Tal como en su momento combatí la idea de que el encaje entre España y Catalunya fuera un asunto de “pedagogía”, ahora debo decir que desconfío totalmente de que la razón económica sirva para llegar a ningún tipo de acuerdo o pacto entre los dos territorios. En el primer caso, en el supuesto de que el problema del buen entendimiento entre España y Catalunya era cosa de desconocimiento e ignorancia, existía una mezcla de ingenuidad y al propio tiempo de arrogancia catalana. El fracaso estrepitoso de aquellos esfuerzos, tanto intelectuales como presupuestarios, por dar explicaciones tendría que haber sido suficiente para saber que los desacuerdos no son un problema de incomprensión sino que tienen que ver con la confrontación de intereses y con la existencia de estructuras organizativas ellas mismas portadoras de confusión. Y no es psicologizando los malentendidos como se llega al acuerdo. El desencuentro entre España y Catalunya nunca ha sido una cuestión ni de buen rollo ni de inteligencia, como prueba el hecho de que la incomprensión ha arrastrado, también, a los más inteligentes y a los más simpáticos.
Ahora, muerta y enterrada aquella pedagogía de la que fueron esclavos tanto Pujol como Maragall, parece que entramos en una nueva fase donde la razón económica, basada en informes técnicos y estadísticas oficiales, tendría que permitir algún tipo de encuentro racional para dirimir diferencias y poder firmar pactos. Imposible. La razón económica tampoco servirá de nada. Por si hacen falta pruebas, vean cómo avanza el debate tras el modelo de pacto fiscal aprobado por el Parlament de Catalunya. Mientras aquí el expolio fiscal es una verdad indiscutible, el presidente del PSOE y de la comunidad autónoma de Andalucía, una de las receptoras principales de nuestra solidaridad, se muestra intransigente con la propuesta del Parlamento, se considera particularmente maltratado y es capaz de buscar una alianza –por otra parte, nada difícil– con el presidente del Gobierno español. Todo, avalado por cifras objetivas, claro está.
Todavía más ejemplos. Mientras aquí el incremento del 7,5 por ciento de los peajes es visto como una agresión contra los que concentramos más kilómetros de autopistas, la ministra del ramo considera que lo injusto era que todos los españoles estuvieran pagando una subvención para no cargarnos todo el peso del IVA. O bien, si PP y PSOE no se han atrevido nunca a discutir sobre si el concierto económico vasco o navarro rompían la unidad de España, no tienen ni la más pequeña duda que sí la rompería el concierto económico en Catalunya. Y, aunque aquí se da por descontado que nuestra deuda pública se liquidaría en sólo tres años reduciendo a la mitad –del 8 al 4%– la proporción de PIB que nos cuesta ser españoles, o se sabe que los catalanes hemos aportado tres veces más recursos a España que todos los Fondos de Cohesión proporcionados por Europa, allí, el ministro Montoro nos considera culpables principales, si no únicos, de todos los males que sufre el Estado.
¿Por qué son ahora las cifras las que confunden y generan conflicto? Pues por la misma razón que antes la pedagogía también exacerbaba el desencuentro. Aquello que lo confunde todo es el marco interpretativo de estas cifras. Es decir, los presupuestos implícitos, dados por descontado y que, por lo tanto, no se ponen encima de la mesa. De la misma manera que los grandes acuerdos se basan en lo que no se desvela, los desacuerdos irresolubles, también. Que una misma cifra pueda ser considerada, simultáneamente, expolio y solidaridad, ya lo explica todo. Que un incremento de impuestos sea castigo y al mismo tiempo desagravio demuestra la magnitud de la discrepancia de perspectivas. Que un pacto fiscal sea defendido por unos como lo más próximo a la Europa federal y por los otros sea considerado un modelo arcaico, también en nombre del federalismo fiscal, pone en evidencia la existencia de una restricción mental de la cual no se habla, pero que es determinante para el desacuerdo. Lisa y llanamente: aunque aparentan ser desacuerdos económicos, en realidad estamos hablando de discrepancias políticas, de soberanía.
Y, todo sea dicho, este no es un problema ni español ni catalán, sino también europeo. Los criterios alemanes de resolución de la crisis pueden ser defendidos o atacados con razones económicas, a golpe de artículo de premio Nobel o de profesor de Harvard. Pero no aclaran nada. Como tampoco las desastrosas decisiones que toma España se explican por la supuesta ineptitud económica de los responsables económicos. Los conflictos de intereses en España y en Europa nacen de una estructura política disfuncional. Se trata, también en Europa, de discusiones de y entre soberanías, de cesiones y preservaciones, de supremacías y dependencias, todas ellas guiadas por un modelo de organización confusionario. Para entendernos: ¿qué legitimidad política tiene Merkel para imponer su camino para salir de la crisis, o cómo se explica la inconsistencia de las declaraciones del presidente del BCE, que cambia de discurso con tanta facilidad como aplomo? ¿Y dónde está el Parlamento Europeo en este debate, la única instancia mínimamente democrática de este grande e incompleto proyecto de UE?
En todos los casos vamos a parar al mismo callejón sin salida: un gravísimo déficit democrático de las estructuras de poder político, obsesionadas en impedir que se hagan transparentes las verdaderas relaciones de fuerza que, a su vez, desvelarían los intereses que defienden. Y esta es la lección: o nos ponemos de acuerdo primero en los marcos interpretativos, es decir, con qué soberanías políticas y hasta qué punto son reconocidas, o aquel 2+2 que tendría que sumar 4, para unos será 3, y para los otros seguirá siendo 5.
