La etapa de la Cataluña autonómica ha bebido más de la ilusión que de la realidad. Durante casi tres décadas el estamento político mayoritario alimentó el espejismo de que la relación con España no era de dominación sino que procedía de un pacto, que las instituciones catalanas gozaban de mucho más poder del que en el fondo ostentaban o que el marco político catalán era susceptible de ser reformado a través de una negociación de buena fe. La percepción de que estas ficciones entraban en fase de colapso se concretó para amplios sectores de la ciudadanía en la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que hirió de muerte la reforma estatutaria. Pero a partir de 2012, después de que fracasara otra fantasía, la del pacto fiscal, y hasta la actualidad, en la fase del derecho a decidir, la clase política aún ha continuado jugando en la liturgia con gestos que no tenían recorrido práctico aunque generaban aceptación social y cohesión. Encontramos un ejemplo en la creencia de que el gobierno español acabaría negociando y acordando la celebración de una consulta soberanista. Otro ejemplo sería el de la unidad de las fuerzas políticas catalanas en torno a dos preguntas sobre la estatalidad que, además de dificultar desproporcionadamente las posibilidades de visualizar el independentismo mayoritario, presenta demasiados problemas de claridad para que un hipotético resultado merezca el reconocimiento de la comunidad internacional.
Con todo, creo que el último gesto de la vieja lógica basada más en la teatralización que en la acción llegó el pasado viernes con el acuerdo de CiU, ERC, ICV y la CUP de seguir adelante con la consulta sin concreciones. La tendencia por la que la unidad es un valor en sí más allá de los resultados que se puedan derivar de ella, una actitud no exenta de una cierta mística de raíz casi religiosa, llegó a su paroxismo con la última cumbre de los líderes de los partidos catalanes que, en el fondo, no acordaron nada más que seguir juntos. Probablemente los mismos protagonistas eran conscientes de que ese sería casi el último acto del ritual porque a partir de entonces sólo habrá sitio para los desafíos específicos y los progresos tangibles. Pronto, por poner otro ejemplo, si no se sabe qué hacer no se podrá invocar la “discreción”. Una falta de transparencia de esta magnitud a tan sólo treinta días de la trascendental cita con las urnas afecta a la neutralidad del proceso y a su legitimidad, y añade aún más dificultades a un reconocimiento internacional ya difícil en la confrontación con la legalidad española. Se trata, supongo, de renovar la confianza con la apelación a la sacralidad del consenso para alargar al máximo la aplicación de las medidas imprescindibles que consumen la ruptura. Porque, en efecto, una vez que la decisión política opere en el marco de la realidad, ya no habrá espacio para los momentos taumatúrgicos: la estética no disolverá la represión de las autoridades españolas. En las siguientes semanas, o días, o se aplica la legalidad catalana derivada de la voluntad popular mayoritaria o se mantiene la suspensión del Tribunal Constitucional contra todos los actos de rebeldía. En otras palabras, o se desobedece (y se cumple) o se acata. No hay margen para más ambigüedades ni para más dilaciones. Y, especialmente, sería catastrófico por completo pretender organizar un 9-N pleno todavía de incertidumbres y de lagunas (al menos no más de las que, como hemos dicho, ya arrastra la doble pregunta). Las pantomimas podían funcionar en una sociedad desprovista de poder y, tal vez, rodeada de miedos y de complejos atávicos, pero si realmente hemos empezado a ser un poco libres es hora de pasar a la decisión, a asumir todas las consecuencias del conflicto y, por supuesto, a exigir resultados. No basta con “haber llegado más lejos que nunca” (que por otra parte es falso históricamente) sino que hay que llegar a la independencia con todo el ejercicio de poder y de responsabilidades que ello conlleva.
EL PUNT – AVUI
