A lo largo de la historia, más lejana o más cercana, hemos visto suficientes intentos parecidos de entendimiento hispano-catalán o catalano-español, por no decir repeticiones idénticas, como para no darnos cuenta de que un acuerdo entre el Estado español y nosotros, en términos convencionales, es imposible, totalmente inviable. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo porque España no admite un pacto entre iguales. Una de las primeras ingenuidades históricas es aquella que convierte a algunos líderes políticos catalanes en una especie de misioneros democráticos y modernizadores en tierras de España, con el objetivo de asumir un cierto protagonismo público o promover alguna iniciativa que vaya en esa dirección regeneradora.
Esta opción nunca ha sido admitida con agrado ya que se les hace inaceptable una interferencia en su dinámica habitual, vista como simple intromisión en asuntos ajenos. El fracaso estrepitoso de lo que en su día se llamó “operación reformista” es un buen ejemplo de ello. Un catalán encabezó “moralmente” el proyecto, pero no logró ni un solo escaño en España, aunque sí mejoró sus resultados en Cataluña. Es decir, los únicos que se creían lo de democratizar y modernizar España -y que tenían interés en ello- eran los electores catalanes. Como su nombre ya indica, el Estado español es de España, le pertenece, y su intransigencia ideológica, su nacionalismo militante, le impide dejarle meter cucharada a nadie más que a ellos. Y nosotros no somos ellos.
Un pacto entre iguales, un acuerdo entre las distintas nacionalidades nunca ha sido posible históricamente. Menos aún si se huele, en algún momento, que, en el fondo, de lo que se trata es de modificar la correlación de fuerzas hacia una concepción más plural del Estado. A la España nacional, a la de derecha y a la de izquierda, ya le viene bien estar como está y no tiene ningún interés en que alguien de fuera le venga a decir lo que tiene que hacer, porque no admite lecciones de nada por parte de nadie, sobre todo de democracia o de modernidad, menos tratándose de catalanes. Por eso las pretensiones de algún político catalán de encabezar una alternativa unitaria de izquierda, a nivel estatal, fracasarán también. Ahora se le pueden reír las gracias sólo por los ataques a la derecha española y por las trifulcas con otro partido catalán. Pero, nada más, aunque sólo utilice el catalán en el Congreso para cargar contra otros catalanes o se refiera a España como “este país”. Es lo de siempre y volverá a serlo: el enésimo intento del catalán que quiere hacerse el simpático en España, aunque sea a base de disimular la identidad nacional de quienes, formalmente, representa.
No se trata sólo de la inviabilidad de promover con éxito una reforma catalana de España, a cambio de intervenir activamente y con cierto protagonismo en la política española, sino tampoco de alcanzar un mínimo nivel de autonomía política. Todos los cuatro intentos de mayor autonomía para Cataluña han naufragado contra las rocas, porque nunca se ha respetado la voluntad del pueblo catalán expresada en las urnas, o bien la de sus representantes democráticos. Son ejemplo de ello el intento autonómico de 1918-1919; la desfiguración del Estatuto de Núria donde se hablaba de autodeterminación y se definía a Cataluña como “Estado”; el primer proyecto de Estatuto posfranquista de 1978 y el recorte brutal de 2010 en el último Estatuto, incluso después de haber sido aprobado en referéndum, lo que propició el estallido independentista posterior.
Un pacto normal entre nosotros y ellos es imposible por completo, en los términos convencionales de un pacto, porque para ellos la normalidad consiste en que ellos mandan, tienen todo el poder y nosotros no, nosotros somos mandados. Y, con esa desproporción, ya estamos al cabo de la calle. Ellos tienen toda la fuerza del Estado y la ejercen siempre, mande quien mande. La fuerza de las leyes, de la estructura judicial, del ejército, de la policía, de los servicios de información, de la potente red diplomática, de los grandes medios de comunicación públicos y privados, etc. Tienen, pues, todas las estructuras de estado imprescindibles para emprender cualquier batalla o para hacerle frente.
Siempre que se ha obtenido algún tipo de avance por parte catalana con un pacto con fuerzas españolas, no ha sido por convencimiento ideológico sincero por parte de estas últimas, sino por pura y simple necesidad, porque no han tenido más remedio que acceder a ello para no perjudicar su situación o bien para no ser descabalgados del uso del poder. Son avances, pues, resultado de un gesto de fuerza, de fuerza parlamentaria generalmente, en un momento en que el número de parlamentarios catalanes se había convertido en imprescindible para el partido español de turno en el poder, fuera PSOE, fuera PP, a lo largo de las últimas décadas. Es donde ahora volvemos a estar.
¿Cuál es, pues, nuestra fuerza, la fuerza catalana de la que disponemos? ¿Cuáles son nuestras estructuras de Estado reales, las de verdad, aquellas con las que hemos podido contar a la hora de la verdad? La respuesta es clara: la gente, la sociedad catalana articulada como pueblo nacional, con unos intereses, complicidades, referentes y símbolos básicos compartidos por la mayoría. Así se vio y comprobó los días 1 y 3 de octubre de 2017, donde nos comportamos con una misma actitud nacional y democrática, por encima de la diversidad de matices ideológicos y proyectos políticos que legítimamente existen y existirán. Si tantísima gente fue a votar y paró Cataluña un día concreto, si cortó la autopista y ocupó el aeropuerto, si hizo un gesto de fuerza, es porque había objetivos claros, convicción nacional y coraje cívico, a pesar de todas las adversidades de la represión.
España nunca pactará nada por convicción, sino por necesidad y la necesidad viene determinada por la fuerza. Cualquier cambio real, en nuestro estatus como pueblo y en cuanto a las posibilidades de cambio futuras, sólo podrá volver a venir a partir de la fuerza. No hablo, obviamente, de una fuerza militar de la que no disponemos, ni del ejercicio de una violencia física contra personas, sino, de nuevo, de la fuerza de la gente, acompañada de unos liderazgos sólidos, valientes y con sentido de Estado y de una mínima estrategia nacional unitaria, en las instituciones locales, nacionales, estatales, europeas y en las calles. No podemos volver a repetir la falta de planificación, la improvisación permanente y la candidez militante, pensando que ganaremos por la bondad de nuestra justa causa y no por la fuerza cívica en la defensa de nuestra reivindicación. Y hay que tener presente también que una guerra no se gana casi nunca en la primera batalla.
Cuando hayamos superado el período de desorientación, decepción y descrédito actual, habrá que pasar con inteligencia y valentía a la nueva etapa. Y entonces será el momento de volver a ir a por todas, ahora pero con un ejercicio constante y bien programado de hechos consumados, desobediencia civil activa y gestos individuales simultáneos en todo el territorio. Desde algunas experiencias ya citadas pero planteadas para una duración temporal superior, hasta nuestra respuesta como clientes y consumidores. Será la hora de forzar situaciones, por ejemplo, cuando cientos de miles de personas cambien de entidad de ahorro o bancaria, dejen de comprar en una cadena comercial para hacerlo en otra, pasen de una compañía telefónica a otra, etc., hasta producir un verdadero problema general que fuerce a una negociación, siempre con una atención privilegiada al ámbito internacional donde los Estados no se mueven por valores, sino por intereses, y dónde habrá que buscar complicidades, con mucha más discreción que la empleada hasta ahora en todos los ámbitos. Porque si ya no somos un problema para nadie, nunca habrá solución para nosotros.
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