para estudiar el establecimiento de una tasa de este tipo. A mayor abundamiento, la última crisis entre la Unión Europea y el Reino Unido ha tenido como uno de sus detonantes precisamente esta tasa. Argumenta el Gobierno británico que solo debería hacerse si es global, mundial. El presidente Sarkozy, que en su día apoyó la idea, para desecharla posteriormente tras sufrir fuertes presiones, la ha retomado, quizá empujado por sus urgencias electorales. Lo cierto es que el consenso en torno a este asunto se va extendiendo y supera ampliamente el ámbito de las ONG o los grupos de izquierda más o menos minoritarios.
Una de las razones que se esgrimen para el establecimiento de la tasa es la necesidad de reducir la volatilidad financiera. La mayoría de los modelos teóricos elaborados para analizar el asunto, concluye que la tasa contribuiría, efectivamente, a reducir dicha volatilidad, aunque algunos lo condicionan a su tamaño. En cuanto a la evidencia empírica, es escasa y se centra en tasas similares establecidas en algunos países, así como en la relación entre costes de transacción (los costes asociados a las transacciones financieras) y volatilidad. Mayores costes de transacción conducen a una mayor volatilidad, pero queda por dilucidar si la tasa actuaría de la misma forma que los costes de transacción. En cualquier caso, discúlpese el trabalenguas, aun admitiendo que su aportación a la estabilidad de los mercados sea improbable, adecuadamente diseñada es igualmente improbable que los desestabilice.
Otro aspecto relevante es qué instrumentos gravar. Está extendida la opinión de que la base debería ser amplia, incluyendo acciones, bonos, futuros, opciones e intereses swaps (contratos de futuros). En cuanto al alcance de la tasa, se plantea el problema de la evasión, que es lo que ocurriría, dicen quienes se oponen a la tasa, si se aplica en un solo país. Evidentemente, sería preferible su aplicación generalizada o, al menos, mediante un acuerdo multilateral extenso. Pero tampoco es imposible su aplicación unilateral, al menos en ámbitos económicos amplios, como es el caso de la Unión Europea. En cualquier caso, trabajos recientes insisten en que sería factible en un solo país.
¿Cuánto se podría recaudar? Las estimaciones son muy variadas, porque dependen del tipo aplicado y de los instrumentos financieros afectados. Por ejemplo, el FMI estima que generaría una recaudación de 200.000 millones de dólares si se aplica globalmente sobre acciones, bonos y derivados, con una tasa del 0,01%. Y entre 20.000 y 40.000 millones de dólares si se aplica sobre spot (una modalidad de créditos a muy corto plazo) y derivados en las cuatro principales monedas, con una tasa del 0,005%.
Por tanto, plantearse una tasa sobre las transacciones financieras no es ninguna aberración desde el punto de vista económico, como suelen repetir precisamente quienes, desde la altura de los grandes centros de decisión financieros y empresariales, han sido los grandes beneficiarios de las medidas anticrisis. Por el contrario, es perfectamente factible, realista y, en mi opinión, deseable. Y en esto puede que hasta esté de acuerdo con Merkel y Sarkozy. El propio FMI parece haber evolucionado desde una posición negativa en relación con las posibilidades de aplicación y efectividad de la tasa a aceptar que puede ser viable.
Otra cuestión, en la que quizá no haya ese acuerdo, es la distribución del producto de dicha tasa. En origen se planteó como un mecanismo de redistribución hacia países pobres, una compensación de los desequilibrios y de la asimetría de unas reglas del juego que sistemáticamente los relegan a esa situación. Recientemente ha surgido una iniciativa para utilizar los rendimientos de la tasa para combatir la pobreza y el cambio climático, en Europa y fuera de ella. Visto desde la perspectiva de la crisis, sus responsables y sus paganos, es una cuestión, incluso, de pura justicia compensatoria. La denominación más habitual es la de tasa Robin Hood (sin ir más lejos, la página de Oxfam proporciona información sobre ello). Si sirve para alimentar el optimismo, muchos acontecimientos de los últimos tiempos han demostrado que las iniciativas populares con el lubricante de las redes sociales pueden cambiar rumbos predeterminados y superar barreras infranqueables.
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