Las fuerzas que obtuvieron la mayoría de votos en las pasadas elecciones, Juntos por el Si y la CUP, han presentado en el Parlamento una propuesta de resolución para iniciar el proceso de creación del Estado catalán en forma de república.
El desprecio del Estado español a la voluntad de la mayoría de catalanes expresada en las elecciones obliga a Cataluña a seguir el camino de la desobediencia civil, la única vía pacífica que tienen los pueblos oprimidos para liberarse de los Estados opresores. El primer desacato se produjo con la consulta del 9 de noviembre del año pasado y ha cogido empuje con las elecciones del 27 de septiembre. Nos han obligado a pasar de la vía de Quebec a la de Eslovenia y este paso tiene importantes consecuencias estratégicas.
La constante alusión al derecho a decidir de los últimos años, un concepto creado por el Tribunal Supremo de Canadá ante las reivindicaciones soberanistas de los quebequenses certifica la influencia de este modelo en nuestro país. La Plataforma por el Derecho a Decidir convocó la primera gran manifestación en febrero de 2006, sin el apoyo de ningún partido político, ni el de ERC, que formaba parte del tripartito, ni el de Artur Mas que acababa de pactar el recorte de el Estatuto de 2005 con el Presidente Rodríguez Zapatero. El movimiento por el Derecho a Decidir creció de manera exponencial con las consultas populares, la base de la Asamblea Nacional Catalana. La gran manifestación del Once de Septiembre de 2012 cambió totalmente el panorama político. El Presidente Mas se dio cuenta de que continuar con pactos con socialistas y populares le llevaba al fracaso (exactamente lo que le ha pasado al PSC-PSOE). Convocó elecciones anticipadas con el compromiso de celebrar una consulta sobre el Estado propio. La coalición CiU no obtuvo la representación que esperaba, pero los resultados del ERC, Solidaritat y la CUP les compensaron con creces. El Estado español despreció los resultados.
En un Canadá de tradición democrática la vía de Quebec no exige la unidad de las fuerzas soberanistas. De hecho el Parti Québécois nació, en la década de 1970, como alternativa a las oscuras prácticas de la “Union National”, la fuerza de Maurice Duplessis. “Le Chef” había dominado la vida política hasta 1959 con una retórica quebequista exaltada, con gestos como la sustitución de la bandera de Canadá por la de Quebec en los edificios oficiales y con enfrentamientos constantes con el gobierno federal. Pero sus años de gobierno se conocen con el nombre de “La Gran Oscuridad”. El Parti Quebequois emergió con un programa más consecuente con la identidad francófona sin hipoteca para con el período de Duplessis. Esta confrontación interna era posible porque el Estado y la sociedad canadiense respetaban la voluntad de la mayoría de los quebequeses. Esta tradición democrática llevó a las instituciones federales de Canadá a una profunda transformación constitucional para ganarse los votos de la mayoría de ciudadanos de Quebec ante el reto del soberanismo.
Ante las movilizaciones millonarias y los resultados electorales a favor del derecho a decidir el Reino de España nunca ha intentado atraer a los catalanes; sólo ha procurado doblegarlos. Su hostilidad a las aspiraciones a la independencia es cercana a la reacción de la Yugoslavia dominada por Serbia ante el triunfo de las fuerzas independentistas eslovenas en las elecciones de abril de 1990. La mayoría de la opinión pública española está convencida de que el voto favorable de los catalanes a la Constitución española, hace 37 años, legitima su negativa a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Actúan como los maridos que alegan el matrimonio para forzar relaciones sexuales con su esposa al margen de su voluntad; actuando así cometen violación.
