Hace unos días participé en un encuentro con profesores de enseñanza secundaria de Andalucía que pretendían debatir cómo explicar en las aulas la compleja realidad de los nacionalismos hispánicos. A la hora de presentar cómo entender lo que había pasado en Cataluña se me ocurrió plantear una pequeña provocación para ver qué reacción levantaba: comparar lo que habían significado las derrotas de 1714 y de 1939. Ya advertí previamente que ese ejercicio no era fácil dado que últimamente se habían divulgado interpretaciones interesadas y bastante alejadas de los avances de la investigación histórica sobre 1714 y el establecimiento del régimen borbónico en Cataluña.
Las dos fechas tienen un significado histórico similar: una es el final de la monarquía compuesta de los Austrias y el inicio del estado centralista de los Borbones; la otra es la derrota de la república democrática que reconocía regímenes autonómicos, como la Generalitat de Cataluña, y el inicio de la ultracentralista dictadura franquista. Ambas situaciones eran el resultado de sangrientos conflictos que habían sido al mismo tiempo guerras civiles y guerras internacionales. Esto último mucho más acusado en el caso del siglo XVIII, pero también en el de la guerra de 1936-1939, cuando hubo una importante presencia de tropas extranjeras, y cuando los aspectos internacionales fueron determinantes para el resultado final (armas, soportes, boicots, etc.).
Las dos guerras habían sido provocadas por unos conflictos políticos que dividieron internamente la sociedad, de forma muy dispar, ciertamente, pero las fracturas internas existían: de la misma manera que al principio del setecientos había austriacistas fuera de la Corona de Aragón y borbónicos en Cataluña, también dos siglos después hubo franquistas catalanes y republicanos no hostiles al catalanismo en el resto de España. Pero en ambos casos la gran mayoría de la población catalana se identificó con las instituciones políticas del país, con las dos Generalidades, y luchó por defender su especificidad y representatividad ante un enemigo que no ocultaba la pretensión de liquidar estas instituciones. Es evidente que en ninguno de los dos casos era una guerra entre pueblos, entre catalanes y castellanos, sino entre diferentes proyectos políticos y formas de gobernar. Los dirigentes catalanes se esforzaron en dejar bien claro en ambas situaciones que luchaban por las libertades de todos los españoles, y no sólo de los catalanes. Después de 1714 y de 1939, las instituciones propias de Cataluña fueron derogadas, sus dirigentes perseguidos cruelmente y se impuso “por derecho de conquista” un nuevo sistema político totalmente dependiente del poder central. En ambos casos la derrota catalana provocó un exilio político de grandes proporciones. En términos comparativos, teniendo en cuenta la población del momento, el exilio de 1714 fue más numeroso y prolongado que el de 1939. Y en los dos momentos la abolición de las instituciones políticas catalanas respondía a un mismo deseo uniformista y de liquidación de toda diferencia administrativa. El texto franquista de derogación del Estatuto catalán de 1932 parece copiado del decreto de Nueva Planta, dado que pretendía “restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de la unidad de la Patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España”.
Los vencedores impusieron una estructura política jerarquizada, autoritaria y muy militarizada. De la misma manera que la totalidad de los capitanes generales y la gran mayoría de los corregidores de la Cataluña del siglo XVIII fueron militares forasteros, igualmente durante el franquismo la inmensa mayoría de los gobernadores civiles eran excombatientes franquistas no catalanes. Los nuevos regímenes contaron con la colaboración de catalanes que ocuparon cargos políticos, pero siempre fueron cargos menores, de carácter local, y a menudo como resultado del favoritismo y de la corrupción existente dentro del nuevo sistema político, gracias a la venta de cargos -concejales vitalicios y perpetuos- y nombramientos a dedo. Tanto el régimen impuesto en 1714 como el de 1939 se caracterizaron por la notable corrupción de un buen número de funcionarios y de autoridades que se beneficiaron de la total impunidad de que gozaban: las denuncias presentadas ante el Consejo de Castilla no sirvieron de nada. Y en la época franquista fueron pocos los valientes dispuestos a denunciar un alcalde por corrupto. Y, como es bien conocido, los vencedores de aquellas guerras impusieron el castellano como única lengua oficial y maltrataron y marginaron las manifestaciones culturales propias del país.
