Las tecnologías de la información han propiciado disrupción en muchos ámbitos, entre ellos los servicios personales relacionados con la cotidianidad. Algunas, como la compra on line de alimentos no ha causado problemas; los actores tradicionales han sabido adaptarse, y su dimensión cuantitativa todavía no ha llegado al punto que se discuta si nos dejan utilizar o no el ordenador para comprar en domingo. Otros, como las plataformas de intermediación de billetes de transporte u hoteles, han causado problemas a los tradicionales, aunque el aumento de demanda inducida compensa en parte la reducción de margen. Pero las cosas son muy diferentes con otras plataformas que hacen intermediación de servicios mucho más atomizados, como viajes en coche o alquiler de apartamentos. Estas fórmulas, que encajan bien con estilos de vida en expansión, tienen efectos potenciales más fuertes sobre los sectores tradicionales, porque suponen un cambio radical en el proceso por el cual se ofrece el producto, y en quién lo ofrece. Y la reacción de los grupos afectados, que tienen poder e influencia, es fuerte.
Uber, plataforma que intermedia viajes en coche, afronta problemas en España que están sólo a la altura de los de India, Vietnam, Tailandia, y el estado de Nevada. Es lógico; su extensión amenaza con disminuir el precio de reventa de licencias de taxi, con las cuales muchos tenedores de licencia esperan complementar su pensión. Notan que los precios de reventa de licencias públicas se explican porque están sometidas a restricciones de cantidad, y suponen la privatización de una renta pública generada por un monopolio legal. Este es el gran conflicto de intereses latente en el caso de Uber. Las discusiones relativas a la seguridad del usuario (en eterno estatuto de menor de edad) son puro paternalismo. Sobre las de competencia desleal, existiría una alternativa inapelable: abrir el sector y dar licencia de taxi a quien la quiera, sometidas todas a la misma regulación (aunque eso extinguiría la reventa de licencias). Estos son los principales ángulos del asunto, y para su gestión política y social dos recordatorios me parecen relevantes. Primero: imaginar qué habría pasado si hace 200 años las revueltas luditas hubieran triunfado y los telares hubieran estado prohibidos. Segundo: no tardarán mucho en estar disponibles taxis sin conductor… si la regulación no lo prohíbe.
La Vanguardia