La respuesta española nos ha forzado a abandonar la vía quebequense para adoptar la vía unilateral que siguió Eslovenia frente al gobierno federal yugoslavo, dominado por Milosevich. El movimiento democrático esloveno, ante la amenaza federal yugoslava, tuvo que buscar la unidad con los comunistas a partir del momento en que defendieron la independencia. Lo hicieron a pesar las distancias ideológicas y los lazos con un régimen dictatorial y corrupto. El acuerdo con el Presidente Milan Kucan, antiguo jefe del Presidium comunista, era imprescindible para disponer de “las estructuras de Estado” eslovenas, que incluían las finanzas, la policía y las milicias de la “Defensa Territorial”. Esta unidad llevó a la victoria en “la guerra de los 10 días” contra el ejército yugoslavo (junio 1991), forzó el reconocimiento diplomático de la Unión Europea a los acuerdos de Brioni (julio 1991) y el ingreso en la ONU (mayo 1992).
De forma similar el paso estratégico del “derecho a decidir” a la Declaración Unilateral exige la unidad entre los independentistas de siempre y los partidos políticos que han gestionado la autonomía. Es la única manera de hacer frente un Estado español cada vez más hostil. A pesar de que, como en el caso de los comunistas de Eslovenia, una parte de los gestores autonomistas hayan tenido un pasado de prácticas corruptas, congénitas en el régimen de la monarquía posfranquista.
Ahora este Estado, gobernado por un partido como el PP con un tesorero que tenía 39 millones de euros en una cuenta secreta en Suiza, con un vicepresidente cleptómano, que tiene cientos de imputados en Madrid, en el País Valenciano, en las Islas Baleares, en Galicia y en muchas otras comunidades, ha creído encontrar el eslabón débil del proceso hacia la independencia en la corrupción autonomista y ha desencadenado una ofensiva mediática contra Convergencia Democrática. Y realmente lo es y necesitamos garantías de que estas prácticas se han cortado de raíz. En la mayoría de medios de comunicación españoles la operación Petrum y la entrada en los domicilios de la familia de Jordi Pujol ocupan la primera plana. El despliegue es tan potente que recuerda la campaña de desinformación de George Bush, Toni Blair y José María Aznar sobre las armas de destrucción masiva en Irak para legitimar la invasión de este país. Como aquella deformación informativa mezclaba hechos verídicos, como la guerra química que Sadam Husein había usado contra los kurdos o sus programas nucleares, con invenciones perfectamente manipuladas por los servicios secretos.
El objetivo de esta guerra psicológica es preparar a la opinión pública española para la detención de los representantes del pueblo catalán y la intervención de la Generalitat. El acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos ante la propuesta de resolución presentada por Juntos por el Si y la CUP demuestra que después de las elecciones del 20-D la hostilidad del Reino de España no cambiará. Ninguna de estas fuerzas reconoce la necesidad de contar con el consentimiento de la mayoría de los catalanes para formar parte de España.
Nos adentramos en la vía unilateral porque es la única salida democrática a nuestro derecho a la autodeterminación. Asimismo debemos ser conscientes de que Cataluña no tiene, ni podrá tener, las estructuras de Estado que tenía la Eslovenia yugoslava y que hicieron posible ganar al Estado yugoslavo. Ahora tenemos que dar los pasos legales que están previstos en el mandato electoral para la independencia, pero sabiendo que seguimos otro ejemplo histórico, el que siguió la India, liderada por Mahatma Gandhi, para liberarse del dominio del Imperio británico. Con la resolución presentada esta semana hemos empezado la estrategia de la desobediencia civil institucional. Debemos cumplir con el mandato del pueblo catalán sabiendo que implicará la cárcel a sus protagonistas. Es la única manera de visualizar ante el mundo que España usa la violencia jurídica contra el pueblo catalán. Entramos en la dura fase penal del proceso: a medida que las cárceles españolas se llenen de presos políticos catalanes la opinión pública democrática en todo el planeta se despertará. Fue la estrategia de Nelson Mandela desde la prisión de Robben Island para derribar el apartheid. En esta fase las fuerzas soberanistas tienen que ganar todas las elecciones a las que se presenten para evidenciar ante el mundo el carácter antidemocrático de la respuesta penal del Estado español a los derechos del pueblo catalán.
TRIBUNA CATALANA