Las similitudes también existieron en la voluntad de los vencedores de dar legitimidad a su conquista militar y de negarse a impulsar una política de reconciliación con los vencidos y de olvido de la guerra. Se quiso mantener siempre el criterio oficial de los ganadores que los catalanes vencidos eran un pueblo peligroso. El 1756 el capitán general de Cataluña, marqués de la Mina, sostenía que “los catalanes son idólatras de su libertad y materia dispuesta para el sacrificio por conservar sombra de ella, que les queda en la memoria de sus antiguos privilegios”. El sistema político catalán abolido por Felipe V estaba basado en el imperio de la ley, intentaba ofrecer garantías personales a la gente y quería controlar la actuación de funcionarios y de autoridades; todo esto desapareció con la Nueva Planta. El mismo monarca lo tenía muy claro: no estaba dispuesto a tolerar las reformas constitucionales de 1705 y 1706 porque “las dos últimas Cortes que han confluído los deja [als catalans] más repúblicos que el Parlamento abusivo a los ingleses”. Igualmente, los políticos franquistas intentarán negar toda representatividad al régimen democrático republicano presentándolo como una etapa tan caótica y sectaria que había forzado que unos militares patriotas impusieran el orden. Las denuncias filipistas contra la cultura política constitucionalista existente en la Cataluña del XVIII serán extremadamente similares a las requisitorias franquistas contra la democracia republicana y contra la autonomía de Cataluña.
La actuación de los nuevos regímenes políticos fue tan excesiva que incluso algunas autoridades locales se sintieron obligadas a denunciar, respetuosamente, eso sí, los errores políticos, el trato discriminatorio, las irregularidades y la corrupción que sufrían los naturales de los territorios vencidos. Esto aparece evidente en el Memorial presentado en 1760 a Carlos III por diputados de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Palma, que no mereció ninguna respuesta. Como tampoco sirvió de mucho el informe que el alcalde franquista de Sabadell Josep M. Marcet dirigió a Franco en enero de 1957 para denunciar el maltrato que sufría Cataluña, ni tampoco sirvieron de nada los informes encargados por el Consejo Nacional del Movimiento durante los años 1960 y 1970 sobre “el problema catalán”. Ninguna de las moderadas críticas y reflexiones fueron tenidas en cuenta. La situación política de mediados del siglo XVIII la refleja bastante bien aquel dictamen del Consejo de Castilla que sostenía que a los catalanes “Sólo les incumbía la gloria de obedecer”. La literatura franquista sobre el deber de obedecer ciegamente al “Caudillo providencial” manifiesta la misma pretensión de hacer de los catalanes un pueblo sumiso y servil. Deberán ser los fallos de estos regímenes autoritarios y el inicio de procesos políticos de carácter constituyente -a partir de 1810 y de 1977- lo que permitirá que las cosas cambien realmente. La gran diferencia fue la duración de aquellas situaciones despóticas: casi un siglo en el primer caso y casi cuarenta años en el segundo.
Mi pequeña provocación no motivó ninguna reacción hostil ni de desacuerdo de los profesores andaluces. Por el contrario, sirvió, según dijeron, para entender mejor muchas cosas y para tener una perspectiva más amplia y comparativa de aquellos acontecimientos. Si algo les quedó bien claro fue que ni en 1714 ni tampoco en 1939 comenzó una etapa de paz, sino que estas fechas marcaban el inicio de dos de los regímenes más autoritarios y más represivos de una historia que no ha sido exclusivamente catalana.
ARA
