En las últimas décadas el indiscriminado desarrollo socioeconómico ha incrementado los tradicionales usos del río generando importantes afecciones que han desencadenado considerables impactos y han degradado los ecosistemas fluviales. Al aprovechamiento del río como fuente de recursos (agua, pesca, leña, lavadero, baño y paseo, etcétera), medio de transporte y fuente de energía, se ha sumado la función de receptor de los desechos que se producen, como los vertidos domésticos, industriales y agrícolas-ganaderos. Así, estamos asistiendo al declive de los ríos, situación a la que se ha llegado por el modelo de gestión que ha gobernado las políticas del agua que ha primado más la explotación que la conservación del medio hídrico. Esta visión productivista, en la que no se ha tenido en cuenta las variables ambientales, ha ido generando un pensamiento en el que hablar de agua era hacerlo en términos de infraestructuras: embalses, presas, canales, muros de defensa, etcétera. Se ha entendido y considerado los ríos como simples canales por los que discurre agua que es preciso, regular, embalsar y distribuir.
En el caso de Navarra, si bien la gestión del territorio fluvial ha facilitado algunas actuaciones positivas, queda mucho por hacer. Las políticas del agua quedan un tanto alejadas de la Directiva Marco del Agua, que pone en valor la importancia de mantener el buen estado de los ecosistemas hídricos frente a intereses que tienden a esquilmarlos y deteriorarlos. Estas políticas han supuesto el sufrimiento de numerosas personas que viven con angustia el deterioro progresivo e incluso la pérdida de lugares queridos y vitales: ríos, manantiales, casas y pueblos…. Es lo que está ocurriendo con el recrecimiento de Yesa, que sigue adelante con las obras para convertirlo en el mayor embalse del Pirineo a pesar de que ya se han dicho muchas cosas, como que la presa se asienta sobre una falla, tal y como reveló el estudio de impacto ambiental; que su presupuesto ha pasado de 113 millones de euros por el que se adjudicó la obra a los 500 en 2023, estando la fecha prevista de entrega para 2027, según declaraciones de Dolores Pascual, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado 9 de marzo; que sus laderas son inestables y que esa inestabilidad es la causa principal del retraso de una obra que ha pasado por un baile incesante de fechas de finalización (2006, 2009, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 y ahora 2027); y que un eventual colapso provocaría una catástrofe que arrasaría la ribera del Aragón y del Ebro.
22 años han pasado desde que Jaume Matas, entonces ministro de Medio Ambiente, y que actualmente cumple varias condenas por corrupción, pusiera la primera piedra el 18 de mayo de 2001 y con ella se inauguraban las obras de recrecimiento de Yesa. Desde entonces se han sucedido la redacción de diversos informes técnicos que han señalado que existe una enorme incertidumbre sobre cómo se comportarían esas laderas al añadir el peso de miles de millones de litros adicionales, al pasar de un embalse de 447 hectómetros cúbicos a otro de 1.079.
En lo que llevamos de 2023 ha habido nuevas noticias, entre ellas una pregunta escrita realizada por Carles Mulet, de la Coalición Compromís en el Senado, que decía: “después de 21 años y de graves problemas, ¿se ha valorado la conveniencia o no de continuar las obras?”.
Pues bien, la respuesta del Gobierno español, y con fecha del 24 de febrero, viene a decir que “se ha suscitado un proceso de auditoría del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa que ha resultado en un informe favorable a las obras remitido por el Gobierno de Navarra en octubre de 2019”.
Y sigue: “la gran complejidad técnica reside en la ciencia de la concepción ingenieril de las obras precisas para el recrecimiento de la presa de Yesa bajo criterios de eficacia para alcanzar el objetivo de satisfacción de unas necesidades de interés público, bajo criterios de seguridad garantistas”.
De la respuesta del Gobierno de Madrid llama la atención sobre todo tres cosas. En primer lugar, la aseveración de que en 2019 el Gobierno de Navarra hizo una auditoría, que el mismo Gobierno Foral no ha dicho nada. ¿Existe o no dicha auditoría? El Gobierno de Navarra debería de aclararlo. Además, sería muy importante conocer las diferentes partidas que está teniendo el proyecto de recrecimiento –se llevan gastados 500 millones de euros, que la misma Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha confirmado que el sobrecoste es ya del 400%–. Así, por ejemplo, ¿cuánto dinero ha ido a parar a la UTE Ferrovial Agromán ACS y FCC?
En segundo lugar, es muy llamativa también en la respuesta del Gobierno de Madrid al senador Carlos Mulet, la ausencia de referencias al informe que encargó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España (CICCP) el Ministerio para la Transición Ecológica, que confirmó que la ladera está rota y que la obra está plagada de interrogantes. El informe, que fue ocultado por el ministerio durante más de un año, afirma literalmente que “resulta muy difícil demostrar que las condiciones actuales quedan por encima de un factor de seguridad aceptable”.
En tercer lugar, la frase “la gran complejidad técnica reside en la ciencia de la concepción ingenieril de las obras precisas para el recrecimiento de la presa de Yesa bajo criterios de eficacia para alcanzar el objetivo de satisfacción de unas necesidades de interés público, bajo criterios de seguridad garantistas”, es más propia de figurar en el libro Guinness de los Récords. ¿Qué se quiere decir? ¿Es una fórmula envolvente para que continúen las obras a pesar del riesgo innegable de que se produzca un gran deslizamiento por el llenado del nuevo embalse, que supondría una inundación descomunal y que arrasaría los pueblos aguas abajo? Ya es hora de enterrar el recrecimiento de Yesa y no seguir despilfarrando más dinero público, y poner en riesgo miles de vidas.
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