La corona española había alimentado el falso mito del gitano delincuente para justificar un gran operativo de exterminio
Tal día como hoy del año 1749, hace 275 años, el rey Fernando VI —tercer Borbón en el trono de Madrid— y su secretario de Estado, Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, activaban un plan secreto, denominado la Gran Redada, que consistía en detener, concentrar, deportar, explotar y exterminar la comunidad gitana peninsular. El día 30 de julio de 1749, a las doce de la noche, de forma sincronizada y por sorpresa, el ejército español entró en los barrios gitanos de las principales ciudades del reino, sacó a sus habitantes de sus casas a punta de bayoneta, los concentró en las afueras, separó a las familias (los hombres a un lado, y las mujeres y las criaturas en otro) y los deportó hacia diferentes destinos.
Aquella operación tuvo diferentes grados de impacto. Mientras que en los territorios de Castilla o de León se produjeron detenciones masivas, en Catalunya fue al contrario. Eso se explicaba porque el nuncio apostólico Enrique Enríquez había delegado en los obispos la posibilidad de aplicar el asilo eclesiástico. Y mientras en Asturias, por ejemplo, el obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez Tablada, colaboró activamente en la localización y detención de los perseguidos; en Catalunya, el arzobispo de Tarragona, Pere de Copons, ordenó ocultar la población gitana en dependencias de la Iglesia. No obstante, aquella operación de exterminio, en el conjunto del reino español, representaría la muerte de unas 12.000 personas (el 75% de la comunidad gitana hispánica).
En Catalunya, las comunidades gitanas más importantes estaban en Barcelona (en el Raval), en Lleida (en L’Hortet de Santa Teresa) y en Reus (en el Raval de l’Aigua). Los gitanos catalanes, originarios de una corriente migratoria que había entrado en la Península a finales del siglo XV, estaban establecidos en el país desde principios del siglo XVI. Eran sedentarios y se dedicaban a la fabricación y venta ambulante de artículos de herrería, de cestería y de alfarería. Después de que el Gobierno perdiera el interés en aquella operación (1754), regresaron progresivamente a sus barrios y recuperaron lentamente su actividad. Sin embargo, en cambio, las comunidades gitanas castellanas y leonesas supervivientes de aquella masacre tardarían décadas en recuperar los niveles demográficos y económicos anteriores al exterminio.
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