Esa España es una mierda
Juan José Téllez
Público
Treinta mil euros por ofender a España. Los maderos y los picoletos decidirán, sin intermediación judicial alguna, imponer tales sanciones a pancartas y otros soportes de la libertad de expresión. La ley Fernández, como ya se llama a la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no sólo fijará multas millonarias contra quien llame gazmoños a los antidisturbios o pagafantas al Rey, sino que se cebará en quienes usen en vano el nombre de la patria.
Esta nueva norma, que precederá sin duda a la restauración de la Ley de Vagos y Maleantes, ¿pretende acabar con los insultos al Estado en los derbys entre el Barça y el Madrid, o expulsar del territorio nacional a Victoria Beckam si es que vuelve a decir que España huele a ajo?
Ya veo en los cuartelillos a Ana Belén, si es que vuelve a los escenarios para cantar “A veces madre y casi siempre madrastra”, un insulto que mucho antes había acuñado Blas de Otero, que en paz descanse: “Madre y madrastra mía,/España miserable/y hermosa. Si repaso/con los ojos tu ayer, salta la sangre/fratricida, el desdén/idiota ante la ciencia,/el progreso”.
Nuestros poetas, desde luego, se verían gravemente afectados por las sanciones: “Ardiente y andrajosa”, le llamó Luis Cernuda a la España de charanga y pandereta de don Antonio Machado, aquel mal español a los ojos de Fernández, quien sentenciara aquello de: “En España, de diez cabezas, nueve embisten y una piensa”.
La ley de la mordaza, la de la patada en la boca, la que alejará a la indignación de los alrededores de los parlamentos, la que perseguirá al 15-M, a la prostitución y a las botellonas de una misma tacada, prohibirá hablar de la España “odiada, porque envidiada”, de Baltasar Gracián, del “triste país” de Mariana José de Larra, e incluso llevaría hasta el cuartelillo al bueno de Antonio Canovas del Castillo, orgullo y prez del Partido Popular, en el caso de que volviese a repetir aquello de “son españoles los que no pueden ser otra cosa”.
El Gobierno español no sólo pretende recortarnos el presente e impedir el futuro, sino retrotraernos al pasado, desde los salarios a las becas, desde el sistema de salud a la Ley del Aborto. Incluso persigue arrebatarnos una de nuestras principales señas de identidad que estriba precisamente en ofender a la madre patria que nos parió. Ya lo avisó Joaquín Bartrina: “Oyendo hablar a un hombre,/ fácil es acertar donde vio la luz del sol;/ si os alaba a Inglaterra, será inglés;/ si os habla mal de Prusia, es un francés/ y si habla mal de España es español”.
El coronel Amadeo Martínez Inglés está más que acostumbrado a visitar los juzgados por insultos a la corona. Así que no le extrañará que le embarguen la paga si vuelve a decir que “España es una cloaca de corruptos”. Que se tiente la ropa incluso Arturo Pérez Reverte, quien acuñó una de las definiciones más lúcidas y evocadoras de esta nación: “Atormentada piel de toro española, turbia y homicida, cuna de Caín”.
De aquí sólo se librarán los muertos y los extranjeros. Como Simón Bolívar, quien destacó en su día que España es “una nación que sólo ha sobresalido en fiereza, ambición, venganza y envidia”. O Napoleón, que nos definió como “una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas”.
“Lo increíble de España –como dijera Bismarck—es que con una clase política tan inepta todavía exista el país”.
La clase política que ahora nos pastorea cree que España es suya. Pero esa España que no sólo cierra fábricas sino televisiones públicas y bocas libres, la de quienes quieren convertirnos a todos en camareros y desprecia a los funcionarios y a los artistas; la que quisiera censurar las películas pero se conforma con asfixiar al cine; la que arría el nombre de los actores de sus teatros, se engorila contra los gibraltareños y seduce a los turistas británicos; la que engorda a los bancos y adelgaza el Estado; esa a la que no le gusta ni la ley de dependencia ni la independencia de los jueces; la que no cree en la autodeterminación de quienes nos gustaría decidir si somos o si no somos lo que queramos ser; la que escolariza a los crucifijos y suspende a la ciencia, esa España es una mierda.
