Vista monumento a los Fueros. CEDIDA
El 21 de julio de 1876 el Gobierno español presidido por Cánovas del Castillo, abolió el régimen foral (autonomía fiscal, aduanas, aportación a quintas o “cuota de sangre”, justicia…) en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa adecuando su estatus institucional al ya vaciado régimen foral que Nafarroa había ya sufrido en 1841. En consecuencia, los cuatro territorios, como sujetos políticos con su propia arquitectura institucional y autogobierno pleno, fueron convertidos en unidades “provinciales” de similares caracteristicas a las instauradas en el Estado español en 1833 en el marco de la tradicción constitucional iniciada en Cádiz en 1812.
Ese fue el desenlace final de las conocidas como guerras carlistas que en el siglo XIX vivió nuestro pueblo con un régimen monárquico español que aprovechó los conflictos sucesorios para, según su argumentación, anular lo que entendían como unos “privilegios de las provincias vascongadas”.
De esta manera, la uniformidad y centralidad constitucional española se instala anulando el autogobierno originario que mantenían los cuatro territorios forales y, como consecuencia, se iniciará un sostenido nivel de respuesta tanto desde el ámbito institucional de cada territorio como desde la propia sociedad. Fruto de esta tensión en lo institucional se rescatan algunos niveles de autogobierno (“Concierto-Convenio Económico”) modificando el esquema uniformador del constitucionalismo español.
En el seno de la sociedad, ya en el siglo XX, la relación dialéctica con el Estado dio como resultado el surgimiento y desarrollo de un nacionalismo vasco que se irá extendiendo como instrumento político para recuperar la soberanía, entendida como reintegración foral plena en los cuatro territorios. La máxima “donde hay sociedad hay derecho” volvía a asomar siguiendo la estela de siglos de singularidad soberana por encima de reyes o constituciones españolas.
Como resultado de esa pulsión político y social, y en función de la correlación de fuerzas ante la inestable evolución en el Estado español (dictadura de Primo de Rivera incluida), las cuatro diputaciones forales pusieron en marcha dinámicas conjuntas para recuperar la institucionalidad y autogobierno emanados de nuestra esencia política foral. El Estatuto de Estella, el Estatuto del 36 para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son referencias que se intentaron estabilizar en la II República con anterioridad a que el fascismo liderado por Franco nos introdujese en una larga noche represiva de casi cuarenta años.
La entrada del fascismo provocó que nuevas generaciones asumiesen el protagonismo de desarrollar y profundizar la demanda nacionalista situando la exigencia de reconocimiento nacional de los cuatro territorios y el derecho a decidir su estructura de poder político, –derecho de autodeterminación–, como versión actualizada de la restauración integra de la foralidad usurpada en un contexto internacional donde nuevas naciones emergían sobre legítimos derechos que les habían sido ignorados y negados en siglos anteriores.
Ese nuevo impulso abrió puertas a una nueva institucionalización con un Estatuto de Autonomía (1979) en tres territorios y a un Amejoramiento Foral en Nafarroa (1982) dentro de un marco constitucional que, aún cuestionado y/o rechazado por el nacionalismo vasco, en su disposición adicional primera reconoce la singularidad de unos territorios forales, –los cuatro territorios–, como sujetos de derechos históricos y, asimismo, a través de la disposición transitoria cuarta, establece la vía jurídica para poder constituir un sujeto político conjunto de los cuatro territorios forales. Una institucionalización desarrollada en el escenario de demandas de reconocimiento nacional y de mayores cotas de soberanía de importantes sectores políticos, sociales y sindicales de la sociedad vasca y, por supuesto, la pertinaz tendencia uniformizadora y centralizadora de los diferentes estructuras ejecutivas y judiciales del Estado.
Por todo lo dicho, hoy, cuando se cumplen 150 años de la abolición foral, con la experiencia de unos marcos jurídicos en la EAE y Nafarroa incumplidos y erosionados por la mencionada inercia centralizadora de los poderes del Estado, y cuando en Ipar Euskal Herria se apela a una autonomía-autogobierno superadora de la actual mancomunidad, entendemos que la sociedad vasca necesita más que nunca articular mayorías y dinámicas sociales para un reconocimiento nacional que le permita, como consecuencia, dotarse de instrumentos de soberanía para hacer frente a los nuevos retos económicos y sociales, para revitalizar en la escala vasca un sistema democrático cercano y de confianza a la ciudadanía y, por tanto, fomentar desde esa soberanía un desarrollo social sostenible que vertebre nuestra sociedad.
Unos instrumentos de poder y soberanía que, desarrollados en los tres marcos en que están segmentados institucionalmente los territorios vasco-navarros, tengan como referencia primaria el establecimiento de estructuras de cooperación interinstitucional como cauce imprescindible a decisiones políticas de conformación futura de un sujeto nacional confederal. Un eje estratégico que nos permita poder acceder, desde el uso del derecho a decidir como colectivo nacional, a constituirnos como Estado soberano en el interdependiente y complejo contexto europeo e internacional.
A nuestro entender el reconocimiento esencial de la foralidad y su desarrollo como instrumento de poder y autogobierno, es una pieza clave e insustituible para que en el ámbito vasco dispongamos de mecanismos que nos permitan una cohesión social y cultural básica para las nuevas generaciones de hombres y mujeres de la nación vasca. Y de esta manera, entre otras cuestiones fundamentales, nuestra lengua nacional deje de sufrir una segregación sibilina, así como el estatus de oficialidad renqueante y porosa actual, evitando sea objeto del presente acoso y fustigamiento ideológico.
Así pues, en este especial 150 aniversario consideramos la foralidad de nuestros territorios como referencia inequívoca y esencial de una soberanía que hoy seguimos demandando como herramienta política indispensable para el desarrollo social y económico sostenible del edificio nacional vasco, de Euskal Herria.
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