Josep Lluís Carod-RoviraEl anticatalanismo de Díaz, presidenta de la provincia de Madrid, tan arrogante como inculta, ha sorprendido a catalanes sin conciencia lingüística que quizá creen que esto es cosa de ahora, cuando la persecución del catalán y la identidad que representa viene de siglos atrás y es un rasgo constitutivo básico del nacionalismo español.
A lo largo del siglo XVI, la Inquisición española ya prohibía su uso en sus asuntos Al sur de los Pirineos, en 1707, después de la derrota de Almansa, comienza la castellanización, sustitución o eliminación de los topónimos autóctonos en el País Valenciano. En 1712 se dictan instrucciones secretas a los corregidores para que pongan “el mayor cuydado al introducir la lengua castellana […] para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado”. En 1715, se ordena que en el aula no haya ningún libro en catalán, que no se hable ni se escriba y que la doctrina cristiana se enseñe en castellano. Con los decretos de Nueva Planta, dice Felipe V que “se procure organizadamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos donde no la hablan”. En 1768 se prohíbe la enseñanza del catalán en las escuelas y el uso de esta lengua en los juzgados. En 1772 se ordena que todos los mercaderes, comerciantes mayoristas y al por menor lleven los libros de contabilidad en castellano. En 1776 el obispo de Mallorca obliga a utilizar el castellano en las parroquias y en la enseñanza del catecismo. En 1780 la enseñanza de la gramática de la RAE se hace obligatoria en las escuelas. En 1799 se prohíbe “representar, cantar y bailar piezas que no sean en idioma castellano”. En 1801 sólo se pueden representar obras teatrales en castellano en todas partes. Al año siguiente, regresa Menorca a soberanía española, en las escuelas sólo se enseña en castellano. Disposiciones similares en la escuela se sucederán, en los años 1821, 1825, 1834, 1837, 1838, 1857, 1923, 1924, 1926, 1936, 1938 y 1939. La repetición tantas veces de la misma familias.
En 1828, el obispo de Girona ordena que la lengua de los libros parroquiales sea el castellano. En 1837 se imponen castigos a los niños que hablan catalán en la escuela y se promueve su delación entre compañeros. En 1838 se prohíbe que los epitafios en los cementerios sean en catalán. En 1846 los médicos deben realizar las recetas en castellano o en latín. En 1862 la ley del notariado prohíbe las escrituras públicas en catalán. En 1867, en el teatro, al menos un personaje debe hablar en castellano, el cual solía ser el asesino, el cornudo, el ladrón, el tonto, etc. En 1870 la ley del registro civil prohíbe el uso del catalán. En 1881 la ley de enjuiciamiento criminal prohíbe el catalán en los juzgados. En 1896 se prohíbe hablar en catalán por teléfono. En 1902, obligación de enseñar el catecismo en español. En 1902, prohibición de los ‘Jocs Florals’ de Barcelona y Palma por orden militar. En 1917, el reglamento de la ley del notariado prohíbe el uso del catalán. En 1923 se prohíbe su uso en actos oficiales y se obliga a llevar en castellano todos los libros y registros oficiales. En 1926 un real decreto condena a “arresto mayor a prisión correccional” a quien se resista a usar el castellano y se sanciona con el traslado a los maestros que enseñen en catalán. A partir de la victoria de los militares golpistas, en 1936 en Baleares salvo Menorca y en 1939 en el resto, existe la prohibición total del catalán, en todos los ámbitos públicos, usos y funciones, e imposición absoluta del castellano. Las paredes se llenan de inscripciones con el rostro del dictador: “Si eres español, habla español”. En la plaza de Catalunya se queman libros catalanes y la biblioteca de Pompeu Fabra es tirada a la calle y quemada, como la de Gaetà Huguet en Castelló de la Plana. Pero, negando la realidad, en 2001, el hoy rey emérito de España dice sin inmutarse: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano”.
Hoy, medio siglo después de la muerte de Franco, gracias a la escandalosa discriminación idiomática de la constitución española de 1978 y el incumplimiento constante y escandaloso de la legalidad catalana en materia de lengua, la persecución y minorización del catalán, en su propio territorio, es una constante diaria en el comercio, por parte de funcionarios y empleados públicos de la seguridad, el transporte, la justicia y la salud, a partir de la afirmación “En español, que estamos en España” Pues quizás ya es hora de que dejemos de estar.
EL PUNT-AVUI
