Ya basta de que, en tertulias y columnas, dan la consulta por muerta y medio enterrada. Que querrían una retirada, en buen orden, a los campamentos de invierno del olvido. Sin novedades. La justificación principal es que queríamos una consulta con garantías. Pero el tema de fondo es quien nos ponía las condiciones para poder votar con garantías; con la boca pequeña o la zorrería de los gatos viejos, nos viene a decir que aquellas condiciones debían ser las del “trágala” de la ley española, es decir, las de la política de Estado en la que nos habíamos de acabar rindiendo sin habernos movido del sitio. Lo que, obviamente, era sabida, si lo mirábamos desde la banda española, pero que de ninguna manera había sido “interiorizada” por las instituciones catalanas. Ahora la cuestión es que no nos hemos rendido, sin movernos del lugar, sino que, en esta guerra de posiciones, las maniobras de la Generalitat (gobierno y mayoría parlamentaria del bloque soberanista) han puesto nervioso al enemigo, que ha tenido de abandonar las trincheras, arriesgándose a tener que volver atrás; y, en este tipo de tira y afloja de salida campal, el Estado no está nada seguro de ganar la primera batalla de verdad, si la ceguera prepotente no le hace creerse que las decisiones de “su” TC pueden cambiar la voluntad general expresada en las urnas y en la calle por los catalanes. En resumen: los avisos de que deberíamos emprender una retirada con buen orden, más bien serían señal de que la situación está muy indecisa, pero no en el sentido de que nosotros no sabemos qué hacer, sino en el de que son los otros, los que no saben cómo manejar la situación.
Miremos las cosas de cerca. Digan lo que digan portavoces y augures, el gobierno tiene un compromiso con su pueblo que debe cumplir, si no quiere despeñarse. Para ello, ha tenido que mover las piezas que le convenían para hacer la consulta; es claro que no era posible prever con qué movimientos respondería el Estado, salvo los más obvios (TC, fiscalía, etc), sin embargo, con estas incertidumbres, ya se podía contar: en cada curva del camino, nos esperaba la amenaza, a la que deberíamos dar respuesta según los términos en que se planteara. Fijémonos en que todavía hablamos del ámbito jurídico: instancias, recursos, providencias, etc, o sea, guerra de desgaste, de la que saldrá reforzado, tanto dentro como fuera, quien demuestre más capacidad de sufrir. Si el gobierno, por razones que ahora no podemos averiguar, no se atreve a cumplir su compromiso hasta el final, podría despeñarse, pero no arrastraría el país con él; al fin y al cabo, llevamos varios años batallando con el pueblo y dentro del pueblo para soldar una alianza interior inoxidable, demostrada con la ‘V’ de la Diada, con el día a día en distintos campos (desde las encuestas del ‘Ara es l’hora’ hasta las movilizaciones de estudiantes, manifiestos firmados por militantes de movimientos sociales, por escritores, o por profesores universitarios), y que se demostrará de muchas maneras hasta llegar al 9-N. De modo que, en caso de que el gobierno desfalleciese, por una prudencia mal entendida, o un cálculo político mezquino de la federación que le apoya, no hablemos, por favor, de retirada, sino de acampada: que el gobierno tembloroso recoja fuerzas, estudie nuevas estrategias, acapare energía para cruzar el invierno. Pero, mientras tanto, al margen de lo que haga o deje de hacer este gobierno, al que hemos otorgado una autonomía que, a tenor de lo que haga, ya podremos comprobar si no habrá sido excesiva, aún queda mucho combustible por quemar, almacenado durante estos años. Esto significa que, tanto los partidos que se muestran demasiado ambivalentes como los que sólo se contemplan en el espejo del partido de gobierno para tomar decisiones, harían bien de volverse de nuevo hacia la gente, hacia el pueblo movilizado y autoorganizado, que aún es muy capaz de quemar todo el combustible almacenado para calentarse, si el gobierno se decidiera, tristemente, a hibernar.
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