Si yo hubiera escrito alguna ofensa española pareja a la que acaba usted de leer, en caso de que el anteproyecto de esta nueva ley llegue a buen puerto, tendría una lechera en la puerta para cobrarme cinco millones de las antiguas pesetas. Pero esa España chufla y beata, excluyente y beoda, medieval, caudilla y pejiguera probablemente ignore que la libertad no tiene precio.
España no es un estado
Jaume Grau
Público
En España no existe un estado, al menos uno que responda a los criterios de separación de poderes al uso. En España el estado es la sombra de un figurante sin texto en una obra de mal gusto, con una dirección que recae en una clase extractiva muy voraz que conforma una enorme cédula de mando, a la manera soviética, una nomenklatura política, funcionarial y empresarial heredera del franquismo. La razón de la existencia de una elite tan poderosa sólo se entiende por el singular proceso de nuestra transición política, en un país en que los servicios esenciales han vivido siempre en régimen de monopolio, con empresas públicas o privadas controladas por el poder. Muchos antiguos franquistas, o sus descendientes, se encuentran hoy cómodamente instalados en estas empresas junto a algunas incorporaciones tardías de ex políticos de derecha o de izquierda. Es el mismo proceso que siguió hace dos décadas la Unión Soviética, con la privatización de sus recursos energéticos y industriales, hoy en manos de antiguos dirigentes comunistas. Este gran conglomerado de empresas de servicios, a pesar de estar privatizadas, continúa viviendo en régimen de monopolio, sin competencia, con la clientela secuestrada. Junto a las empresas de servicios, se encuentran las de construcción de obra pública, hoy en horas bajas por unos presupuestos restrictivos, pero aún poderosas y, finalmente, las entidades financieras, presentes en el accionariado de los dos grupos anteriores. Este es el núcleo duro del empresariado español, una familia que para conseguir beneficios no necesita dominar idiomas ni ser competitiva, le basta con la complicidad mafiosa de sus parientes cercanos, políticos, altos funcionarios, periodistas y jueces. Los empresarios de verdad, los que son capaces de crear industrias competitivas, los que exportan y generan riqueza, son una minoría mal vista, sin poder real, pájaros cantores en un aviario de rapaces.
Aquí en España, el estado es una tapadera para medrar, para amedrentar a los díscolos, una maquinaria que lleva siglos cumpliendo parsimoniosamente su función. El estado es sólo un subconjunto de la poderosa elite extractiva, un decorado de columnas dóricas que esconde entre candilejas a la cueva de Alí Babá. Nuestros impresentables dirigentes políticos, miembros de segunda fila de este hampa español, intentan acallar las voces de los ciudadanos que se quejan cubriéndoles la boca con páginas arrancadas de la Constitución, mientras se tapan sus propias vergüenzas con la bandera bicolor. España es para sus ciudadanos, un laberinto sin salida, un proyecto fracasado, una encerrona.
“No somos nacionalistas”
DAMIÀ PONS
ARA
“Los socialistas, no somos nacionalistas”. Primero lo dijo Rubalcaba, en la conferencia política que el PSOE celebró en Madrid hace una semana. Pocos días después, lo repitió Aina Calvo, en la rueda de prensa en la que anunció su voluntad de concurrir a las primarias del PSIB para la elección del candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Baleares en el año 2015. Contrariamente, cuando el presidente Felipe González fue de visita a Estados Unidos, en el año 1983, hizo unas declaraciones en las que caracterizaba a los miembros de su gobierno como unos “jóvenes nacionalistas”. Es evidente que González entonces se ajustó mucho más a la realidad histórica y a los hechos tangibles que ahora Rubalcaba o Calvo.
