En 1513, hace medio milenio, Maquiavelo escribió El príncipe, el primer gran tratado moderno sobre política. El aniversario ha pasado, pero, casi desapercibido, probablemente porque el político florentino siempre ha tenido mala prensa. La RAE define el maquiavelismo como “política sin escrúpulos” y como “comportamiento artificioso, doble, de mala fe”. En democracia el público pide políticos transparentes y que vayan de frente. Hasta hace poco las escuelas de negocios eran las únicas que se atrevían a vender maquiavelismo en sus cursos de liderazgo. Ahora, con la crisis y el papel poco lucido de la banca y el mundo financiero, prefieren impartir clases de ética corporativa y social a sus MBAs.
En realidad, más que un gurú cualquiera de estrategia política, Maquiavelo fue, con Galileo y Newton, uno de los fundadores del pensamiento moderno. Galileo cambió nuestra visión del lugar de la Tierra en el Universo. Newton transformó la manera de entender las leyes de la física y la mecánica. Por su parte, Maquiavelo puso patas arriba la manera de concebir el comportamiento humano, subrayando el interés personal y la ambición como el motor de los actos del príncipe y sus súbditos y, por tanto, como el único punto de partida apropiado para hacer una ciencia de la política (y, de hecho, de la economía).
Hasta El príncipe, los tratados medievales sobre el arte de gobernar, los llamados ‘espejos de príncipes’, fueron obras de carácter moralizante, dirigidas a estimular y cultivar las virtudes y el buen comportamiento de gobernantes de acuerdo con el ideal del rey cristiano, que debía cuidar a sus súbditos como el pastor vigila su rebaño. Para Maquiavelo, en cambio, la necesidad de escribir cosas útiles exigía “ir directamente a la verdad efectiva y no en concepciones imaginarias” del mundo y partir del hecho de que hay una “distancia extraordinaria entre cómo viven los hombres y cómo deberían vivir”. Este empirismo, que también defendía Leonardo da Vinci, con el que Maquiavelo anduvo (junto con César Borja) por la Romaña durante el otoño de 1502, suponía reconocer que “el deseo de adquirir es algo muy natural y ordinario” y que todo el mundo “aplaude siempre a los que son capaces de obtener lo que quieren”. E implicaba también aceptar que los hombres son en general “desagradecidos, volubles, hipócritas, codiciosos de riquezas y miedosos”. Por ello, escribe Maquiavelo, “un hombre que quiera portarse bien en todo momento terminará en la ruina absoluta entre tantos otros que tienen otros objetivos” y “un príncipe que desee permanecer en el poder debe aprender a no ser bueno”.
Considerando la naturaleza básicamente irredimible del hombre (excepto, imagino yo, en el momento de la muerte y de la confesión última de todas nuestras faltas), la solución para controlar las pasiones humanas y las ambiciones de los políticos no podía ser una república moralizante, de raíz teológica. Savonarola, un fraile dominico que la había impuesto exactamente quince años antes en Florencia después de un proceso constituyente tumultuoso, acabó colgado y quemado en la Plaza de la Señoría entre las iras populares por su radicalismo totalizante.
La única posibilidad de crear un espacio de libertad ante la fuerza del príncipe es, como desarrolló el pensamiento político posterior a Maquiavelo, la de dividir el Estado entre diversos poderes y contraponer las pasiones de los individuos que los controlan hasta neutralizarlos. Este es el genio de la Constitución estadounidense, diseñada para oponerse al ejecutivo con el legislativo (dividido, a su vez, en dos cuartos) y con el poder judicial. Es cierto que una división de este tipo crea tensiones constantes como la que acabamos de experimentar en Washington, pero permite a los ciudadanos vivir bajo un Estado estable (las cosas fundamentales no se pueden cambiar sin el consentimiento de todos), limitado y con poca capacidad de manipular presupuestos y leyes para servir a los intereses particulares de un color político determinado.
La falta de división de poderes es, por el contrario, el problema fundamental de España, gobernado por una especie de dictador electivo. Cada cuatro años se elige un presidente de gobierno que cuenta, excepto en los pocos casos en que no tiene mayoría parlamentaria, con unas Cortes dóciles (con parlamentarios que saben que si se mueven no saldrán en la foto), que puede determinar la composición del Tribunal Constitucional, que coloca familiares y clientes en los órganos reguladores de la economía y la competencia, y que puede hacer y deshacer en materia autonómica sin tropiezos. El espacio de libertad política y económica es irrisorio. Si algo queda se lo debemos a la vigilancia de Europa.
Si Cataluña llega a constituirse como Estado independiente, hay que internalizar las lecciones de Maquiavelo. En uno de sus artículos deliciosos en la revista Mirador sobre un tal faquir Taimú, que se hacía crucificar en público en el Teatro Olympia, Josep Maria de Sagarra escribió en 1933: “Creo que la crueldad humana es exactamente la misma ahora que hace trescientos años”. La soberanía no hará a los catalanes más virtuosos. Simplemente les dará la oportunidad de crear instituciones para controlar sus pasiones de manera más eficaz que en el Estado español y así poder generar un espacio ético y de un cierto civismo en la política. No la dejemos escapar.
ARA
