Recordemos que el gobierno de Salvador Illa se sostiene por un solo voto. El PSC, los comunes y, dramáticamente, la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras suman una mayoría de un escaño, como se vio en la investidura y en la aprobación de los presupuestos de 2026. Si la diputada de Jovent Republicà, Mar Besses, hubiera votado en contra en cualquiera de las dos ocasiones, el proyecto político de Illa se habría hundido. Ésta es su situación real: un voto le separa del naufragio.
Algún día sabremos con todos los detalles qué consiguó ERC, que tuvo a su líder encarcelado durante casi cuatro años, a entregar la Generalitat a una formación que había avalado el artículo 155 y a un dirigente que participó en la manifestación del 8 de octubre de 2017 junto al PP y Ciutadans. Quizás entonces aflorarán las dependencias y miserias que atenazan la emancipación nacional de Cataluña. Mientras, no podemos disimular la debilidad de un gobierno que pretende convertir una mayoría agónica en un mandato incontestable.
Se da por hecho que los presupuestos de 2026, aprobados con el apoyo de ERC a cambio de promesas tan inciertas y fantasmagóricas como el tren orbital, blindan a Illa hasta 2028. Es una concepción del poder que desprecia el parlamentarismo. Que Pedro Sánchez en el Estado español haya normalizado gobernar sin presupuestos no justifica despejar de contenido un principio fundacional de la democracia representativa: el control periódico de los representantes sobre los impuestos y el gasto público. No es un trámite contable, sino una conquista histórica contra la arbitrariedad del Ejecutivo. Si Illa no logra aprobar los presupuestos de 2027, su continuidad quedará políticamente desautorizada. Gobernar no es atrincherarse en el Palau de la Generalitat y reducir el Parlament a una institución ornamental.
Hay otra contradicción que amenaza los propios fundamentos de la legislatura. Todo el proyecto de Illa descansa sobre una premisa: la continuidad del PSOE en el gobierno español. ERC justificó la investidura con la promesa de un nuevo sistema de financiación, esa “financiación singular” que debía compensar la cesión de la presidencia de la Generalitat a un político furibundamente contrario a la independencia. A este compromiso se añadían la creación de una hacienda catalana con mayor capacidad recaudatoria, además de otros compromisos en materia de mejora del autogobierno, incluida la mayor incidencia de la Generalitat en la prestación del servicio ferroviario de cercanías. ¿Pero qué quedará de todas estas promesas si las elecciones españolas del 29 de noviembre llevan a la derecha al poder? ¿Qué ofrecerá Illa a los catalanes sin el interlocutor indispensable para cumplir sus compromisos? ¿Pretenderá agotar la legislatura administrando la impotencia, mientras se agravan los déficits estructurales del país y se desvanecen las contrapartidas que justificaron su investidura?
El regreso del conseller Lluís Puig Gordi al Parlament la semana pasada, después de nueve años de exilio, ha expuesto otra grieta de la legislatura. Illa ni siquiera compareció para recibirle: un gesto que revela hasta qué punto prefiere ignorar las consecuencias de la represión cuando incomodan los equilibrios del poder. El regreso de Puig recuerda que no todos los candidatos pudieron concurrir a las elecciones de mayo de 2024 en igualdad de condiciones. Si hubieran podido hacerlo, quizás la composición del Parlamento sería diferente.
El regreso del president Puigdemont hará esta contradicción aún más desgarradora. Con Puigdemont ejerciendo plenamente sus derechos políticos y encabezando la oposición, ¿cómo podrá justificarse prolongar la legislatura hasta 2028? ¿Alguien imagina un año y medio más con Puigdemont al frente de la oposición mientras Illa no puede aprobar presupuestos, ¿no cumple las promesas de financiación y asiste al deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras?
La legislatura está agotada. No faltan motivos para ponerle fin: falta voluntad para reconocerlo. Los primeros que deberían asumirlo son los dirigentes de Junts per Cataluña. Como primera fuerza de la oposición, les corresponde dejar de administrar pasivamente la decadencia del govern y exigir elecciones. Sólo cuando entiendan que su función no es contemplar la agonía de Illa, sino forzar su desenlace democrático, podrán recuperar la iniciativa, la credibilidad y, tal vez, las posibilidades de volver a gobernar en Cataluña.
EL PUNT-AVUI
