La primera obligación de un debate político serio consiste, pues, en distinguir problemas que a menudo aparecen mezclados. Y esta diferenciación tiene consecuencias prácticas
Como es sabido, en relativamente poco tiempo Cataluña ha experimentado una transformación demográfica de gran magnitud. Basta dos datos: en estos últimos años, el saldo migratorio anual ha superado las 120.000 personas y hoy conviven 170 nacionalidades.
Una transformación así presenta dificultades. Decirlo parece una obviedad, pero se ha convertido en una afirmación incómoda. Durante demasiado tiempo, una parte del debate público ha oscilado entre dos actitudes igualmente poco adecuadas. Por un lado, achacar a la inmigración buena parte de los males que experimenta nuestra sociedad. Y, por otra, mirar con recelo a cualquier persona que se atreva a relacionar la inmigración con problemas sociales, como si el simple hecho de lanzar la cuestión fuera una concesión a la xenofobia o al populismo.
Quizá deberíamos empezar por algo más sencillo: mirar qué pasa e intentar entender sus causas.
Pensamos en los servicios públicos. Si en un período relativamente breve aumenta considerablemente la población de un municipio o de un barrio y los recursos disponibles no crecen al mismo ritmo, es previsible que existan tensiones. Puede ocurrir en las escuelas, en los servicios sociales y en los centros de atención primaria. La sanidad es un ejemplo paradigmático: más personas significa más gente a la que hay que atender.
Pero fijémonos en una distinción elemental que a menudo se pierde por el camino. Este problema se produciría igualmente si el mismo aumento de población fuese consecuencia de un incremento espectacular de los nacimientos entre la población autóctona. Los centros sanitarios necesitarían más recursos, las escuelas más plazas y las administraciones deberían adaptar los servicios a una población más numerosa. En un caso así, por tanto, el factor importante no es necesariamente la identidad de las personas que han hecho crecer a la población, sino al número. Esto no significa que todos los problemas asociados a la inmigración sean de ese tipo. Precisamente aquí comienza el debate interesante. Hay cuestiones que dependen fundamentalmente del crecimiento demográfico; hay otras relacionadas con las características socioeconómicas de la población que llega; y algunos sí tienen una dimensión específicamente cultural, lingüística o religiosa.
En Cataluña, la lengua es un ejemplo evidente. La llegada en poco tiempo de muchas personas que no saben el catalán implica un problema distinto al simple aumento de población. También pueden surgir dificultades cuando conviven concepciones muy distintas sobre el papel de la religión, las relaciones familiares, la igualdad entre hombres y mujeres y las formas de autoridad. Negar que estas diferencias pueden generar dificultades sería tan poco razonable como achacar todos los conflictos a estas diferencias.
La primera obligación de un debate político serio consiste, pues, en distinguir problemas que a menudo aparecen mezclados. Esta diferenciación tiene consecuencias prácticas. Si un centro de atención primaria está saturado porque la población que debe atender ha crecido mucho más rápidamente que los recursos de que dispone, la respuesta principal deberá ser adaptar sus recursos. Convertir el origen de los nuevos usuarios en el centro del problema no ayudará a resolverlo. Si, en cambio, una escuela tiene dificultades porque una parte importante del alumnado se incorpora sin saber el catalán, entonces sí que el origen lingüístico de las familias es importante y serán necesarias políticas específicas.
Identificar un problema, averiguar sus causas y actuar en él parece elemental. Sin embargo, en materia de inmigración, esta secuencia queda demasiado a menudo interferida por las posiciones políticas previas. Hay quien parece necesitar que la inmigración explique el mayor número posible de problemas. Otros temen que reconocer cualquier efecto problemático de la inmigración equivalga a dar argumentos a los primeros. El resultado es que discutimos menos sobre las causas de los problemas que sobre quién tiene derecho a hablar de ellos.
Y esto tiene un coste democrático. Imaginemos a alguien que vive en un barrio que ha cambiado muy rápidamente. Puede tener mayores dificultades para acceder a determinados servicios, puede ver cómo la escuela de sus hijos afronta situaciones nuevas, puede constatar que el catalán tiene cada vez menos presencia en algunos espacios o puede sentir que han cambiado formas de convivencia que daba por hechas. Algunas de sus percepciones pueden ser correctas y otras no. Algunas pueden tener relación con la inmigración y otras, con fenómenos completamente distintos. La respuesta democrática no puede consistir en decirle que no se puede hablar de ello. Porque las preocupaciones que expulsamos del debate público no desaparecen: simplemente, buscan otras vías para expresarse. Y aquí surge una de las paradojas más inquietantes de cómo hemos afrontado la inmigración: el miedo a alimentar al populismo le ha hecho crecer.
Si determinadas fuerzas políticas son las únicas dispuestas a hablar de problemas que una parte de la ciudadanía considera reales, podrán presentarse como las únicas que “dicen las cosas por su nombre” e imponer más fácilmente su interpretación. Por eso es tan importante separar tres cuestiones que a menudo confundimos. La primera es si existen problemas vinculados, directa o indirectamente, a un proceso inmigratorio intenso; la segunda, cómo interpretamos estos problemas; y la tercera, qué respuestas proponemos.
Aceptar el primer interrogante no obliga a asumir ninguna interpretación determinada de los problemas ni respuesta concreta. Podemos discutir si el ritmo de llegada es sostenible, qué recursos públicos necesita una población creciente, cómo evitamos la segregación residencial o escolar, qué conocimiento de las lenguas es necesario promover, qué exigencias de integración son legítimas o cómo preservamos una cohesión social suficiente. Ninguna de estas preguntas es, de por sí, populista. No hay hechos populistas. El populismo aparece en la forma de interpretar los problemas y en las respuestas que se proponen para afrontarlos.
Lo irresponsable es no formularse estos asuntos. Una democracia necesita un cierto consenso para funcionar, pero también necesita algo anterior: poder debatir seriamente sobre lo que no estamos de acuerdo. Y esto exige no descalificar las preguntas antes de haber examinado sus respuestas.
La cuestión, en definitiva, no es si debemos hablar o no de los problemas asociados a la inmigración. La cuestión es cómo hablamos de ello. Si las democracias liberales renuncian a hacerlo por miedo a ser tachadas de populistas, otros lo harán en su lugar. Y, entonces, quizá descubramos demasiado tarde que el mejor aliado del populismo no era el debate sobre la inmigración, sino precisamente nuestra negativa a tenerlo.
*Catedrático de Filosofía del Derecho. Presidente de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. Universidad Pompeu Fabra
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