La mejor manera de conseguir la independencia es actuar como un pueblo libre. Y, mira por donde, el Estado español se ha empeñado en darnos la oportunidad de hacerlo. Este domingo, el 9-N, podríamos hacer como un pueblo esclavo: acatar la prohibición y volver a casa derrotados. Pero también podemos expresarnos como un pueblo libre, obedecer nuestra voluntad y salir a la calle a defender los derechos humanos y civiles de los catalanes. El domingo no haremos la consulta definitiva, pero podemos comportarnos definitivamente como hombres y mujeres libres de una nación que no claudica.
Vienen tres días de amenazas, chantajes e intimidaciones. El Estado español tiene pánico de la democracia. Está cagado de miedo. Su peor pesadilla son las colas de catalanes ante los puntos de votación con una papeleta en la mano y las urnas llenas. A los Rajoy, Wert, Margallo, Soraya, Montoro, Fernández Díaz y compañía estos días les cuesta mucho dormir. Deben dejar la luz del pasillo encendida porque están descompuestos. Cuando cierran los ojos, sólo ven urnas y papeletas. Y si a los que tienen poder les entre el miedo les viene la tentación de hacer mal uso del mismo.
A pesar de la amenaza, el chantaje y la intimidación, nosotros haremos la nuestra. Continuaremos la revolución de las sonrisas. Saldremos de casa, iremos a buscar a nuestros abuelos, saludaremos a los vecinos, compraremos el diario e iremos a votar. Y con este gesto tan revolucionario actuaremos como un pueblo libre por primera vez desde hace trescientos años. El mundo nos mirará y dirá: ‘Cuidado, los catalanes, que no se dejan intimidar… ya son casi independientes’.
¿Y si estamos ya en el punto de votación y viene la policía a llevarse las urnas? Josep Maria Reniu (CATN) lo explicaba muy bien anteayer en una conferencia en el Centro Excursionista de Terrassa: “Si se presenta el agente Martí o ‘el agente Romerales’, les preguntaremos si vienen a votar. Si no vienen a votar, sino a llevarse las urnas, sacaremos el móvil y les pediremos que digan ‘¡Lluíííííís’. Y clic!”. Tendremos una fotografía con unos señores uniformados retirando urnas de votación ante una cola de ciudadanos con papeletas en las manos. Se hace difícil pensar que los guardianes de la unidad de España puedan llegar a ser tan zoquetes. Pero si están decididos a hacernos más fácil y rápido el camino de la independencia, no seremos nosotros quienes se lo impediremos, ¿verdad?
Ha llegado un punto en el que se hace difícil de dilucidar si somos nosotros los que nos vamos de España o si son ellos que nos expulsan. Nuestra voluntad está ahí, eso es evidente. Pero sin su ayuda a saber a dónde iríamos todavía. ¿Y dónde estamos ahora? A tres días de actuar como un pueblo libre, que no se deja pisar la dignidad y que sabe que ha llegado el momento de ganar. Como decía Winston Churchill: ‘Es contra el viento como la cometa se eleva más alta’.
VILAWEB
9-N: los Mossos y la retirada de las urnas
Un informe que responde a ocho preguntas clave para entender quién, cómo y cuándo se puede dar la orden de retirar las urnas del 9-N
La orden de suspensión del proceso participativo del 9-N por el Tribunal Constitucional español a instancia del gobierno de Mariano Rajoy ha suscitado interrogantes sobre cómo pueden impedir que el domingo se vote. Principalmente, la pregunta que se hace más gente es si la policía irá a los puntos de votación a retirar las urnas. A pesar de las amenazas proferidas por el PP, los voluntarios no pueden ser perseguidos judicialmente por el hecho de colaborar en el proceso participativo. Por ello, todas las miradas se dirigen ahora a la actuación policial, bien de los Mossos d’Esquadra, bien de la policía española y la guardia civil.
– ¿Cuál será el dispositivo de los Mossos?
– La dirección general de la Policía de Cataluña, a manos de Albert Batlle, ha preparado un dispositivo de seguridad equiparable al que se activa en jornadas especiales de movilización ciudadana, como Sant Jordi o el Once de Septiembre. El objetivo es velar por la seguridad de los ciudadanos en los lugares donde haya concentraciones de gente. De entrada, para evitar ser acusados de desobediencia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, las patrullas de mossos se pondrán a una distancia prudencial de los puntos de votación. El dispositivo, que activará un 40% del cuerpo policial, estará formado fundamentalmente por agentes de Seguridad Ciudadana y de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y de la Brigada Móvil (Brimo). Serán unos 6.900 agentes repartidos homogéneamente por el territorio.
– ¿El TC ha ordenado retirar urnas?
– La providencia del Tribunal Constitucional español dictada el martes a instancia del gobierno español no concreta ninguna orden de retirada de urnas para evitar la votación. El texto resuelve la impugnación de los actos de convocatoria de la Generalitat de Cataluña para que los catalanes manifiesten su opinión sobre el futuro político y ‘el resto de actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de la consulta, como como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada con la consulta’. Es a partir de estas consideraciones genéricas de donde se debería interpretar una prohibición explícita de las votaciones, que -hay que recordarlo- estarán en manos de voluntarios y no de los funcionarios de la Generalitat.
– ¿Quién debe dar el orden de intervención?
– La policía no puede actuar de oficio en la retirada de las urnas sin una orden judicial concreta. Esta orden la han de dictar cada uno de los juzgados de los cuarenta y nueve partidos judiciales de Cataluña, con aplicación exclusiva sobre el territorio competencial propio. La decisión judicial puede tomarla el juez de instrucción por decisión propia o a instancias de la fiscalía del Estado y los fiscales de Cataluña. En cualquier caso, la decisión no la puede tomar el gobierno español, sino que es cada juez quien decide cómo interpreta la providencia del TC.
