La apertura de las delegaciones catalanas en Roma y Viena, que se añaden a las que ya tenemos en Bruselas, París, Londres, Berlín y Washington/Nueva York, ha sacado de quicio al gobierno español y ha reaccionado como era de esperar: despreciando a Cataluña, negándole el derecho a comunicarse con el mundo por sí misma y amenazando con el uso de todos los aparatos del Estado para cerrarlas. Cuanto más inseguro es un gobierno, más represivo se muestra. “Si la Generalitat quiere presencia fuera, le invitamos a utilizar las embajadas de España”, dijo Alicia Sánchez-Camacho, que, cada día, con su carrito, reparte la propaganda que le ordena Madrid por los buzones catalanes. Y esta propaganda dice que las oficinas del gobierno de Cataluña en el exterior invaden competencias del Estado, que los catalanes, como menores de edad que somos, no podemos ir solos por el mundo, que necesitamos que se supervise todo lo hacemos o decimos, y que “abrir embajadas en plena crisis no tiene ningún sentido, ya que lo que hace falta es centrarse en los problemas reales de los ciudadanos”. En el manual del nacionalismo español siempre aparece lo de los “problemas reales de los ciudadanos”. Será por eso que invierte tanta energía en perseguir a los ayuntamientos que no cuelgan la bandera española en el balcón, y que requisa esteladas en estadios de fútbol incluso apaleando a las personas que las llevan.
Llegados aquí, hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, el gobierno catalán abre oficinas en el exterior porque las oficinas españolas no sólo no satisfacen los intereses de Cataluña, sino que van en su contra. El Estado español es enemigo declarado de los intereses de los catalanes, como lo prueban los ataques a nuestra lengua e identidad, la expoliación escandalosa que nos practica y la imagen degradante que difunde de nuestro país, como cuatro provincias periféricas al servicio de una metrópoli llamada Madrid. Por otra parte, ¿cómo puede que invadamos competencias del Estado, si justamente abrimos oficinas para compensar la incompetencia de este Estado? ¿Es que no dicen que el Estado español es “el más descentralizado del mundo”? ¿Cómo se entiende, pues, esta manía centralizadora? Finalmente, si nos dicen que en tiempos de crisis no tiene sentido abrir oficinas, será porque piensan que cuando no hay crisis sí lo tiene. ¿Nos están diciendo esto? No, claro que no. No escuché de ningún modo que las pidieran, cuando no había crisis. Ocurre, sin embargo, que la mentira, la demagogia y la difamación son el único recurso de quien no tiene argumentos.
Lo que el demagogo no dice, lo que esconde, es que mientras el número de personas que trabajan en las oficinas catalanas en el exterior es de una treintena, en las embajadas españolas hay, por lo menos, siete mil quinientas. Son embajadas situadas en edificios suntuosos con un coste en torno a los diez millones de euros, conjuntamente con las no menos suntuosas residencias personales de los embajadores -como la de Marruecos (seis millones de euros) o la de Jordania (cinco millones de euros) y los gastos monumentales en banderas, escudos, jardines, cubertería, servicios de lujo, iluminación especial de luceros y, entre otros ornamentos, los retratos de los Borbones por valor de más de setenta mil euros.
Ante este estado de cosas, es muy positivo que el presidente Mas, en la presentación del Plan de Acción Internacional 2015, dijera que no hará caso de las amenazas del Estado y que intensificará la política exterior. Es una actitud asertiva. Dejemos que el Estado español grite, censure y amenace. Es su talante. Lo ha hecho siempre y tiene la mano rota por hacerlo así. Mientras tanto, nosotros, centrémonos en la divulgación del Proceso, en la internacionalización de nuestra economía y en la proyección de nuestra identidad, lengua y cultura. Trabajar en silencio es mucho más productivo que hacerlo inmersos en el griterío.
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