La noche del 30 de julio varias decenas de miles de personas atravesaron a boquilla de noche el espigón del Tarajal y el de Benzú, a nado. El gobierno español habló de setenta mil entradas irregulares en cuarenta y ocho horas. Era, decían los políticos locales, el mayor episodio desde la crisis de mayo de 2021. Yo traté de explicar en esta pizarra (1) que la cosa era más sencilla y más incómoda: vimos la imagen más clara que se ha visto del hecho de que Ceuta, Melilla y los demás “presidios” –palabra que ya dice todo lo que hay que decir– son fruta que cuelga de una rama demasiado fina y que caerá cuando Marruecos la quiera dejar caer. Seguramente sin que ni siquiera haga falta ningún ejército, solo varios miles de ciudadanos.
Ésta es la primera parte de la paradoja. España sostiene su presencia en tierra africana cuyo argumento, mirado desde fuera, resulta cada vez más exótico: unos derechos adquiridos en el siglo XV y confirmados en el XIX, cuando Europa todavía se repartía continentes con la misma naturalidad con la que hoy se reparte el presupuesto comunitario. Pero el mundo ha cambiado de modo que este argumento ya no aguanta el peso que se le quiere hacer soportar.
La descolonización africana impuso ya en los años sesenta un principio limpio, sin tapujos e indiscutible: ninguna potencia europea tiene derecho a mantener enclaves en África por el simple hecho de haber llegado primero con una galera no se sabe cuándo. Tratar de defender cualquier otra posición es imposible.
La segunda parte de la paradoja es militar, y es tan clara que da vergüenza tener que explicarla. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la cláusula de defensa mutua de la OTAN, sólo se aplica a los territorios de “Europa o de Norteamérica”. Y, por tanto, Ceuta y Melilla quedan fuera. España entró en 1982 sin que nadie, ningún Estado, quisiera comprometerse a morir por una playa africana, y desde entonces cada vez que alguien ha propuesto modificar esto –Casado en 2015, Vox en 2019– la OTAN ha dicho que no. Mientras, en Estados Unidos, un comité de la Cámara de Representantes ya puso abiertamente en duda, el pasado 30 de abril, la españolidad de ambas ciudades.
Y no hace falta decir que esto no pasa por casualidad: ocurre porque Washington ha reconocido de forma vergonzosa la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, porque Israel ha hecho lo mismo a cambio de la normalización con Rabat, y porque Marruecos acaba de convertirse en el primer país árabe en desplegar tropas en Gaza dentro del plan de paz de Donald Trump –un gesto que, según quien le examina, lleva detrás un pacto tácito: más papel marroquí sobre el estrecho de Gibraltar, más margen marroquí sobre el Sáhara, y, por extensión, menos paciencia estadounidense e israelí con las pretensiones españolas.
Cuando tus teóricos aliados –lo digo por Washington– te fallan por tratado y te cuestionan por conveniencia, ya no tienes una frontera: tienes una fecha de caducidad.
Y así llegamos al corazón del asunto, a la gran paradoja, que es donde la cosa deja de ser geopolítica y se convierte en cuestión de una elegancia casi perversa. España, si quiere conservar ambas ciudades, tiene, sobre la mesa, una salida fácil, perfecta, probada y homologada a pocos kilómetros de distancia por la práctica británica: el referéndum de autodeterminación. Que voten los ceutíes y los melillenses, como votaron los gibraltareños en 1967 y 2002. Y que la inmensa mayoría –porque sería la inmensa mayoría, no nos engañemos– confirme la españolidad con cifras cercanas al 99%, como las del Peñón –donde la propuesta de soberanía compartida con España cayó con 187 votos a favor y 17.000 en contra. Esto daría a España una legitimación democrática que haría muy complicada, o mucho más complicada, la pretensión marroquí.
¿Y por qué, pues, España no hace con Ceuta lo que el Reino Unido ha hecho con Gibraltar, y que, a la vista está, le ha funcionado tan bien? La respuesta no es jurídica ni militar: somos nosotros. Es el Primero de Octubre de 2017.
Porque un gobierno español que convocara un referéndum de autodeterminación en Ceuta –aunque fuera para ganarlo por goleada, aunque fuera la mejor jugada diplomática posible– estaría admitiendo, en público, por la práctica y por escrito, que la autodeterminación es un mecanismo legítimo para resolver disputas de soberanía en el Estado español. Y eso, después de haber enviado a la Guardia Civil a incautar urnas en nuestro país, después de haber encarcelado y exiliado a un gobierno por haberlo intentado, es algo que ningún gobierno de Madrid puede permitirse, por mucho que le convenga.
La gran paradoja de Ceuta, por tanto, no es africana: es catalana. España preferirá siempre arriesgarse a perder a Ceuta y Melilla antes que reconocer el principio de que unos “españoles” puedan votar para decidir si su destino debe continuar ligado a España o no. ¿Y qué les diré yo? Lo encuentro delicioso. E interesantísimo…
(1) https://www.youtube.com/watch?v=61u4uY03dIA
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