– ¿Los Mossos se pueden negar?
– Entre las competencias asignadas al cuerpo de los Mossos d’Esquadra como policía integral de Cataluña, está la de policía judicial. Esto quiere decir que es la policía que recibe órdenes directas de intervención por parte de los jueces. Las instrucciones de los juzgados en el cuerpo de policía no pasan en ningún caso por las instancias políticas y los mossos tienen la obligación de cumplirlas. Hay una relación directa. Es decir, cuando el comisario competente recibe una orden judicial, la traslada a los agentes. Si algún agente se niega a cumplir las órdenes judiciales, puede incurrir en un delito considerado grave, porque ha jurado cumplir la ley y hacerla cumplir. Sin embargo, los mossos pueden alegar que actúan con los criterios de proporcionalidad y de oportunidad.
– ¿Qué son los criterios de oportunidad y proporcionalidad?
La policía en su actuación debe aplicar algunos criterios para evitar males mayores aunque tengan una orden judicial pendiente de ejecutar. Entre estos criterios se encuentran los de oportunidad y proporcionalidad, que forman parte de los principios éticos de actuación de los mossos de escuadra.
El principio de oportunidad rige en todas las actuaciones policiales en la medida en que constituye una exigencia de adecuación al caso concreto y al margen de discrecionalidad, dentro de los límites del principio de legalidad. La valoración de la oportunidad de la actuación y de los instrumentos jurídicos que se emplean requiere un juicio de valor sobre si la decisión adoptada es idónea para el fin que se pretende, considerando las circunstancias de los hechos y de las personas. Se trata de evitar acciones policiales que puedan resultar innecesarias, ineficaces o lesivas para los derechos y se conviertan en inoportunas, con excepción de cuando exista una obligación clara y taxativa de llevarlas a cabo.
El cumplimiento del principio de proporcionalidad, que debe entenderse exigible no sólo respecto del uso de los medios coercitivos, obliga a actuar de acuerdo con la ordenación jurídica en sus precisos términos, para garantizar, en cualquier actuación policial, el equilibrio justo entre la coerción legítima y la protección efectiva de los derechos. El principio mencionado, cuando se acuerda la restricción temporal de un derecho, resulta indispensable en función de la naturaleza y gravedad del delito supuestamente cometido.
– ¿Qué puede hacer el gobierno español si los juzgados territoriales no dan la orden?
– La fiscalía del Estado, instada por el gobierno español, podría pedir la intervención de la Audiencia española para dictar una orden de retirada de las urnas y de impedimento de la votación con efectos en todo el territorio de Cataluña. En este caso, probablemente no ordenaría la intervención de los mossos de escuadra, sino de la policía española o la guardia civil, que son los cuerpos de seguridad de referencia de la Audiencia. Sin embargo, según los juristas consultados, si llegara a ese extremo, el gobierno español haría un uso muy forzado de la Audiencia.
– ¿Qué dice el ministro de Interior español?
– Jorge Fernández Díaz dijo ayer que no tenía ninguna duda de que los mossos cumplirían y harían cumplir la ley y que garantizarían que se acata la suspensión del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional. Considera que no hay dos legalidades, catalana y española, separadas: ‘La ley es la ley, esta convocatoria no la puede promover ni organizar la Generalitat de Cataluña y por lo tanto esto no lo pueden amparar los Mossos d’Esquadra’. Para él, si alguien pretende hacer realidad una consulta amparada e impulsada por la Generalitat, ‘los mozos de escuadra, para hacer cumplir la ley, lo deben impedir. No tengo ninguna duda’.
– ¿Qué dice el consejero de Interior?
– Ramon Espadaler ha avisado al Estado que los mossos son ‘la policía integral’ de Cataluña y, por ello, pide que no envíen los otros cuerpos policiales ni agentes para el 9-N. ‘Tenemos la plena competencia, la ejercemos y lo continuaremos haciendo con toda normalidad’, aseguró. El consejero garantiza que los mossos ‘cumplirán y harán cumplir la ley’ durante la consulta. El gobierno no les pondrá en el dilema de tener que elegir entre hacer cumplir la ley o hacer otra cosa que supuestamente haga el gobierno’, añadió.
Espadaler ha dejado claro que los Mossos d’Escuadra atenderán las órdenes que les puedan llegar de jueces o fiscalía en relación con la retirada de urnas o el cierre de colegios el 9 de noviembre. En declaraciones a Catalunya Radio, el consejero no cree que se llegue a esta situación, que considera ‘extrema’, pero precisó que el cuerpo de Mossos d’Escuadra, como policía judicial, responderá las órdenes de los jueces, más que a las del Ministerio del Interior o de la conselleria. El departamento no hará nada para que no atiendan su responsabilidad. La responsabilidad última es del agente, que debe atender la orden judicial. Pero es una hipótesis lejana. En el caso extremo de que esta hipótesis se diera los mossos actuarán de acuerdo con la ley’, dijo.
Y mencionó un factor que los agentes de los mossos también tendrán en cuenta, si es que reciben instrucciones directas de retirar urnas: que actuarían con ‘congruencia, proporcionalidad y oportunidad’.
– ¿Qué ha dicho el comisario jefe de los Mossos d’Escuadra?
Josep Lluís Trapero habló a finales de agosto de la posibilidad de que llegaran órdenes de retirada de urnas. Fue en una entrevista en Catalunya Radio, cuando le preguntaron qué harían los mossos. Recordó que su responsabilidad era ‘garantizar que eran la policía del país y estar preparados para cualquier meta de futuro que venga: esto hacemos y eso haremos’. Y añadió: ‘Si nos encontramos en este dilema, el futuro dirá. Esto no nos da miedo’.