Todos los partidos políticos, y casi la inmensa mayoría de los ciudadanos, son nacionalistas. Y lo son aunque no se reconozcan o no lo sepan. De maneras diversas y con intensidades diferentes, claro. Ahora bien, es un fenómeno universal, bien teorizado por Michael Billig en su libro ‘Nacionalismo banal’, que los nacionalistas que son poseedores de un Estado, o sea que disponen de los recursos de un Estado propio -soberanía, instituciones y leyes, administración funcionarial, fuerzas armadas y de orden público, presupuestos, medios de comunicación, sectores económicos o ideológicos que cobijan bajo su sombra protectora y favorecedora-, suelen no querer autodenominarse haciendo uso de este término. Ellos simplemente son nacionales. Son lo que se debe ser. Son los normales. Y se consideran, por supuesto, los únicos que tienen el derecho a delimitar el terreno de juego -también en el ámbito de los conceptos- en el que se podrá producir la controversia ideológica y política. Su nacionalismo está tan arraigado y tan generalizado, empapa tan profundamente todas sus actuaciones y todas las células de la vida pública y privada, todo el sistema legislativo e institucional, que ya pertenece a la categoría de los hechos naturales. Por lo tanto, los hechos incuestionables. Los nacionales reservan el nombre de nacionalistas -siempre con una carga despectiva- para los que cuestionan y quieren cambiar el statu quo político y cultural porque no lo consideran nada o suficientemente igualitario, o sea, lo consideran claramente beneficioso para el grupo nacional dominante.
Sí, el PSOE, tanto ahora como en el pasado o en el futuro, es un partido nacionalista. Pero no es nacionalista mallorquín o valenciano o catalán o gallego. No, su nacionalismo es el castellanoespañol, al que para simplificar mencionaremos simplemente como español. Es el nacionalismo que ha construido a lo largo de los últimos trescientos años el único Estado español realmente existente. El que nació como una expansión del Estado español sobre el territorio de otras naciones que igualmente habían nacido en la Edad Media. El que ha concebido y construido un modelo de Estado a semejanza, primero, del centralismo borbónico y, después, de acuerdo con el liberalismo jacobino, ambos de matriz francesa. Es la España castellanizada, centralizada y uniforme de toda la vida. Este es el verdadero proyecto de Estado-nación que han compartido la inmensa mayoría de las ideologías y las organizaciones políticas que han sido operativas en los últimos tres siglos. Y el problema es que no es un proyecto inclusivo: excluye las lenguas, las culturas y las identidades no castellanas, y también los derechos políticos de los ciudadanos de los territorios que se perciben a sí mismos como miembros de una comunidad nacional diferenciada de la castellanoespañola. A estas alturas, también son nacionalistas españoles, y actúan, los que consideran que España es un Estado uninacional, o que es legítimo que el conocimiento del castellano sea un deber para todos los ciudadanos y que, contrariamente, sea ilegal establecer una condición similar para el catalán, el gallego o el vasco dentro de su territorio histórico, o que el castellano tenga el monopolio de uso en las cámaras representativas del Congreso o del Senado y en las instituciones europeas; o que la red del tren de alta velocidad haya sido concebida y ejecutada de acuerdo con los principios de la radialidad y de la centralización y no con base en las necesidades reales de transporte que tenían las zonas económicamente más productivas, o que quieren convertir Madrid en una gran megalópolis que concentre con glotonería el poder político, el económico y el financiero, el mediático y el cultural, o que niegan a la inmensa mayoría de los catalanes el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Todas las ideas o actuaciones antes mencionadas son la expresión doctrinaria del nacionalismo español de siempre. Y el PP y el PSOE, con algunos matices, las han compartidas y las comparten.
Ciertamente, los socialistas del PSOE también son nacionalistas.
